Magaly Vásquez González es, desde hace cuatro años, la secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. Experta en Derecho Procesal Penal, ofreció este 16 de mayo una clase abierta para los alumnos del quinto año (último grupo del régimen anual) y para los cursantes del octavo semestre en la Escuela de Derecho de la sede Montalbán, en el marco de la celebración de la semana de esta facultad.
Vásquez quiso compartir las reflexiones jurídicas sobre un tema transversal a la sociedad venezolana, como es el de las detenciones arbitrarias. Como conclusión de la clase, ante unos cincuenta jóvenes, afirmó: “lamentablemente, todos en Venezuela estamos en libertad condicional”.
A propósito de esta clase, El Ucabista conversó con Vásquez, con el fin de conocer sus impresiones sobre la formación de los futuros abogados y la situación del estado de Derecho en Venezuela y el futuro de la administración de justicia en un proceso de transición.
“Estos estudiantes han sido potenciales víctimas o conocen gente víctima de esas detenciones arbitrarias que han participado en movilizaciones y en protestas. Muchos ya están de pasantes en escritorios y en instituciones que trabajan con los derechos humanos y están sensibilizados. Por eso escogimos para la clase abierta este tema, porque si en estos últimos días hemos visto casos como el del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y otros diputados, qué queda para el ciudadano de a pie”.
Como consultora jurídica del desaparecido Congreso de la República de Venezuela, en 1993 Magaly Vásquez debió emitir consejo durante el proceso de antejuicio de mérito del presidente Carlos Andrés Pérez. Recuerda que, entonces, su recomendación fue la de no designar a otro presidente (Ramón J. Velásquez) para terminar el período constitucional, pero no fue atendida por la mayoría de los parlamentarios.
“¿Qué habría pasado si al presidente Pérez lo absuelven o hubiesen sobreseído el proceso antes de que terminara el período? Él tenía derecho a reincorporarse”. Sin embargo, precisa que se cumplieron todas las formalidades prevista en la Constitución para estos casos.
Como profesora de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, como exdirectora de la Escuela de Derecho y exdecana de la Facultad, dice sentirse gratificada por haber visto, desde 2002 al presente, a los egresados de la UCAB ejerciendo la defensa legal de activistas y dirigentes emblemáticos. “Eso ha sido posible gracias a que la gente no ha tirado la toalla con su formación”.
¿Cómo analiza las recientes decisiones del TSJ contra diputados de la Asamblea Nacional, que se suman a otros casos similares?
«Una de mis líneas de investigación por varios años ha sido el procedimiento para enjuiciar a altos funcionarios. Todo esto contraría abiertamente la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y todas las leyes aplicables en la materia. Por eso no se puede hablar de que la Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad a un diputado porque los diputados no pertenecen a ese órgano írrito. Solo le puede allanar la inmunidad a un diputado la Asamblea Nacional. Por eso les decía a los chicos que estemos todos claros que el tema no es jurídico sino político. Jurídicamente, todo lo que se ha hecho está mal, comenzando por un Tribunal Supremo de Justicia que dicta unas decisiones que no podría dictar porque está irregularmente constituido. Pero supongamos que el TSJ fuese legítimo, aun así, los procedimientos se han incumplido. Le toca al fiscal general de la república ejercer la acción, pero tenemos a un fiscal ilegítimo, porque la verdadera fiscal (Luisa Ortega) está fuera del país. Este ciudadano (Tarek William Saab) fue designado por un órgano ilegitimo y no puede ejercer la acción penal, todas sus actuaciones son nulas».
Si llegara a producirse un cambio político, ¿qué pasaría con los detenidos arbitrariamente que se encuentran en las sedes del SEBIN? ¿Cómo sería el proceso para su liberación?
«Uno entiende que mucha gente está allí por razones políticas, pero hay que establecer certezas sobre la situación jurídica de esas personas, sobre todo de cara al futuro. Todo eso no es tan automático, creo que hay que vaciar esas cárceles, pero cumpliendo las formalidades. Los casos de civiles enjuiciados por tribunales militares deben ser anulados, pero lo deben decidir los jueces que son los únicos que pueden determinar la libertad o detención de una persona. Tendrían los jueces, fiscales y el Ministerio Público que revisar la situación procesal de cada uno de los detenidos. Pueden adoptarse sobreseimientos, anulación de los casos, extensiones de la pena cuando corresponda, etc. Yo creo que la gran mayoría de esos procesos tendrían que ser anulados, pero lo debe hacer un juez. Hay personas con prohibición de salida del país, que están en listas de Interpol. Los jueces tendrán que oficiar a las instancias que correspondan cuál es la situación jurídica de esas personas puestas en libertad».
¿En el caso de los funcionarios responsables de privar de libertad de forma ilegítima a centenares de venezolanos, cuál sería el proceso judicial contra ellos?
«Allí hay dos cosas, lastimosamente. Creo que el Estado venezolano va a tener que responder, como Estado, por actos en los que incurrieron estos funcionarios. Hay una responsabilidad personal, individual, pero también hay una responsabilidad del Estado porque ellos están actuando como agentes del Estado. Creo que muchas de estas personas deberían ser investigadas y procesadas por privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, independientemente de otros delitos, como tráfico de influencia y prevaricación. Yo comentaba en la clase una nota de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la juez de Yaracuy que admitió haber recibido instrucciones para detener a 11 adolescentes. Eso ha sucedido en muchas oportunidades. En esos casos sí están identificadas las responsabilidades, quién dio la orden. Todos estos funcionarios deberían ser procesados por prevaricación, por haberse puesto de acuerdo con la otra parte, por abuso de autoridad, por privación ilegítima de libertad. Cuánta gente está detenida todavía teniendo orden de excarcelación dictada por un juez. Allí hay responsabilidades individuales y tendrán los fiscales del Ministerio Público que ejercer las acciones».
¿Sabe si queda en la Fiscalía General el personal apropiado y suficiente para cumplir ese papel de impulsar la justicia cuando se produzca un cambio político?
«Yo he tenido siempre mucha vinculación con la Fiscalía, he tenido mucho alumnos fiscales. Yo di clases en la Escuela Nacional de Fiscales hasta que asumió Tarek William Saab, y uno sabía la valía y las competencias que tenía mucha gente que formaba parte de la institución. Me consta que hay gente competente, honesta. Todavía hay gente que tiene tiempo en la institución y que se resiste a irse a pesar de lo que ha decaído porque creen todavía en esto, por el trabajo que hacen y que son espacios que no se pueden seguir cediendo. Creo que tanto a nivel del Ministerio Público como del Poder Judicial –cada vez menos, es verdad– queda gente que es rescatable y merece mantenerse en las instituciones».
