La directora general de Extensión Social de la UCAB, Adle Hernández, insiste en fortalecer el tejido social en los sectores del suroeste de Caracas afectados por los recientes enfrentamientos armados. Advierte que esta situación evidencia un problema de larga data en las zonas vulnerables de la capital: el control que ejercen las bandas armadas sobre la población
En la segunda semana de julio se desarrolló un cuadro de guerra en el suroeste de Caracas. Desde el miércoles 07 hasta el viernes 09, las detonaciones no dejaron de sonar en las parroquias La Vega, El Paraíso, El Valle, San Juan y Santa Rosalía.
Los organismos de seguridad del Estado desplegaron un megaoperativo, que se prolongó por horas, hasta poder controlar el epicentro del conflicto: la Cota 905. El balance oficial, ofrecido por la ministra para Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, fue de 28 heridos y 26 fallecidos (cuatro funcionarios y 22 delincuentes).
Adle Hernández, psicóloga y directora general de Extensión Social de la UCAB, compartió su preocupación sobre la integridad física y psicológica de las comunidades afectadas, a la luz del conocimiento que tiene sobre la dinámica de estos sectores populares, donde la universidad trabaja -desde hace años- brindando apoyo psicológico, jurídico, educativo y de organización comunitaria.
La parroquia Antímano, algunas zonas de Caricuao y La Vega conforman el radio de acción donde se centra principalmente la labor de acompañamiento social de la UCAB. Precisamente La Vega se ha visto gravemente afectada por las incursiones que la banda del «Koki», protagonista de los últimos enfrentamientos, ha realizado desde comienzos del 2021.
“En enero de este año ocurrió un enfrentamiento similar en La Vega, conocido como la ‘Masacre de La Vega’, donde hubo una cantidad importante de muertos. Posteriormente ha habido otros decesos por las balas perdidas: menores de edad, peatones y vecinos. Son circunstancias que están presentes y generan una sensación de desamparo brutal”, recordó la directora sobre el operativo que organismos de seguridad del Estado realizaron la segunda semana de enero, que dejó 23 muertos, según los datos recogidos por la organización no gubernamental Provea.
La especialista confirma que una de las principales consecuencias de la escalada de violencia ha sido la movilización forzada de personas que temían por sus vidas al quedar atrapadas en medio del intercambio de disparos.
“¿Qué más pueden hacer? ¿Irse? Ahora, ¿para dónde se van? Los desplazamientos por la violencia tienden a ser impulsivos y, por ende, riesgosos. Lo que vimos el viernes es un escenario desolador”, comentó sobre las imágenes de mujeres, jóvenes y niños que llevaban sus pertenencias a cuestas huyendo del conflicto. “Una señora se acercó para decirme que si es por ella arranca su casa y se la lleva a otro sitio donde pueda vivir en paz”, apuntó sobre el testimonio de una vecina de La Vega.
Conflicto de vieja data, ausencia del Estado
Los últimos sucesos que acapararon las noticias de los medios nacionales e internacionales no son nuevos para los vecinos de estas comunidades, apunta Adle Hernández. La Extensión Social UCAB ha registrado, desde 2014, eventos similares. “Es importante precisar que el conflicto lleva tiempo gestándose. Hubo un detonante que desencadenó todo lo que se vivió desde el miércoles hasta el viernes, pero, de nuevo, es la consecuencia de una situación que se viene prolongando en el tiempo”.
Ante eso, desde la Extensión Social han observado que el deseo de la mayoría de los habitantes de las áreas afectadas, quienes no están vinculados con las bandas, es precisamente vivir en paz. “Las personas que habitan en estos sectores van al trabajo, al colegio, a las universidades, como todos nosotros. ¿Qué quiere la comunidad? Calidad de vida: agua, salir y encontrar un transporte adecuado, criar a sus hijos en un ambiente seguro, vivir sin zozobra… paz”.
La directora rechazó la matriz de opinión que se ha esparcido sobre el supuesto apoyo de las comunidades hacia los líderes de las bandas. Advirtió que, en los sectores de más alta vulnerabilidad, la presencia del Estado es casi inexistente, por lo que las bandas criminales se apoderan de ese vacío para subsanar medianamente la falta de servicios básicos y lograr el apoyo de los vecinos.
“Debemos ser prudentes al momento de emitir juicios de valor sobre el papel de las comunidades que habitan en las zonas de conflictos. No se puede hacer una lectura simplista. Es muy fácil decir que la comunidad apoya a las bandas, pero no es tan blanco y negro. Requiere de un análisis más profundo y amplio porque en el fondo hay muchas condiciones que se deben tomar en cuenta antes de precipitarnos a sacar conclusiones”.
Prioridad: preservar vinculación comunitaria
El pasado 09 de julio, el sacerdote jesuita Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, en la parte alta de La Vega, señaló que -además del terror sicológico en la población, duelo por la muerte de familiares y desplazamiento forzado- los sucesos que vienen ocurriendo en el suroeste de Caracas están produciendo una dinámica peligrosa para la vida comunitaria: el confinamiento. En un mensaje difundido a través de redes sociales, advertía la importancia de retomar la interacción social y a “construir espacios donde podamos acompañarnos unos a los otros. Conversar sobre nuestros miedos, dolor e indignación es importante para procesar el duelo junto con la oración en familia y entre vecinos”, reseñó el portal Efecto Cocuyo.
La directora de Extensión Social UCAB expuso que, precisamente, deben realizarse esfuerzos institucionales para estrechar los vínculos de las comunidades, necesarios al momento de organizar a todos los actores que cohabitan estos espacios. “La comunidad está integrada por una serie de actores: personas y organizaciones (formales o informales), que trabajan en pro de la comunidad. Ellos forman una red de apoyo fuerte para generar el tejido que soporta las adversidades y ataja las oportunidades”.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, destacó que la UCAB organiza talleres de formación para el acompañamiento y el apoyo de los espacios de trabajo dentro de la comunidad.
“En condiciones de mucha violencia el tejido social se termina de fragmentar. Frente a ese escenario, buscamos mantener las acciones en las que nosotros creemos y nos han dado resultado. Quizás nos toque idear otras formas para ejecutar nuestros programas de manera segura, pero reafirmamos nuestro compromiso. No abandonaremos los espacios y continuaremos en contacto constante con los representantes de las comunidades”.
Hernández agregó que el descalabro de la violencia, aunado a la pandemia, ha creado escenarios desalentadores que, sin embargo, han servido para activar la resiliencia y los mecanismos de autoprotección. “Bajo estas condiciones es importante seguir apostando por la suma de talentos, haberes y capacidades, que aumentan la resiliencia y las probabilidades de encontrar los recursos que den respuesta a la adversidad. Aunque suene cliché, las crisis realmente son oportunidades para que la comunidad se fortalezca y genere espacios de vida”.
Hizo énfasis en el enfoque de aproximación que mantiene la Dirección de Extensión Social con respecto a las comunidades: “Puede haber soluciones externas, pero lo que de verdad fortalece a la comunidad es la autogestión para hacer frente a las crisis. De esta manera, el impacto es mucho mayor. Hablamos de la típica parábola del pescador: te doy un pez o te enseño a pescar. Nosotros enseñamos a pescar”.
Hernández aclaró que el peso de estos conflictos no puede recaer exclusivamente sobre la comunidad. “No podemos perder de vista los alcances. La idea es que entre todos los alcances (universidad, comunidad, Estado y otros actores) se logre una mejor calidad de vida, siempre dentro del marco de los derechos humanos”.
♦ Texto: Keyla Brando / Fotos: El Nacional (apertura) y Manuel Sardá (internas)