La emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, la falta de coordinación entre una legislación desordenada y los organismos del Estado que no garantizan los estándares mínimos, sumado a la falta de preparación y corrupción de funcionarios públicos, son factores que están facilitando la operación en el país de las redes de tráfico de personas, que afectan también a niños y adolescentes a los que se les está explotando cada vez a menor edad.
Con el principal propósito de sensibilizar y educar a la población para que esté atenta a la comisión de estos delitos –que dijeron ocurren en locaciones insospechadas–, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello realizaron, este jueves 12 de diciembre, el foro “Dinámicas de trata de personas, especialmente la que victimiza a niños, niñas y adolescentes, en la Gran Caracas y estado Bolívar”.
En el evento se expusieron los datos más relevantes de una investigación coordinada por María Gabriela Cuevas, Carla Serrano, Eumelys Moya y Clavel Rangel, docentes de la UCAB de Caracas y Guayana.
Este trabajo conjunto del IIJ y el CDH, realizado entre 2018 y 2019, forma parte del programa Reto País y les tomó siete meses de investigación de campo.
La directora de la Escuela de Derecho, Milena Liani, al dar la bienvenida a los ponentes y al público asistente al foro, dijo que en 130 países del mundo operan estas redes de delincuencia organizada que afectan a 2,4 millones de personas, pero que la manera cómo actúan, favorecidas por la clandestinidad, impide que sean más visibilizadas. En el caso venezolano, dijo que la situación de necesidad y carencias en la que está sumida la mayor parte de la población la hace más propensa a caer en estas redes, de allí la necesidad de sensibilizar a los funcionarios y auxiliares de la justicia.
Liani dijo que la UCAB siente “orgullo académico” de que se estén abordando estos temas, al mismo tiempo que es doloroso tener que ocuparse de una “realidad tan desgarradora”.
Los expositores del foro coincidieron en que los funcionarios que deben ocuparse de la materia no tienen claro cuáles son los elementos constitutivos del delito de trata de personas, que consta de estas dinámicas: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación, en condiciones de limitación de la libertad de las víctimas.
Es urgente educar y sensibilizar
Además de Carla Serrano y María Gabriela Cuevas, participaron en el foro Selene Soto, abogada senior de Women’s Link Worldwide (teleconferencia) y Desireé Vitale, exfiscal titular del Ministerio Público.
Las expositoras coincidieron en mencionar que las muchas omisiones del Estado, entre ellas la de no dotar oportunamente de identificación a los venezolanos, facilita la comercialización de menores de edad. Asimismo se advirtió que, aun con buena fe y por desconocimiento, muchas personas pueden estar incurriendo en actos tipificados como delitos de trata de personas cuando, por ejemplo, aceptan la colocación o entrega directa de niños en familias que no son las propias, sin cumplir con los trámites regulares.
Carla Serrano dijo que existe una red pública de recepción de denuncias, de la que forma parte la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), pero no hay protocolos comunes, de modo que parte de la tarea pendiente es desarrollar un protocolo único. Además, otra carencia es la falta de cifras confiables, de modo que para la investigación debieron trabajar con las que levantan las ONG y los periodistas.
Refirió que hace veinte años, cuando se incorporó al equipo del IIJ para trabajar con la aplicación de la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNNA), nunca pensó que iba a tener que investigar la trata de menores de edad en Venezuela como delito organizado.
Lamentó que no existe en Venezuela todavía mucha comprensión hacia la investigación académica y tuvieron que enfrentar el temor, lo que dificultó algunas entrevistas. Sin embargo, pudieron tener acceso a funcionarios activos del Estado, así como obtener información sobre los puntos migratorios principales donde estas redes operan, en los estados Zulia y Sucre, así como en Trinidad y Tobago.
Explicó que la investigación la desarrollaron con un enfoque socio-jurídico que identificó todas las fases de la dinámica de la trata de personas, en particular de niños, niñas y adolescentes, en Gran Caracas y estado Bolívar. Entrevistaron a 24 personas: siete representantes de organismos del Estado, ocho representantes de ONG y nueve periodistas. En esta etapa de la investigación no entrevistaron a víctimas de las redes.
Dejaron claro que las personas traficadas no son solo para la explotación sexual, también se les usa para el trabajo esclavo doméstico o en las minas, matrimonios o uniones forzadas, tráfico de órganos y mendicidad.
No hay consentimiento válido
Desirée Vitale señaló que la dificultades económicas hacen que muchas personas se sientan forzadas a dar su consentimiento a quienes actúan como “anzuelos” de estas redes y por eso la existencia creciente del delito de trata de personas en Venezuela no trasciende.
Explicó que la legislación establece que no hay consentimiento válido de una persona para ser explotada y, en el caso de menores de edad, se asume que no tiene facultad alguna para dar su consentimiento. También han tenido conocimiento de raptos con los fines mencionados.
Vitale dijo que existen muchas disposiciones en diferentes leyes que generan problemas de operatividad en el procedimiento judicial, lo que induce a los funcionarios a optar por lo que haga más simple el proceso en lugar de lo que ofrezca un castigo mayor. “La subsidiariedad es lesiva al debido proceso”, precisó la exfiscal.
Indicó que las tres leyes que aplican en Venezuela sobre la materia son: la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
María Gabriela Cuevas dijo que “la comercialización de seres humanos” es la frase que mejor define el problema de la también conocida como “esclavitud moderna”.
Sobre el presunto consentimiento que daría la víctima para, por ejemplo, prostituirse, Cuevas afirmó que siempre el delincuente que capta actúa bajo engaño, sea este total o parcial, y una vez que ha alejado a la víctima de su entorno ejerce los mecanismos de poder y dominación que la someten a ser explotada en condiciones que no se le informaron.
“La captación se adapta al mercado, la víctima no se escoge al azar, responde a la demanda”, comentó Cuevas. Añadió que muchos jóvenes están aceptando incorporarse como captadores de estas redes porque “en un entorno de tanta carencia cualquier cosa que se les ofrezca es un incentivo”.
En las condiciones socioeconómicas existentes en Venezuela, explicó que las mujeres y niñas –también los varones– se ven forzados a aceptar ofertas engañosas de los que captan, pero la legislación establece claramente que una supuesta manifestación de voluntad no tiene ningún valor cuando se trata de un ser humano que es explotado de diversas formas, siendo la sexual la más frecuente.
