A dos años de la promulgación de esta normativa, la secretaria de la universidad señaló que se ha instrumentado un proceso de atención e investigación de casos que garantiza sanciones contra los responsables y confidencialidad a las víctimas

El pasado 15 de septiembre se cumplieron dos años de la entrada en vigencia del Protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual de la UCAB, aprobado por el Consejo Universitario el 11 de agosto de 2020.

El instrumento, el primero en su tipo en instituciones educativas del país, tiene como objetivo «crear las condiciones para prevenir, atender, proteger, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y de conductas de acoso por razón de sexo, género, identidad de género u orientación sexual, entre los miembros de la comunidad universitaria, con ocasión de las relaciones interpersonales, en el ámbito estudiantil, académico, docente y laboral».

La secretaria general de la UCAB, la doctora Magaly Vásquez, ha seguido de cerca su aplicación, como coordinadora de la comisión redactora del documento y una de las responsables de su instrumentación.

Según las cifras que maneja, a la fecha se han realizado siete asesorías, mientras que solo un caso denunciado ha merecido la activación del protocolo. Esto tras un «riguroso y exhaustivo proceso de investigación y verificación de datos y evidencias por parte de la Comisión Disciplinaria», instancia encargada de evaluar los presuntos casos de violencia sexual o acoso que pudieran suscitarse en la institución.

Aunque los números son modestos, la profesora Vásquez, quien es doctora en Derecho, señaló que el balance es «sumamente positivo»,  no solo porque la UCAB ha creado un sistema de atención, protección y procesamiento de las denuncias de las presuntas víctimas, sino porque la norma funciona como un elemento de prevención en sí mismo. Recalcó que este instrumento aplica para toda la comunidad ucabista, es decir, «estudiantes, docentes, empleados y contratistas están obligados a cumplirlo».

 

«Creo que el protocolo tiene un efecto disuasivo muy importante. No es lo mismo que no tengamos nada, como nos encontrábamos antes de su aprobación, a que los miembros de la comunidad en las diferentes relaciones sepan que hay un protocolo que regula la materia, que puede dar lugar a sanciones y que opera como un elemento disuasivo. Esa es una de sus funciones preventivas», señaló la abogada.

 

Un camino trazado: la importancia de la denuncia y el acompañamiento

De acuerdo con la secretaria de la UCAB, uno de los grandes logros de la activación del protocolo es la existencia de una ruta de atención clara a las posibles víctimas. Por ello señaló la necesidad de que las personas que se sientan agraviadas, o consideren que han sido víctimas de acoso o violencia, acudan ante la Comisión Disciplinaria, donde recibirán asesoría e incluso protección y apoyo psicológico, de ser el caso. Agregó que también es posible que un tercero presente la denuncia, si así lo quisiera la víctima.

Para la activación del protocolo es necesario que el presunto afectado presente toda la evidencia e información posible sobre su caso ante la Comisión. Además, debe debe asegurarse de que la ofensa haya ocurrido «en el marco o con ocasión de actividades estudiantiles, académicas o laborales, dentro del recinto universitario, en cualquiera de sus sedes, o fuera de este, en actividades auspiciadas, ejecutadas o coordinadas por la universidad o en representación de la misma», según apunta el instrumento normativo.

Sin embargo, Vásquez precisó que, incluso cuando el agravio ocurrió en un ámbito externo al universitario, las víctimas pueden acudir a la Comisión para recibir orientación sobre su caso. 

«No tengan temor de denunciar. Tenemos la mejor y mayor disposición para ayudarle y acompañarle. Y tengan la certeza de que, si hay algún acto que califique como uno que el protocolo describe, y tenemos los elementos para sancionar, la universidad lo va a hacer. Y lo o la va a proteger», puntualizó.

 

¿Cuándo hay violencia o acoso? Esto dice el protocolo

Según apunta el protocolo, el acoso es «cualquier comportamiento, expresiones verbales o escritas, actos, gestos o mensajes, reiterados en el tiempo, dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una persona; que pueda atentar contra su estabilidad emocional, laboral, su dignidad, prestigio, integridad física, o que puedan poner en peligro su desarrollo, promoción, reconocimiento en el recinto universitario y le cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o molesto».

En cuanto a la violencia sexual, esta es entendida como «toda conducta que amenace o vulnere el derecho de una persona a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos violentos o no, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha, contacto sexual o caricias no deseadas o acoso sexual».

Dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas verificadas, las sanciones van desde amonestación escrita a suspensión temporal, destitución o expulsión definitiva de la universidad. Además de los responsables directos, también pueden ser sancionados quienes obstaculicen las investigaciones o aquellos que violen el principio de confidencialidad.

Además de asesoría y revisión de los casos, las víctimas pueden -si lo desean- recibir orientación en caso de que quieran ejercer acciones legales más allá de las de tipo administrativo que contempla el protocolo.

«Hay gente que no sabe o que le resta importancia a este tema. Pero hay ciertos comentarios  o conductas subidos de tono que la gente acepta como algo cotidiano, pero son inaceptables. Las relaciones deben ser de respeto», dijo Vásquez sobre la necesidad de no naturalizar comportamientos inadecuados.

La profesora agregó que los principios con los que se concibió la aplicación del protocolo y la atención de todos los casos incluyen confidencialidad, igualdad y no discriminación; accesibilidad; integralidad; debido proceso, protección de la dignidad, participación conjunta, atención diferenciada, imparcialidad y buena fe; diligencia y celeridad;  presunción de inocencia, protección de datos; no revictimización; protección ante posibles represalias y derecho a la información son los

Informar para prevenir: el esfuerzo educativo

La doctora Magaly Vásquez resaltó que, junto a la activación de las instancias de atención a las presuntas víctimas de acoso y violencia, desde la entrada en vigencia del protocolo se han realizado esfuerzos de difusión de su contenido entre los miembros de la comunidad universitaria.  

Entre otros ejemplos mencionó que, durante las inducciones, a los alumnos nuevos se les informa sobre el protocolo; así como se instruye a los estudiantes regulares en las clases de la cátedra institucional Identidad, Liderazgo y Compromiso (transversal a todas las carreras). Igualmente lo hace la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDES).

Por otra parte, la doctora dijo que, a lo largo de estos dos años y pese a la pandemia, también se han realizado foros, talleres, conferencias y encuentros con profesores y trabajadores, en los que han participado expertos para dialogar sobre el procedimiento. Además, se ha adelantado un programa de capacitación virtual para los colaboradores de la universidad, coordinado por UCAB Guayana.

Para hacer seguimiento a este esfuerzo divulgativo, Vásquez indicó que, al menos una vez por semestre, se aplica un instrumento-encuesta a toda la comunidad universitaria con el propósito de medir cuánto saben del documento y los procedimientos de atención a las víctimas. El informe se presenta al Consejo Universitario. «De ahí pueden surgir cosas que evidencien que hay que fortalecer algún área, porque a lo mejor es poco el conocimiento, sobre todo a nivel de estudiantes, porque van entrando, saliendo», comentó.

El primero en Venezuela

Vásquez recordó que el Protocolo Para la Prevención y Atención en casos de Acoso y Violencia Sexual es único en las universidades del país y uno de los pocos disponibles entre instituciones de la educación superior en América Latina.  La norma nació en 2020 gracias a una iniciativa formulada por el Consejo de Extensión de UCAB Guayana, luego de un señalamiento de una exestudiante hacia un profesor sobre presuntos actos de acoso.

«Eso dio lugar a que se abriera un procedimiento para constatar la veracidad de esa afirmación y en ese marco, el Consejo de Extensión acordó solicitarle al Consejo Universitario que se trabajara en la elaboración de un protocolo para prevenir y atender casos de acoso sexual», puntualizó la secretaria de la UCAB.

Dicha comisión, coordinada por Vásquez, estuvo integrada por el vicerrector de Identidad, Desarrollo estudiantil y Extensión Social, Néstor Luis Luengo, y el vicerrector de la extensión Guayana, el padre Arturo Peraza s.j. También por los profesores María Teresa Sánchez, en UCAB Guayana, y el profesor José Luis Da Silva, en la sede Caracas, además de la abogada Laurence Quijada, como consultora jurídica de la UCAB, y dos miembros de la representación estudiantil.

Antes de la promulgación, la comisión redactora estudió protocolos similares de países como Argentina, Chile, Colombia, España, Italia y México; y de universidades que forman parte de la  Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. De igual forma sus integrantes revisaron un documento realizado por la plataforma latinoamericana Distintas Latitudes, donde se reportaron cuáles universidades tenían regulado este tema.

Dos años después de la entrada en vigencia de la normativa, la doctora Vásquez reiteró el llamado a quienes se sientan afectados a revisar el protocolo y acudir a las instancias respectivas, bien para darle curso a sus denuncias o para aclarar dudas.

«Las cosas se logran haciendo. Si no se denuncia, cómo hacemos para sancionar una falta de esta naturaleza si formalmente no tenemos el conocimiento. Hay que creer en las instituciones, en la universidad. No se supone que los profesores se solidaricen con el profesor y los estudiantes con los estudiantes, no. Sencillamente, el procedimiento es objetivo e imparcial (…) La universidad acoge una política de tolerancia cero a esa clase de actos», concluyó.

Quienes deseen leer el Protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual de la UCAB pueden hacer clic aquí

También está disponible una guía con los datos más importantes haciendo clic aquí.

Aquellos que requieran contactar a la Comisión Disciplinaria y plantear un posible caso,  pueden acercarse a su oficina, ubicada en la planta baja del edificio de Servicios Centrales, conocido como Rectorado. Otras formas de contacto son el correo electrónico [email protected] y el teléfono 0212-407-60.70. 

♦Texto: Grace Lafontant León/Fotos: Manuel Sardá