Dos especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB prepararon un artículo en el que esbozan el impacto y factibilidad que tendría la entrega de una renta básica universal a la población, para enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES UCAB) hizo público el más reciente artículo de su serie “Notas sobre la economía venezolana”.
El texto, titulado ¿Transferencias monetarias no condicionadas como respuesta al deterioro de la pobreza y la desigualdad en Venezuela?, fue desarrollado por la economista María Antonia Moreno y la socióloga María Gabriela Ponce, ambas profesoras investigadoras del instituto.
El artículo cuantifica los beneficios netos que tendría un programa de este tipo en Venezuela y la factibilidad de implementarlo, como parte de las políticas sociales del gobierno para corregir la abrupta caída de ingresos que ha sufrido la mayoría de la población del país.
Conocidas también como Renta Básica Universal (RBU), las transferencias monetarias no condicionadas se refieren a cantidades de dinero que el gobierno «debería otorgar a todas las personas, independientemente de su condición económica y social».
Impacto real: ciertas condiciones aplican
Según apuntan las autoras, la aplicación de las transferencias monetarias tiene plena pertinencia en el contexto venezolano, debido al «proceso de deterioro continuo» que ha sufrido la economía nacional desde el año 2014, el cual ha supuesto una «caída extraordinaria del PIB real, en más de 80% en seis años consecutivos» y ha generado, entre otras cosas, aumento de la vulnerabilidad laboral, deterioro del valor real de los ingresos y del salario mínimo, incremento de la informalidad, aumento en la inseguridad alimentaria y desnutrición infantil.
«Estos procesos, junto con los de la hiperinflación y dolarización, han dado lugar a una mayor inequidad en la distribución del ingreso y a un crecimiento dramático de la pobreza de ingresos y de la pobreza multidimensional», las cuales se ubican en 94% y 67%, respectivamente. «La mayor desigualdad en la distribución del ingreso se revela en el sensible aumento del coeficiente de Gini de 0,407 a 0,495 entre 2014 y 2019/202010, valores que permiten calificar a Venezuela como uno de los países más desiguales en la región latinoamericana que, incluso, destaca por ser la más desigual del mundo».
Moreno y Ponce advierten que «una transferencia monetaria totalmente incondicional, como lo es la RBU, sería poco viable en Venezuela», por lo que señalan que los montos solo se entregarían a la población adulta bancarizada. «Para los segmentos de población excluidos del beneficio de las transferencias, podría implementarse un sistema complementario de transferencias, en especie o de comprobantes para el retiro de productos», apuntan en el texto.
En este sentido, las investigadoras realizaron un ejercicio de simulación de otorgamiento de tres montos mensuales: uno de 17, 4 dólares por perceptor en cada hogar, uno de $46,7 y uno de $76,6, en función de las líneas de ingreso mínimo diario para pobreza extrema establecidos por la ONU, la ENCOVI y el Banco Mundial, respectivamente.
Los resultados del ejercicio muestran que gracias a esta medida, «la desigualdad en la distribución del ingreso se reduciría de manera considerable y que la pobreza de ingresos también lo haría, aunque en una forma más moderada».
«En la estimación de tres escenarios de transferencias monetarias se encontró una gran reducción en la desigualdad de ingresos. Los beneficiarios netos son los grupos que se encuentran en los deciles 1 al 6», dicen las investigadoras, quienes agregan que «en promedio, los ingresos per cápita se ubicarían en promedio en más de una y media, tres y 4 veces, según fuesen los escenarios seleccionados. Los incrementos serían sustancialmente mayores en el caso de los hogares ubicados en los estratos de ingresos más bajos: en el primer decil, más de seis veces en el primer escenario, más de 15 veces en el segundo y más de 25 veces en el tercero, respectivamente».
Implementación debe ser integral
El artículo de María Gabriela Ponce y María Antonia Moreno deja claro que la factibilidad de una política de este tipo de transferencias estaría supeditada a la implementación de un programa de estabilización macroeconómica y de una propuesta de reforma integral de la política social, para garantizar la estabilidad de precios y el mantenimiento de la capacidad del poder adquisitivo real de los ingresos, restituir los derechos sociales de la población y resguardar la focalización de los programas de protección de los sectores más vulnerables.
«Lograr que todos los ciudadanos, sin exclusión, accedan a los servicios sociales, como parte de una política de desarrollo con criterios de sostenibilidad, implica generar una estrategia en la que los objetivos sectoriales sean consistentes entre sí y con coherencia intertemporal. Esto supone incorporar programas de protección social con capacidad de contención de los posibles efectos sociales y económicos derivados de la actual crisis, así como también la reactivación del aparato productivo nacional y del empleo, en el que una remuneración digna sea factible. De lo contrario, el esfuerzo financiero que implica la implantación de un mecanismo de protección como el de este tipo de programas, se traduciría en una iniciativa aislada; con probables impactos positivos en el corto plazo, pero con poca sostenibilidad de los logros en el tiempo», enfatizan las autoras en el texto.
Las investigadoras señalaron que este artículo es un resumen de ¿Una Renta Básica Universal para Venezuela? Algunos Lineamientos, texto académico que será publicado próximamente en la Revista Temas de Coyuntura del IIES UCAB.
El documento ¿Transferencias monetarias no condicionadas como respuesta al deterioro de la pobreza y la desigualdad en Venezuela? está disponible, para descarga y lectura, haciendo clic aquí:
*Foto: AFP