La respuesta a las necesidades de la población migrante y refugiada en el marco del COVID-19 ha sido insuficiente e inadecuada en materia de alimentación, salud, transferencias monetarias, vivienda y protección de la condición migratoria. Así lo revela un sondeo realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, entre organizaciones que brindan apoyo a la población venezolana en 16 países.

“Las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela son parte de un sector especialmente vulnerable en el marco del COVID-19, por lo que requieren mayor atención durante la emergencia”, afirmó Ligia Bolívar, coordinadora del estudio, quien agregó que, en la mayoría de los casos, la respuesta de los Estados no ha estado a la altura de las circunstancias.

El estudio destaca la poca cantidad de mecanismos de respuesta impulsados directamente por iniciativa de los Estados. Salvo en el área de la condición migratoria que, por la naturaleza de la materia, las decisiones corresponden exclusivamente al Estado, en el resto de las áreas los países, en el mejor de los casos, han dictado directrices e impulsado algunas iniciativas, pero dejando buena parte de la responsabilidad de ejecución en manos de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales están operando con fondos de la cooperación internacional.

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En materia alimentaria, el sondeo revela que los niños han sido los más afectados ya que, al haberse suspendido la actividad escolar presencial, no cuentan con lo que podría ser su única comida diaria, a través de los programas de alimentación escolar.

En lo que respecta a la vivienda, los gobiernos tardaron en dictar medidas que prohibieran desalojos, lo que provocó que una cantidad considerable de familias quedaran en la calle al no poder cumplir con los arriendos, planteándose el regreso a Venezuela como única opción.

Por otra parte, aunque la mayoría de los países han dictado disposiciones que contemplan la atención de los extranjeros, independientemente de su condición migratoria, el etiquetamiento que se ha hecho de migrantes y refugiados como portadores del virus, genera mayor xenofobia y los inhibe de acudir a los centros de diagnóstico.

El sondeo encontró muy pocas iniciativas para aliviar las necesidades de migrantes y refugiados a través de transferencias monetarias y, donde las hay, son aplicadas de manera discrecional.

Finalmente, se destaca la falta de información sobre los programas de apoyo y los mecanismos para acceder a ellos, por lo que el estudio formula diversas recomendaciones para asegurar el acceso de migrantes y refugiados a los programas existentes, así como para enfrentar la discriminación contra este sector de la población.

El informe puede ser consultado en: http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/recursos/Informe%20respuestas%20MyR%20COVID%20FIN.pdf

♦Nota de prensa CDH UCAB/Foto: https://news.un.org/