Con el patrocinio de la Embajada Británica en Venezuela, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) realizó, el miércoles 19 de febrero, un seminario para presentar el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública en Venezuela”, que contempla el desarrollo de un sistema de reglas fiscales, para el que se requieren reformas legales y administrativas que garanticen el equilibrio presupuestario cuando Venezuela inicie el proceso de transición de retorno a la democracia.
El evento fue encabezado por el economista Luis Zambrano Sequín, investigador del IIES, y contó con la intervención de bienvenida del embajador del Reino Unido en Caracas, Andrew Soper. Los investigadores María Antonia Moreno (IIES) y Jaiber Núñez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UCAB), hicieron exposiciones sobre los alcances técnicos y legales de la propuesta.
Zambrano Sequín invitó a aceptar que el país «no volverá a ser como fue» y que la profunda y prolongada crisis económica afectó de tal forma a la estructura macroeconómica que es difícil saber a cuánto asciende la deuda pública (interna y externa) y que, por lo menos, se requerirá una década para que este peso en el presupuesto deje de condicionar su manejo. Precisó que se estima que la carga actual de la deuda actual representa 76 puntos del PIB, y que una relación por encima de 60 es ya un nivel inmanejable.
Núñez, por su parte, dejó claro que la Constitución vigente permite poner en práctica el paquete de reformas planteado y que, además, el entramado legal da un amplio margen para maniobrar. Debe, además, quedar desterrada la práctica de emitir Decretos-Leyes para manejar la materia fiscal.
El embajador Soper explicó cómo, en el Reino Unido, se fueron aplicando paulatinamente reglas fiscales, desde finales del siglo XX, para hacer más eficiente el gasto público.
En el caso de Venezuela, Soper señaló que se requerirá de apoyo financiero multilateral y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y que para todos estos organismos es clave que el país cuente con finanzas públicas ordenadas y transparentes.
«Venezuela requerirá de un marco institucional sólido para enfrentar sus desafíos, como eliminar la hiperinflación, restructurar la deuda externa y atraer la inversión privada…La crisis requiere de soluciones planteadas en Venezuela, por venezolanos. Con planificación y apoyo, Venezuela podría volver a ser una de las economías más dinámicas del mundo en desarrollo».
Recordó que su país ha colaborado con 58 millones de dólares para la atención de la crisis humanitaria y que el Reino Unido dio su voto favorable en el BID para reconocer a Juan Guaidó como Presidente encargado.
Mencionó que quedan activas en Venezuela una docena de empresas británicas y habrá muchas más cuando se logre desarrollar un entorno adecuado para los negocios.
Los diputados que integran la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, encabezados por su presidente, diputado Alfonso Marquina, estuvieron presentes y mostraron interés en el sistema fiscal propuesto por los expertos de la UCAB.
Normas claras y mucha disciplina
Entre los cambios planteados está la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal y la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, para limitar el gasto discrecional, establecer la política de crédito público, crear un fondo de estabilización fiscal, y establecer los principios que obligarán al Poder Ejecutivo a mantener una política fiscal responsable, y al Poder Legislativo a cumplir su función contralora, entre otros aspectos.
Además, se incorporan, como innovación, las «cláusulas de escape», que permiten suspender, de forma temporal y por circunstancias sobrevenidas (por ejemplo, un desastre natural), la aplicación de las reglas fiscales, aunque el gobierno tendrá que indicar cómo y cuándo las retomará.
También, se propone crear el Consejo Fiscal Independiente (CFI), un organismo integrado por técnicos y especialistas de gran prestigio nacional, que haga una revisión rigurosa de las metas presupuestarias, monetarias y fiscales, cuya opinión será de obligatoria consideración por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque no vinculante para la toma de decisiones, en atención a la preservación del principio democrático.
Uno de los objetivos que persigue el plan de reformas elaborado por el IIES-UCAB es crear en los venezolanos “cultura fiscal”, señaló la profesora Moreno, quien destacó la importancia de que los miembros del CFI sean muy rigurosos y con una alta capacidad técnica.
El plan implica la publicación periódica de todas las cifras de la política fiscal, lo que redundará en el desarrollo del control ciudadano y la creación paulatina de una cultura fiscal en la población.
El diputado Alfonso Marquina valoró muy favorablemente la cooperación entre los talentos que se concentran en la Academia y los Poderes Públicos para el diseño de un país distinto.
“Hoy tenemos en Venezuela un desastre fiscal, pero entendemos que adaptar la Venezuela que viene a las normas que teníamos antes es inviable. Ya no tenemos la Venezuela de antes, entonces, hay que ir pensando en unas reformas fiscales que nos permitan salir y cuál es la Venezuela que queremos construir”.
Consideró que el Consejo Fiscal Independiente “es una versión mejorada de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera que tuvimos en la Asamblea Nacional, pero dándole un rango legal. El carácter vinculante que se le da a tener en cuenta su opinión estaría creando una sanción moral para el que esté mañana gobernando. Aunque la decisión final la tomará el que gobierne, habrá un Consejo que recomendará qué hacer. Estos son mecanismos que van a mejorar el desempeño fiscal de los próximos gobiernos en Venezuela y por eso la Comisión de Finanzas los estimula y los acompaña”.
Solución hecha en casa
El profesor Luis Zambrano Sequín, quien fue subdirector (fundador) de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional y es Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales, retomó una idea expuesta por el embajador Andrew Soper, sobre el diseño de un plan marco propio para los ajustes que vendrán.
“Si no lo proponemos nosotros, nos lo van a imponer desde afuera. Es mejor que lo llevemos nosotros, pero nada de esto se logra sin un amplio respaldo político y social”.
Señaló que debido a la hiperinflación, la dolarización –a su juicio difícil de revertir– y la informalización económica, Venezuela demanda “cambios trascendentales”, que incluyen revisar si el Estado debe seguir, o no, operando PDVSA y la creación de un Fondo de Estabilización Fiscal para ahorrar, lo que implica “un cambio de mentalidad y cultura”.
Zambrano Sequín expuso a los parlamentarios y otros invitados los cuadros del modelo, que fue previamente sometido a debate entre el equipo mixto de investigadores del IIES y IIJ de la UCAB. Las proyecciones, hasta 2026, se basan “en la mejor información que tenemos sobre la evolución del precio petrolero, la producción petrolera y los aportes fiscales”.
“Hicimos un escenario sobre lo que podrían ser los aportes del gobierno central a los fondos de seguridad social y mantuvimos los preceptos constitucionales que tienen que ver con la redistribución de los ingresos fiscales ordinarios entre el Gobierno central y los gobiernos regionales”.
A eso, el modelo sumó el impacto de variables exógenas, como las condiciones que impongan los órganos multilaterales y el precio del petróleo, explicó Zambrano. Dijo que el modelo probó que es posible “llegar desde el desastre a tener una situación manejable al final de un programa de ajustes”.
Explicó que, bajo la idea genérica de reglas fiscales, se encuentran, entre otros aspectos, el balance presupuestario, deuda pública, regla de gasto, regla de ingreso. Citó experiencias de 14 países de América Latina que han adoptado la disciplina de las RF con resultados positivos.
Insistió en que son las reglas fiscales las que indicarán a los planificadores cómo manejarán los distintos componentes que competen al Ministerio de Finanzas y al Banco Central.
Mencionó el investigador del IIES, entre los beneficios de la aplicación de estas normas, el aumento de la disciplina fiscal, reducción de la volatilidad, mitigación de los problemas en el manejo de recursos comunes, reducción de la inconsistencia temporal y mejora de la transparencia fiscal.
Sobre la desigualdad distributiva que se estableció en Venezuela, indicó que es del tipo social e intergeneracional, pues la pérdida del grueso de la población económicamente activa implicará un problema para el sostenimiento de niños y ancianos; a lo que se suma la desigualdad especial y territorial.
Bajo la hipótesis de un plan de recuperación que sería aplicado en los próximos seis años, el equipo de investigadores que diseñó la propuesta, reserva un 14% de ingresos para responder a asignaciones legales, como el Situado Constitucional y Seguridad Social (gasto no discrecional) y limita el gasto discrecional a 12,6% del total presupuestado.
Según las proyecciones, los especialistas descartan que se pueda producir un “rebote” económico sostenido, dado el daño ocasionado al PIB potencial y la necesidad de recuperar la infraestructura y el personal, dada la enorme pérdida de capital humano.
“Para lo que tendremos que hacer, poco nos servirá el pasado”, dijo el profesor Zambrano, al invitar a pensar en detalle el plan propuesto, con el criterio real de que la economía venezolana no crecerá sostenidamente 10% del PIB.
“Hicimos un escenario sobre lo que podrían ser los aportes del gobierno central a los fondos de seguridad social y mantuvimos los preceptos constitucionales que tienen que ver con la redistribución de los ingresos fiscales ordinarios entre el Gobierno central y los gobiernos regionales”.
