¿Qué implica el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela?
El Ucabista
El pasado miércoles 16 de septiembre de 2020, la Misión internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, dio una rueda de prensa y publicó un portentoso informe, en el que agrupa sus conclusiones sobre el mandato que le otorgara el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) un año atrás, a efectos de que investigara sobre a) ejecuciones extrajudiciales, b) desapariciones forzadas, c) detenciones arbitrarias y d) torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos en Venezuela desde el año 2014.
Debo precisar que el mandato de esta Misión, creada por el CDH, surgió de la presión de organizaciones de la sociedad civil venezolana y organizaciones internacionales que trabajan sobre Venezuela, las cuales sugirieron a los Estados miembros del Consejo, se planteara este mecanismo de supervisión y documentación especializada sobre violaciones de derechos humanos, respecto del Estado venezolano.
Sobre Naciones Unidas abundan las críticas, pero lo cierto es que en ese multilateral se maneja el sistema internacional de protección de derechos humanos más importante del mundo. Venezuela, en los últimos años, ha sido un país muy nombrado en las sesiones del CDH, en los procedimientos especiales, en las agencias y oficinas de Naciones Unidas relacionadas con derechos humanos. La razón de ello no es otra que la agravada crisis de respeto y garantía de derechos fundamentales que atraviesa el país desde hace décadas y que se ha exacerbado, en los últimos 10 años, de una forma trepidante.
Este informe se generó en un contexto en el que el Estado venezolano no permitió el ingreso de la Misión a Venezuela, ni envió información para contrastar los relatos de las víctimas y perpetradores, lo que muestra la falta de voluntad de cooperación con este organismo y el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Carta de la ONU.
El texto publicado por la Misión es el más importante documento emitido en los últimos años por una dependencia de Naciones Unidas; en él se relatan violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales en Venezuela. Su redacción es sólida y presenta de manera objetiva sucesos públicos y notorios de la vida nacional, con criterio técnico y sin tomar partido. Es realmente un documento muy útil para tener una composición de orden de la realidad de derechos humanos del país, aun teniendo en cuenta las limitaciones temáticas y temporales del mandato.
La Misión explica en el texto que investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron incluidos con detalles precisos en el informe. Revisar el contenido de las líneas en las que se describen los casos es desolador, por el injusto proceder del Estado, en sus acciones y omisiones, por el quebrantamiento de la ley y por la impunidad generada en perjuicio de las víctimas. Invito a que seleccionen solo tres casos al azar del informe y los lean para que tengan una muestra de realidad y sufrimiento humano ¨hecho en Venezuela¨.
Muchas cosas se pueden decir del informe, pero desde una óptica de defensor de derechos humanos, resalto las siguientes:
Los patrones de violación de derechos humanos que ha identificado la Misión en torno a los temas investigados demuestran que las actuaciones lesivas de derechos humanos en Venezuela no son casuales, sino que son estructuradas y permisadas por acción y omisión desde los más altos funcionarios del Estado.
El sufrimiento de las víctimas es inconmensurable y lamentablemente lleva consigo el lastre de la imposibilidad de obtener justicia en el país, desmantelado y capturado institucionalmente.
En cuanto al manejo de expectativas de este documento, debe hacerse una precisión técnica: este texto ha sido preparado bajo un estándar de prueba que ha hecho concluir a la Misión que “hay motivos razonables para creer” que altos funcionarios venezolanos han cometido y facilitado la comisión de crímenes internacionales y han violado derechos humanos. Ese estándar de prueba implica que este informe y las actividades de la Misión no son un juicio que implique responsabilidades penales directas a los allí señalados, pero es el elemento más contundente y serio que ha llevado a cabo un multilateral, para sentar un precedente sobre violaciones a derechos humanos cometidas en Venezuela, que puedan ser susceptibles de actos de juzgamiento por la Corte Penal Internacional o por cualquier otro Estado, atendiendo al principio de la justicia universal.
De manera infausta los caminos de la justicia son escabrosos, pero son los que en amparo de la legalidad nos toca transitar. Los hechos narrados en el informe son oprobiosos y representan la oscuridad fáctica que abraza a Venezuela; sin embargo, los nichos de resistencia, que tienen como valores superiores de la nación el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, seguirán reproduciéndose para intentar tener una sociedad más justa y con verdadera igualdad ante la ley.
Repito, el informe de la Misión es sólido y, con el apoyo de otros Estados, deseamos que el CDH renueve el mandato de esta Misión especial para que siga en su proceso de documentación de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en Venezuela. El camino por andar sigue siendo largo, pero hay energías para andarlo.
Las historias detrás de cada caso relatado en ese informe tienen a dos protagonistas: las víctimas con su coraje en su interminable lucha por una justicia reparadora y la sociedad civil organizada venezolana, núcleo nacional del diálogo, tolerancia y diversidad, que en el tiempo, estimo, forzará el tránsito hacia una sociedad razonable, en donde la igualdad ante la ley, la garantía y el respeto por los derechos humanos, sean su tesoro más sagrado y mejor defendido.
♦Eduardo Trujillo Ariza. Director del Centro de Derechos Humanos UCAB
