El retorno es un derecho humano consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales que obligan a las autoridades del gobierno de Venezuela a garantizarlo. En consecuencia, ningún venezolano puede ser impedido de ingresar a su país ni judicializado por hacerlo.
Bajo esta premisa, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en alianza con Radio Fe y Alegría Noticias, presentó este 6 de agosto un informe que expone la situación que están enfrentando las personas que regresan a Venezuela en medio de la emergencia generada por la pandemia de COVID-19 y la vulneración a sus derechos, así como los procesos de estigmatización y criminalización a que han sido sometidas, a causa de una respuesta punitiva por parte de funcionarios de Venezuela.
La publicación, titulada “El espejismo del retorno: violaciones a los derechos de quienes regresan a Venezuela”,brinda información sobre el retorno como derecho humano y las razones por las cuales algunos venezolanos están regresando al país, así como sus expectativas al regresar, ilusiones que van estrellándose contra una dura realidad llena de obstáculos para reingresar a su patria.
Entre otras cosas, evidencia cómo los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI), instalados por el Gobierno en las localidades fronterizas, son un anticipo de la Venezuela que recibirá a los retornados, pues en ellos no hay agua, los alimentos son escasos o están en malas condiciones, no hay asistencia médica, se rigen por censura y amenazas e impera la corrupción.
Además, recuerda que, según el Ministerio del Poder Popular para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE), al 30 de abril, de 21.243 retornados, solo 13 dieron positivo (0,06%), lo que evidencia que el contagio es comunitario y no se justifica culpar a quienes regresan, estigmatizándolos como “armas biológicas”, descalificándolos como “trocheros” y pretendiendo criminalizarlos como “bioterroristas”.
Por último, el reporte advierte sobre el comienzo de un fenómeno de reflujo, que consiste en una nueva salida de Venezuela, para concluir con un cuerpo de reflexiones sobre los derechos de los retornados y las perspectivas de la movilidad humana venezolana en el contexto post COVID-19.
Toda la información presentada se basa en datos y reportes oficiales, vivencias de trabajadores humanitarios y testimonios de retornados, recogidos entre abril y julio de 2020 en las rutas de regreso desde Colombia y Brasil.
«En abril de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reafirmó que ‘en virtud del Derecho Internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia’. También agregó que cuando las personas deciden regresar a su país ‘los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos’ Esta obligación se mantiene vigente aún si se hubiese declarado una emergencia y suspendido las garantías de algunos derechos, debido a que se trata de un retorno no voluntario, sino forzado por circunstancias ajenas a la voluntad que quienes regresan, por lo que deben prevalecer las consideraciones de carácter humanitario», apunta el documento en una de sus páginas.
“El espejismo del retorno: violaciones a los derechos de quienes regresan a Venezuela” busca llamar la atención de las autoridades gubernamentales, las organizaciones sociales, las Iglesias y de toda la sociedad civil venezolana para no descuidar la ruta de la acogida, de la tolerancia, del respeto y de la dignidad de estos connacionales.
