A raíz del cese de operaciones de DirecTV en Venezuela, anunciado el pasado 19 de mayo por la empresa matriz, AT&T, más de 10 millones de personas de todos los estratos sociales se quedaron sin servicio televisivo y, como consecuencia, sin acceso a la información y el entretenimiento que se ofrecía a través de esta plataforma.
Hasta 2019, DirecTV no solo era el proveedor de televisión por suscripción más grande, sino que cubría 45,32% del mercado, según datos suministrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Aunque, en total, tenía alrededor de 2 millones de suscriptores, se calcula que, por casa, al menos cinco personas eran usuarios.
Para el periodista Andrés Cañizalez, fundador de la asociación civil Medianálisis y actual candidato a relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el hecho no solo significa la salida del mercado del operador más grande de TV paga de Venezuela, sino que representa una restricción a varios derechos humanos como los de libre expresión, información y ocio, lo cual afecta a los ciudadanos y a los periodistas en el ejercicio de su profesión.
“El tema de DirecTV es una restricción a varios derechos. Hay que poner de relieve el
derecho a la libertad de expresión e información, el cual incluye el derecho que tienen ciudadanos y periodistas a expresarse libremente y el derecho de la sociedad a estar informada; libre información, que sale bastante menoscabado porque millones de personas en Venezuela pierden la posibilidad de acceder a información distinta a la que les provee el gobierno y el derecho al entretenimiento, que aparte de ser un derecho humano cobra mayor vigencia porque estamos en un momento donde se le está diciendo a la gente permanezca en sus hogares”, indicó.
Una nueva realidad
Cañizalez explica que, a diferencia de países como Argentina, en Venezuela la penetración del cableado de fibra óptica no alcanza a todos los sectores, por lo que la llegada de DirecTV en 1996 cambió la forma de ver la TV en el territorio nacional. Al funcionar a través de satélite, era posible que habitantes de zonas populares o apartadas del país contaran con el servicio a un precio moderado (menos de 1 dólar según el cambio oficial) y a través de la modalidad prepago, es decir, sin el uso de tarjetas de crédito.
“En el caso de Venezuela nunca se logró, entre otras razones por la deficiencia de la política estatal, cablear los barrios ni las zonas apartadas y la solución para poder tener televisión terminó siendo el servicio satelital de DirecTV. Esto implicó una revolución importante para muchas personas que, sin tener dinero, podían acceder al servicio. Además, DirecTV introdujo la televisión prepago, que también es una novedad importante, porque le permitió a la gente sin tarjeta de crédito, subscribirse a un servicio con estándares internacionales”, afirmó el periodista.
En este sentido, aunque la empresa contaba con suscriptores de todos los estratos socioeconómicos, son las personas de bajos recursos las que sufren en mayor medida la salida de la filial de AT&T.
Desempleo y derechos económicos
Además de despojar a un tercio de la población del servicio televisivo, la suspensión de operaciones de DirecTV también dejó sin trabajo a 700 personas, que formaban parte de la nómina y fueron liquidadas el pasado 19 de mayo, así como otros comerciantes o empleados indirectos quedaron sin rumbo claro.
“Los trabajadores pierden el trabajo en medio de un panorama bastante crítico sobre el tema laboral por el contexto del coronavirus. Además, las personas que se encargaban de comercializar DirecTV y apuntar las antenas, que son empleos indirectos, también se ven afectadas. En cuanto a los suscriptores, la mayoría de la gente firma un contrato y paga un servicio. Ese servicio se ha cortado de forma unilateral y abrupta, con lo cual también se ven menoscabados sus derechos comerciales”, argumentó el doctor en Ciencia Política.
Incomunicación en tiempos de pandemia
Para el profesor de la UCAB, el hecho de que esto ocurra en un contexto de pandemia mundial, es un agravante que, además, imposibilita la sustitución del servicio por uno similar, lo que puede generar problemas de convivencia.
“En una situación en la cual la gente está obligada a estar en su casa por la pandemia, las opciones de entretenimiento en Venezuela son prácticamente nulas. El internet suele ser la vía de escape pero, en Venezuela, entre los cortes eléctricos y las fallas propias del internet esto no es posible. Estamos hablando de 10 millones de personas que no pueden salir y que, en el corto plazo, no pueden contratar a una empresa sustituta para ese servicio. Además, el ciudadano tampoco encuentra opciones de entretenimiento o información en los canales del Estado, que no cumplen una función pública sino propagandística”, declaró.




