Luis Ugalde
Cuarentena, encierro y control
Tengo la impresión de que el gobierno ha manejado con decisión, firmeza y éxito esta primera etapa contra la pandemia. La dictadura desempeña con más eficacia y autosatisfacción el control armado. La población, consciente de la gravedad, ha acatado con resignada compresión.
Por otra parte, son innegables los abusos y corrupciones en torno a la escasez de la gasolina, con el empeño de controlar totalmente la información, la opinión y la mentira para que la voz del gobierno sea la única verdad; así como atropellar para ocultar datos, silenciar informaciones sanitarias y presumir de éxito mundial en el manejo del COVID-19. Afortunadamente, parece que el confinamiento y el control han frenado, por ahora, mayores males sanitarios, pues sigue su amenaza.
Producimos o morimos
Pero esas mismas medidas oportunas tienen otra cara dramática e insostenible en el tiempo: miles de empresas cerradas, millones de trabajadores parados, encerrados con sus familias, sin producir, sin ganar y sin comida, y con todo el sistema educativo cerrado. Aguantar así 20 días es heroico, pero 40 o 90 se vuelven imposibles para los que necesitan el ingreso diario, para las empresas y para el país. En cierto sentido, lo que es bueno para frenar el virus es terrible para acabar de matar la enferma economía nacional y llevar hambre a millones de familias.
En nuestro caso, todo se agrava porque el COVID-19 nos llegó bajo una tremenda crisis productiva, sin luz, sin agua, con un sistema sanitario en agonía, sin gasolina… Sin gasolina no hay producción agrícola, ni transporte de alimentos, lo que es fatal para productores, consumidores, transportistas y comerciantes. Esta falta no se debe al virus, sino a la errada y corrupta gestión que ha llevado a la producción petrolera al desastre, los campos petroleros al abandono, PDVSA a la ruina y ha apagado las refinerías venezolanas. En las bombas preferían regalar 40 litros de gasolina que cobrar un despreciable billete de Bs. 100. Todo ello por incapacidad y corrupción propias del régimen, mucho antes de las sanciones norteamericanas.
El tema de la gasolina no se resuelve reforzando el control en las colas; una nueva política y experta gerencia son necesarias para producir petróleo y gas, poner a valer nuestras refinerías y vender a precio rentable la gasolina en el país. Esto tan simple de entender y desear debe ser el punto de partida de los venezolanos bajo un acuerdo político realista. Agrade o no, el rescate de todo el proceso petrolero requiere de miles de millones de dólares, que no los tiene el Estado endeudado, y que, por tanto, tienen que ser capitales privados nacionales y extranjeros, que no aparecerán con su capacidad de inversión, tecnología y gerencia, si no hay ganancia, garantías jurídicas ni respaldo de un Estado y un Gobierno con un enfoque económico y político muy contrarios a la ruinosa aventura que Maduro se empeña en mantener.
Lo que decimos de la gasolina vale para todas las demás áreas que van desde la salud, producción de bienes y servicios, educación o servicios públicos básicos… Las soluciones tienen que ser concretas, creativas y urgentes con un país movilizado y unido. Ahora como nunca estorban los dogmas políticos ideologizados.
Urge un gobierno amigable, capaz de inspirar, escuchar y convocar con sinceridad a las organizaciones de la sociedad civil, a los diversos partidos hoy perseguidos, a los trabajadores y empresarios claves en la necesaria transformación productiva. Amigable, también, internacionalmente con los gobiernos y organismos cuya buena relación y colaboración necesitamos. La dictadura actual es hostil a todos ellos y por eso es el mayor obstáculo para la necesaria activación creativa y solidaria de toda la sociedad. Como dictadura puede controlar, imponer y perseguir, pero no puede convocar y movilizar a la sociedad entera en torno a un Gran Acuerdo de Emergencia Nacional. Por eso es urgente la renuncia de Maduro y un cambio a fondo del desastroso proceso que el régimen ha sido incapaz de evaluar con sinceridad y de cambiar.
No es separable la lucha contra la pandemia del conjunto de la política económico–social. Ni los países más prósperos pueden vencerla, sin acuerdos que incluyan el apoyo de toda la población, para poner en práctica urgentes y extremas medidas contra la gravísima crisis socioeconómica que afecta a decenas de millones de empleos y centenares de millones de pobres.
Además, en el caso de Venezuela no hay respuesta posible duradera y eficaz sin un fuerte apoyo político, económico, social y sanitario internacional. Nada de esto tan necesario será posible sin un cambio de régimen y restablecimiento de la Constitución violada y de la democracia, sin perseguidos ni presos políticos con plena libertad y sin sanciones internacionales. Por eso, la vida de los venezolanos exige la renuncia presidencial para la transición inclusiva con un Gobierno de Emergencia Nacional, integrado por cinco personas capaces, confiables y representativas.
Sin eso no podrán llegar ni las ayudas humanitarias, ni el necesario levantamiento de las sanciones, ni las inversiones. La vida de millones de venezolanos está amenazada y hay que concentrar toda la política (sin descuidar la organización de elecciones presidenciales libres y con garantías) en esta transición muy exigente para todos: para los políticos del gobierno y de la oposición, para los empresarios, y para todos los integrantes de la sociedad civil. Sin ese encuentro solidario de la Sociedad con creatividad inédita, está garantizado el fracaso del país.
La sociedad venezolana y su tragedia actual deben liberar el Estado del sector político que lo secuestró con promesas de vida y lo llevó a resultados de muerte. Es indispensable que el gobierno de transición incluya a chavistas honestos produciendo soluciones y con la única obsesión de sacar a flote el barco del país.
♦Foto: El Pitazo
