Para el director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, las acciones gubernamentales sobre el desarrollo sostenible estarán condenadas al fracaso si son movidas por prejuicios y visiones extremas sobre el papel del Estado, la empresa privada y la sociedad civil
Somos testigos de cómo las posturas más radicales, tanto de lo que conocemos como izquierda o derecha en términos políticos, han ganado un importante volumen, no solo en número de adeptos sino también en estridencia.
Aquellos que pensábamos que las evidencias y la ciencia terminarían por imponerse y que constituirían elementos fundamentales para orientar las políticas públicas, parece que nos equivocamos de plano, porque continuamente vemos cómo el elemento ideológico -necesario, pero no suficiente- orienta hacia uno de los dos extremos del espectro político las grandes decisiones del Estado en esta materia, con resultados previsiblemente malos y muchas veces catastróficos.
La gobernanza ambiental no escapa al extremismo y la polarización. Los radicalismos de derecha como los de izquierda tienen posturas sobre el ambiente claramente definidas, muchas basadas en mitos o en hechos ya superados en algunas partes del mundo.
En el inventario de prejuicios que colecciona la izquierda radical está, por ejemplo, el tema del “capitalismo depredador” y sus siempre “malévolos” agentes, conocidos como “las compañías” o “corporaciones”, suerte de entelequia barbará que destruye todo a su alrededor. Las políticas públicas que frecuentemente se asoman detrás de este prejuicio casi siempre imponen restricciones tan importantes a las actividades que emprenden las empresas, que desestimulan inversiones necesarias para el crecimiento y, además, desconocen los aportes que el sector privado hace y puede hacer en favor del desarrollo sostenible y la causa medioambiental. Además, en no pocas ocasiones -y como sucede en nuestro país y en otras autocracias- el Estado asume actividades que deben estar en manos de empresas privadas y lo hace sin control o contrapeso institucional, por lo que los resultados ambientales resultan nefastos.
En la extrema derecha los prejuicios no son menores porque, desde allí, se asegura que el ambientalismo y la preocupación por el desarrollo sostenible “es cosa de la izquierda”, con lo cual se desconoce la importancia de atender la crisis ambiental mundial y se busca bajarle el tono a lo ambiental en cualquier política pública. También este radicalismo se queja con frecuencia de los controles y la supervisión ambiental de las actividades económicas, lo cual califica como “frenos al desarrollo”.
La polarización que percibimos y catalogamos como de «alto volumen» domina hoy el escenario mundial. En este contexto, los mitos y prejuicios de ambos extremos se retroalimentan; así, cuando una política ambiental de un lado previsiblemente falla, justifica el prejuicio del extremo contrario, por lo que si la situación política cambia, las decisiones tomadas desde el Estado muy probablemente revierten las anteriores, toman una ruta completamente diferente y, seguramente, fracasarán.
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La crisis ambiental mundial demanda acciones concertadas entre todos los sectores y exige la participación de todos los países y de la humanidad en general. Venezuela está sumida en una terrible emergencia multidimensional, lo ambiental ha sido abandonado y esto contribuye de manera importante con el deterioro de la calidad de vida de la gente. Como respuesta a esta crisis, una parte significativa del capital humano se aboca a pensar y promover iniciativas que, comenzando con lo social y económico, buscan orientar al país por la senda de la recuperación.
Sin embargo, es prioritario también actuar sobre el manejo responsable de los recursos naturales. Por ello, debe acometerse con la urgencia debida el diseño de políticas e iniciativas que fortalezcan la gobernanza ambiental y las instituciones con responsabilidad de ordenar, gestionar, supervisar y promover lo concerniente a este tema. Esto debe hacerse sin complejos y sin prejuicios, reconociendo y valorando las mejores evidencias y lo que aconseja la ciencia, porque lo que está en juego es la sostenibilidad del país, no solo en lo ecológico, sino en todas sus dimensiones. Este paso es fundamental, debe enmarcar y abarcar de manera amplia y completa el abanico de propuestas e iniciativas de actividades económicas que ya empiezan a promoverse, y la gobernanza ambiental debe ser sólida sin paralizar y diversa sin aflojar en su cometido.
*Foto: https://www.elagoradiario.com/
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