La doctora en Derecho y secretaria de la UCAB manifestó sus reservas sobre la «revolución judicial» que adelanta la comisión designada por Nicolás Maduro, pues considera que está guiada por «razones ideológicas y no técnicas». Vásquez fue homenajeada por su trayectoria de tres décadas durante las XV Jornadas de Derecho Procesal Penal
Magaly Vásquez es un referente en el ámbito del Derecho Penal en Venezuela. Con casi 30 años de trayectoria, ha desempeñado roles de importancia, tanto en el mundo jurídico como en el académico.
Abogada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y doctora en Derecho, fue consultora del extinto Congreso Nacional y también co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal. Además, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha hecho investigación en procedimientos penales especiales, con énfasis en el enjuiciamiento de altos funcionarios.
En la UCAB se ha destacado como profesora, directora de la Escuela de Derecho y decana de esa Facultad, además de directora general de Postgrado. Desde 2015, ostenta el cargo de secretaria general.
En 2020, fue la coordinadora de la comisión responsable de redactar el «Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual» de la universidad, instrumento que convirtió a la UCAB en la primera del país y en una de las pocas de América Latina en contar con una normativa sobre el tema.
Recientemente, Vásquez recibió un homenaje en el marco de las XV Jornadas de Derecho Procesal Penal, actividad que ella misma comenzó a organizar, en 1998, cuando era directora de la escuela, y que considera «motivo de encuentro de estudiantes y abogados de todo el país» y un «espacio de formación e intercambio académico tan necesario en los actuales momentos«.
Durante este evento, celebrado los días 16 y 17 de julio, más de una decena de expertos dieron a conocer la realidad del Derecho Penal en el país y sus principios de aplicación, a la luz de sus experiencias profesionales y educativas. La ponencia de la doctora Magaly Vásquez llevó por título «Del derecho a la libertad, a la libertad como favor».
A propósito del reconocimiento y en virtud de su trabajo, El Ucabista conversó con ella para conocer su opinión acerca del panorama jurídico de Venezuela. «Es muy grave que en los últimos años se haya institucionalizado el empleo de la justicia penal como medio para neutralizar a los adversarios políticos», dijo -entre otras cosas- sobre el tema.
¿Cuál es su visión acerca de la justicia en Venezuela en este momento y qué futuro le ve a la administración de justicia?
«Constituye lugar común afirmar que las instituciones están en crisis. Lastimosamente, de ello no escapa el sistema de justicia venezolano en todas las áreas. Sin embargo, me atrevería a decir que es en el ámbito penal donde la situación es más dramática.
Por lo menos durante las últimas dos décadas, la justicia penal venezolana ha venido en franco deterioro, lo cual obedece a diversos factores entre los que destaca la falta de autonomía e independencia de los jueces y fiscales, la corrupción policial, el “pranato” que se ha instaurado en el sistema penitenciario, la falta de recursos y graves problemas de infraestructura. Todos son problemas de mucha gravedad, pero resulta emblemática la sujeción de los jueces y fiscales a los lineamientos del Poder Ejecutivo.
En Venezuela, hoy día, verdaderamente no se administra justicia, pues se utiliza el aparato de represión penal como medio para neutralizar a la disidencia, no sólo privándola de libertad sino incidiendo en muchos otros derechos, como la libertad de expresión, de asociación, etc. Estimo que en Venezuela se impone una verdadera y profunda reforma del sistema de justicia y hago énfasis en lo de ‘verdadera’, pues la reciente instrucción del presidente Nicolás Maduro de iniciar una ‘revolución judicial’, está muy lejos de ese cometido, al confiarse tal responsabilidad a personas guiadas por razones ideológicas y no técnicas.
Si efectivamente se quiere que en nuestro país regrese la seguridad jurídica y personal, favoreciendo el retorno de las inversiones y el regular desenvolvimiento de los ciudadanos, se debe comenzar por asegurar la independencia de los jueces, retomar la carrera de los fiscales del Ministerio Público, despolitizar la policía y el sistema penitenciario, y dotar de recursos tanto en el ámbito económico como de talento humano, a los distintos órganos que conforman el constitucionalmente llamado ‘sistema de justicia’”.
¿Qué cree que hay que modificar del andamiaje jurídico e institucional?
«Más que modificar el andamiaje jurídico, de lo que se trata es de cumplir con buena parte de sus previsiones. Recién mencionaba el problema de falta de autonomía e independencia de los jueces, lo cual se puede solventar con simple voluntad política, aplicando las disposiciones constitucionales y organizando los concursos públicos de oposición que allí se establecen para el ingreso y ascenso en la carrera judicial. En Venezuela el problema no es de leyes pues podría afirmarse que hay hiperinflación hasta en el ámbito legislativo, dado que pretende resolverse cualquier problema o situación con la aprobación de una ley.
Institucionalmente sí se imponen algunas reformas, así, por ejemplo, en lo que respecta al sistema de justicia penal, el Ministerio Público debe recuperar atribuciones que, en virtud de reformas legales o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se han trasladado a los jueces. Igualmente debe revisarse la actividad de los cuerpos policiales, cuya actuación está plagada de excesos y actuaciones lesivas de la Constitución y la ley, particularmente en el marco de operativos supuestamente ejecutados en aras de la seguridad ciudadana. También se hace necesario evaluar la actuación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pues no se justifica la existencia de un Ministerio con la única finalidad de gestionar el sistema penitenciario. Precisamente en este punto, el Estado venezolano sigue actuando al margen de las normas, pues no se ha concretado la administración descentralizada de los establecimientos penitenciarios por parte de los gobiernos estadales o municipales, tal como lo dispone la Constitución en su artículo 272″.
¿Qué puede decir sobre la inclusión en la agenda legislativa de una reforma del Código Penal Venezolano?
«Efectivamente, el Código Penal Venezolano amerita una reforma que permita la recepción de corrientes modernas del Derecho Penal. Por otra parte, considero necesario que se retorne a un proceso de codificación pues en la actualidad, en lo que respecta a los delitos, proporcionalmente es poco lo que se mantiene vigente de ese Código, dada la proliferación de leyes penales especiales, dando lugar a una dispersión normativa que favorece la inseguridad jurídica; sin embargo, una reforma seria del Código Penal no puede realizarse partiendo de prejuicios o decisiones previamente adoptadas ni sustentada en consideraciones ideológicas. En en este caso se hace necesaria la convocatoria de diversos sectores y especialistas en la materia.
A esos efectos me permito recordar que, en el año 1994, se instruyó a una comisión del entonces Congreso de la República para abordar la reforma penal y esa Comisión optó por iniciar el trabajo con la reforma procesal penal, por considerar que la tarea de reformar el Código Penal demandaba mayor tiempo. Por ello resulta preocupante la ligereza con la que se viene planteando el tema y el hecho de que, más allá de las declaraciones de algunos voceros oficiales, se desconozca el contenido de la anunciada reforma».
¿Cuál debe ser el rol de los abogados y de la Academia venezolana en relación con la anunciada reforma penal?
«Estimo que los abogados dedicados a esta área del Derecho y la Academia venezolana no debemos mantenernos pasivos frente a esos anuncios. Se trata de un proceso que requiere el auxilio de conocedores de la materia; por tanto, sin perjuicio de que los aportes o recomendaciones no sean considerados, no debemos dejar pasar la oportunidad de formular las propuestas que fueren pertinentes, las cuales, muy probablemente, podrían servir a futuro para orientar la actuación de los operadores del sistema de justicia en la aplicación de las normas».
¿Qué opina del uso de la justicia penal con fines políticos? Pareciera que todos tenemos un número en la espalda que indica que podemos ser las próximas víctimas.
«Es muy grave que en los últimos años se haya institucionalizado el empleo de la justicia penal como medio para neutralizar a los adversarios políticos, lo que ha dado lugar a la infundada imputación de delitos, contando con la anuencia del Ministerio Público y de los jueces. Las detenciones arbitrarias, tratos crueles y demás violaciones de derechos humanos están a la orden del día, tal como ha sido reflejado en informes de distintos organismos, siendo uno de los más importantes el presentado en septiembre de 2020 por de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que se investigaran las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el país desde 2014. Más recientemente, el 22 de junio de este año, la Comisión Internacional de Juristas igualmente reflejó en un Informe sobre Independencia Judicial en Venezuela que el Poder Judicial ha dejado de cumplir su función contralora y se ha convertido en el brazo ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo. Esta situación ha llevado a que se pueda afirmar que cualquiera de nosotros, tal como indicas, pueda ser el próximo, por lo que podría afirmarse, sin exagerar, que todos nos encontramos en libertad provisional».
♦Texto: Albany Díaz/Fotos: Manuel Sardá
