El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), Eduardo Trujillo, expondrá este jueves 9 de mayo, en el marco del 172 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema: crisis política, la Asamblea Nacional y la justicia en Venezuela, en las audiencias públicas que se realizan en Kingston, Jamaica, desde el 3 al 10 de este mes, en la sede de la Universidad de West Indies.
“Primero vamos a abordar una parte contextual sobre las violaciones de derechos humanos típicas cometidas en Venezuela; cómo eso ha desencadenado una emergencia humanitaria compleja y cómo la sociedad civil –y la propia OEA– han colaborado en presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Luego, vamos a hacer la descripción de lo ocurrido desde el 10 de enero de 2019, con la devenida ilegitimidad de Nicolás Maduro, desde cuando la Asamblea Nacional aprobó una serie de instrumentos legales que llamamos actos preparatorios para la justicia transicional, como son la ley de Amnistía –criticada fuertemente por nosotros– y el Estatuto que rige la transición a la democracia”.
En la audiencia pública, acompañarán a Trujillo los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y de las organizaciones Paz Activa, Bloque Constitucional, Espacio Público, Acceso a La Justicia y la Fundación Pro Bono Venezuela (ProVene).
La aspiración es que el órgano interamericano tenga un rol como colaborador del Estado venezolano, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, en el proceso de estructuración de la justicia transicional. Van a solicitar a la CIDH un monitoreo constante de parte de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia, creada en 2017, convertida en Relatoría en febrero de 2019.
La intervención de Trujillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está prevista para las 12 del mediodía (hora Venezuela) y podrá verse, en línea y en directo, ingresando al portal www.oas.org/cidh (sala B)
“Queremos que la Comisión colabore cuando se dé la transición política y se empiece a estructurar la justicia transicional. Puede ser mediante la constitución de una comisión asesora a la Asamblea Nacional, la sociedad civil y la academia; o que se abra un canal de comunicación directo entre sociedad civil y la CIDH para que podamos sistematizar estándares en materia de justicia transicional que ya han tenido otros países, como Perú o Colombia. Ambas opciones no son excluyentes”.
Trujillo expresó su confianza en que tendrán respuesta al planteamiento y “desde el punto de vista jurídico, será muy interesante esta audiencia de Venezuela, visto que el Estado denunció la carta de la OEA, lapso que se cumplió este el 27 de abril”.
“Aunque nosotros afirmamos la nulidad de la denuncia de la Carta de la OEA y, por ende, sigue teniendo competencia para conocer de casos venezolanos, el representante del gobierno de facto de Maduro, Larry Davoe, indicó que ya no iba a participar. En las sesiones en Jamaica se va a plantear todo un conflicto en la CIDH porque Gustavo Tarre, el embajador de Venezuela en la OEA, que ya ha sido acreditado por el Consejo Permanente como representante del gobierno de Juan Guaidó, posiblemente envíe un agente del Estado”.
El director del CDH UCAB precisa que la justicia transicional descansa sobre cuatro principios fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y las garantías de no repetición de conductas por parte del Estado. Ahora adelantan con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad diseños modélicos de justicia transicional que puedan ser aplicados en Venezuela.
Trujillo recuerda que el CDH UCAB, cuando estuvo dirigido por Ligia Bolívar, decidió abrir en 2017, a raíz de las protestas de calle de ese año, una línea de investigación sobre la justicia transicional.
«La UCAB, en su función de dar luz a la sociedad, decidió tener analizados una serie de supuestos para cuando llegue el momento. Las víctimas merecen una reparación que actualmente la justicia ordinaria no les puede dar. En el CDH nos hemos afianzado como una referencia en este tema en Venezuela y tenemos contacto con expertos internacionales. Hemos hecho eventos en la UCAB y estamos preparando un encuentro con invitados internacionales para hacerlo antes de agosto. Formamos parte de un grupo de trabajo de la sociedad civil enfocado en la institucionalización del Poder Judicial y la justicia transicional. Ahora estamos trabajando en experiencias comparadas. Todo esto es un trabajo para una etapa posterior a la que ya analizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) sobre transiciones políticas en el mundo”.
El abogado destaca la importancia del Estatuto aprobado por la Asamblea Nacional, en particular lo que se desprende de su artículo 18.
“Allí se establece un parámetro genérico, que tendrá que ser desarrollado en leyes especiales, para la estructuración de un sistema de justicia transicional en Venezuela que permita que se restaure a las víctimas”.
Para el jurista, de los estudios comparados se evidencia que el caso venezolano es “atípico” y tiene “elementos diferenciadores”, como la falta absoluta de independencia del Poder Judicial, “que está absolutamente corrompido”.
“Producto de la mala administración y de la ineficiencia del Estado se ha generado una emergencia humanitaria compleja. No hay mayor experiencia en otros países sobre la depauperación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales y que eso haya sido abordado por la justicia transicional. Lo típico que se ha abordado son fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, que son derechos civiles y políticos. Eso es distinto a la disminución masiva del acceso a salud, al agua o al servicio eléctrico, todas cosas que han contribuido a los picos migratorios”.
Aunque Colombia ha desarrollado gran experiencia en la justicia transicional y el CDH UCAB se está nutriendo de ella, Trujillo no cree que ese sea el ejemplo a seguir.
“No solamente por el gasto administrativo que tendría para el Estado, sino que lo podemos solucionar de manera más sencilla, en paralelo con la reinstitucionalización del Poder Judicial. Creo que con hacer una depuración de jueces penales en materia ordinaria y hacer unas modificaciones legislativas, en el marco de una Ley de Justicia Transicional, podemos distribuir a tribunales ordinarios causas de DDHH”.
Recuerda que el Estatuto de Transición prevé la creación de una Comisión de la Verdad. “Hay que definir una cartilla para delimitar el derecho a la verdad. ¿Vamos a abordar los derechos de propiedad?, ¿las ejecuciones extrajudiciales?, ¿la limitación de los derechos económicos, sociales y culturales derivados de la corrupción?”.
Por otra parte, admite que, llegado el momento, la aplicación exitosa de la justicia transicional va a requerir del involucramiento de la sociedad civil organizada y de una campaña oficial.
“Nosotros hicimos un cuadernillo sobre conceptos básicos en materia de justicia transicional, perdón y reconciliación. Lo hicimos con el Bloque Constitucional y Paz Activa, con la finalidad de que el ciudadano común se familiarice con estos conceptos, pero también tiene que haber una política de Estado que se ocupe de que la ciudadanía conozca de qué se trata. Si no, el ciudadano no la va a sentir como propia ni va a hacer uso de ella”.
La intervención de Trujillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está prevista para las 12 del mediodía (hora Venezuela) y podrá verse, en línea y en directo, ingresando al portal www.oas.org/cidh (sala B)
«La UCAB, en su función de dar luz a la sociedad, decidió tener analizados una serie de supuestos para cuando llegue el momento. Las víctimas merecen una reparación que actualmente la justicia ordinaria no les puede dar. En el CDH nos hemos afianzado como una referencia en este tema en Venezuela y tenemos contacto con expertos internacionales. Hemos hecho eventos en la UCAB y estamos preparando un encuentro con invitados internacionales para hacerlo antes de agosto. Formamos parte de un grupo de trabajo de la sociedad civil enfocado en la institucionalización del Poder Judicial y la justicia transicional. Ahora estamos trabajando en experiencias comparadas. Todo esto es un trabajo para una etapa posterior a la que ya analizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) sobre transiciones políticas en el mundo”.
“No solamente por el gasto administrativo que tendría para el Estado, sino que lo podemos solucionar de manera más sencilla, en paralelo con la reinstitucionalización del Poder Judicial. Creo que con hacer una depuración de jueces penales en materia ordinaria y hacer unas modificaciones legislativas, en el marco de una Ley de Justicia Transicional, podemos distribuir a tribunales ordinarios causas de DDHH”.
