La violación de los derechos de expresión y comunicación como parte de la estrategia de control político del gobierno de Nicolás Maduro es el tema que aborda el docente, investigador y director de publicaciones de la UCAB, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa
I
Llevamos ya en el terreno de las comunicaciones veintidós años repitiendo la misma idea, el mismo leitmotiv. El planteamiento central ante la libertad de expresión y el derecho a la comunicación/información tiene que ver con la consideración de la democracia como sistema político que implica pluralidad, diversidad ideológica y amplio espacio de libertades siempre que se respeten las leyes y normas emanadas desde el Estado como ente que representa a la sociedad en su conjunto, sin distingos de raza, religión y creencias ideológicas.
Desde esa formulación hemos venido repitiendo ante la opinión pública y el poder –sea este de la naturaleza que sea– que la libertad de comunicación, la libertad de expresión y, por consiguiente, el derecho a la comunicación e información, son connaturales a la propia democracia. Es decir, la democracia no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental.
Esos planteamientos los hemos venido esgrimiendo no solo desde nuestras cátedras universitarias, también a través de nuestros escritos y cada vez que el Gobierno o los gobiernos que nos hemos dado en el tiempo arremeten contra los medios y sus profesionales, limitando el derecho de los ciudadanos a recibir información precisa y veraz.
Lo que hemos vivido en estos últimos años del actual proceso político es lo que el historiador Germán Carrera Damas ha llamado “la demolición de la república”. Es decir, el objetivo político ha sido, sigue siendo, acabar por todos los medios posibles –ya sean jurídicos o de fuerza– con la idea del Ágora griega. Porque la república es una forma de gobierno y Ágora es el foro para dirimir e intercambiar ideas de manera libre y abierta. Aquí nace la democracia como forma de gobierno y de organización social que se visibiliza, entre otros elementos, por la mediación que establece la libertad de expresión y asociación. Especialistas en el tema de política-poder-democracia nos apuntan que “la democracia se ha convertido en la idea, y aparentemente la única idea, capaz de garantizar el legítimo ejercicio del poder político de finales del siglo XX” (John B. Thompson).
De ahí se desprende que las instituciones mediáticas tienen un rol clave, fundamental, en el desarrollo de la democracia. Son los medios y sus profesionales los que hacen visibles las decisiones de gobierno para el beneficio de la ciudadanía y de la sociedad en general. O, por el contrario, también pueden transparentar aquellas políticas que atentan contra la misma idea y realidad de democracia, contra la sociedad, el pluralismo y la diversidad. La única forma de hacer realidad esa argumentación es dándole al ciudadano información, distintos puntos de vista y, por ende, lo que se concibe como interacción mediática, pues en nuestros días el escenario privilegiado para el debate público es el de la comunicación mediática. Con razón hoy se habla de una “ciudadanía mediática”.
II
A lo largo de todos estos años la libertad de expresión, la información, comunicación, medios y periodismo/periodistas, se han convertido en palabras claves para el discurso del régimen. Esas palabras, esos conceptos, como nos plantea el francés Edgar Morin, son más que ideas claves. Llegan a ser, por tanto, poseedoras de la realidad y se convierten en hiperreales. Así se puede comprender cómo el proceso político que gobierna y somete al país se ha dado a la tarea de desmontar, de asaltar al sistema comunicativo que nos era conocido hasta 1999 e implantar un nuevo paisaje comunicacional y un nuevo orden comunicacional como ha pregonado el régimen.
El sector comunicacional del presente se caracteriza por fuerte intervención estatal ;hegemonía en el discurso; exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto; legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación/información; eliminación de la disidencia comunicacional; cierre de fuentes informativas; límites al acceso de la información pública; generación de mecanismos de censura y autocensura; intimidación y agresión a medios críticos y periodistas; trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como el papel periódico y equipos; convertir a Conatel en un apéndice político del Gobierno; cierre y expropiación de medios y de portales digitales de información; judicialización de la censura; y un largo etcétera.
Lo que hemos vivido en este tramo de la historia comunicacional venezolana es una resignificación no solo del periodismo, sino de las comunicaciones en general. Pero esta resignificación también es similar a la que ha ocurrido en los otros sectores de la vida del país: la economía, la educación, los gremios, lo militar, la política en general, la cultura y el deporte… En ese sentido recuerdo lo que expresaba el historiador Elías Pino Iturrieta en un ensayo, La revolución bolivariana, ¿principio o fin de una época?:
Ahora el gobierno está más presente y es más avasallante, en la medida que influye en la vida privada y en las actitudes colectivas como pocas veces antes. La ciudadanía está pendiente de las decisiones de la cúpula porque siente que le puede torcer el rumbo, que la puede meter en enredos o que le deparará sorpresas ingratas y desagradables. Tal expectativa no fue común antes, o contaba con el alivio de sentir que, si los jefes se pasaban de la raya, bastaba con esperar la terminación de un período constitucional para que se volviera a la tranquilidad de vivir sin la presencia de los fiscales ajenos que se habían vuelto próximos.
III
A raíz de la elección inconstitucional de la Asamblea Nacional, en diciembre del pasado año, el contexto político del país que se nos dibuja es de más concentración de poder y mayores controles sobre la vida de los venezolanos. En conclusión, es –ni más ni menos– la asfixia de la sociedad. El momento presente tiene visos de coincidencia con lo que ocurrió en diciembre de 2010. Ese año se impuso desde la Asamblea Nacional, sin contrapeso de la oposición, un conjunto de más de veinte leyes que representaban una ruptura del Estado de derecho y que, desde ese entonces hasta el día de hoy, han cambiado la vida social y democrática del país.
Las comunicaciones no escaparon a lo que se llamó la agenda hegemón. Así, se reformó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, extendida desde ese momento al ámbito electrónico, y la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en donde se declara a las telecom de servicio e interés público, de esta forma el presidente de la República tiene la potestad de limitar y establecer restricciones a las transmisiones. Esos cambios cerraron aún más el círculo a una verdadera libertad de comunicación. Igualmente, muchas de las leyes aprobadas en apenas dos semanas de discusión –y sin consulta– tuvieron, con el correr del tiempo, un efecto sobre las comunicaciones libres y plurales y dibujaron, como dijimos antes, un nuevo mapa comunicativo en el país.
La Asamblea Nacional actual -repetimos, inconstitucional- anunció el 3 de marzo una agenda legislativa que contempla la aprobación de 35 leyes. En esas propuestas de ley se habla de una nueva reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; de una Ley del Ciberespacio (¿?); de una Ley de Regulación de las Redes Sociales y una propuesta de volver a modificar el Código Penal que considere a las comunicaciones.
En lo concreto, tenemos la Providencia Administrativa Nº 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Funcionamiento del Terrorismo, que afecta a un buen número de portales digitales que reciben recursos del exterior con el objeto de promover, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades.
Está también el fallo del Tribunal Supremo de Justicia contra el diario El Nacional, por replicar un reportaje del diario español ABC en enero de 2015. Ese reportaje expresaba que Diosdado Cabello –para el momento presidente de la Asamblea Nacional– estaba vinculado en negocios del narcotráfico. La demanda fue interpuesta por Cabello conjuntamente al diario Tal Cual y al portal digital La Patilla. La sentencia obliga a El Nacional a indemnizar al demandante con la cifra de 13.2 millones de dólares. Esto significa, de no pagar, la expropiación de un medio de comunicación tan importante como el diario El Nacional. Luego vendrán, con toda seguridad, los fallos contra Tal Cual y La Patilla.
IV
Sirvan estas líneas para recordar que este lunes 3 de mayo se celebra en casi todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, promulgada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la única idea de “[…] fortalecer la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”. Las Naciones Unidas han establecido como tema para este año “la información como un bien común”. El sentido de unas comunicaciones libres y de una ciudadanía ávida de información se resume en esas palabras.
El Gobierno de la Venezuela del presente le tiene miedo a los medios. Es, como dice el escritor Arturo Pérez Reverte:
[…] miedo del poderoso a perder influencia, el privilegio. Miedo a perder la impunidad. A verse enfrentado públicamente a sus contradicciones, a sus manejos, a sus ambiciones, a sus incumplimientos, a sus mentiras, a sus delitos. Sin ese miedo, todo poder se vuelve tiranía. Y el único medio que el mundo actual posee para mantener a los poderosos a raya, para conservarlos en los márgenes de ese saludable miedo, es una prensa libre, lúcida, culta, eficaz, independiente. Sin ese contrapoder, la libertad, la democracia, la decencia, son imposibles.
♦Foto: La Prensa de Lara