La Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la UCAB realizó sus XIII Jornadas de No Violencia Contra la Mujer. Allí se revisó la actualidad del problema, que apunta al agravamiento de la trata de personas y mayor vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres; la ausencia de políticas públicas de educación preventiva y la debilidad del sistema judicial para cumplir con las garantías que la ley previó
La situación de deterioro económico y social que sufre Venezuela ha agravado las condiciones que facilitan la explotación sexual y tráfico de personas, especialmente de mujeres, adolescentes y niñas, a lo que se suma que mientras existe una legislación avanzada en materia de lucha contra la violencia de género (Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), la realidad práctica es que esas garantías no se aplican de manera efectiva para sancionar los maltratos físicos y psicológicos que sufren las víctimas y que pueden llevarlas hasta la muerte.
La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UCAB efectuó, este viernes 24 de noviembre, las XIII Jornadas de No Violencia Contra la Mujer, actividad en la que se pasó revista a la actualidad en materia de trata de personas, violencia psicológica e inducción al suicidio con base en el género, y las medidas de seguridad y protección para la víctima, y medidas cautelares para el imputado.
Entre los datos que se expusieron en el evento, que se realizó en el Centro Cultural del campus de Montalbán, se dijo que los informes mundiales de la ONU reflejan que en 2022 hubo 89 mil femicidios en el mundo, pero la situación venezolana no está reflejada allí porque el Estado no proporciona data oficial hace años.
Durante toda la mañana, estudiantes de Derecho de la UCAB, especialistas y público general siguieron las disertaciones de forma presencial y telemática. En cada una de las tres ponencias se pasó revista a aspectos que son parte de la legislación, así como fenómenos que han surgido y crecido con los avances tecnológicos, como la red OnlyFans o los sistemas webcam de pornografía que han proliferado en la frontera del Táchira y que medran en los límites de lo delictivo.
Durante la pandemia de covid-19, la explotación del negocio de trata de personas y tráfico sexual no cesó sino que “se escondió” a los ámbitos más privados, lo que hace más difícil para los organismos de seguridad del Estado combatirlo, aseguró una de las expositoras.
La profesora Aura Jenesky Lehmann, jefa de la cátedra Clínica Jurídica de la UCAB, dio la bienvenida a los ponentes invitados: la abogada Estefanía Mendoza, el psicólogo forense Víctor Méndez Tovar y la abogada Andreina Ibarra De Carlo.
Otro dato coincidente en las ponencias es que, al no existir planes ni políticas públicas del Estado venezolano para luchar contra los factores que facilitan la violencia contra la mujer, es la sociedad civil la que se ocupa de poner en práctica algunas actividades con el sector privado. Se cuestionó que ni siquiera existe formación en educación sexual integral y que los espacios educativos son claves para la prevención.
La trata es el tercer delito más lucrativo
«En Venezuela, toda la población está en situación de vulnerabilidad ante la trata», afirmó Estefanía Mendoza, coordinadora general de la Asociación Civil Mulier. quien habló sobre la trata de personas en Venezuela.
Precisó que el año pasado, 1.390 personas de nacionalidad venezolana fueron rescatadas de redes de trata en 25 países y de ellas 284 eran niñas y adolescentes. «Más de 3.000 mujeres venezolanas han sido rescatadas desde que hacemos este seguimiento», informó Mendoza, y advirtió que esos números están muy por debajo de la realidad.
La abogada habló de cifras concretas que apuntan al agravamiento de la situación de trata de personas, delito que, insistió, es de difícil persecución judicial porque la cadena de actividades involucradas está desagregada.
Como ejemplo, mencionó el transporte de niñas, adolescentes y mujeres que se hace a través de peñeros desde Güiria hacia Trinidad y Tobago, y que los transportistas se ven a sí mismos como prestadores de ese servicio y no como partícipes de este delito internacional, que comienza con la captación. A esto se agrega la «cosificación» de las personas, lo que se hizo patente en los recientes comentarios de narradores deportivos de Perú, que hablaron del «precio” de las mujeres venezolanas.
Mendoza indicó que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y de drogas, con el agravante de que una mujer puede ser explotada múltiples veces, de allí que el 60% de las personas víctimas de este delito son mujeres y niñas. También manifestó la necesidad de que la trata de personas se aborde con perspectiva de género.
En el caso concreto de la situación que se vive en el Arco Minero del Orinoco, reconoció la labor del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y su extensión UCAB Guayana, que han venido levantando data sobre la esclavitud moderna, circunstancia que está afectando «de forma diferencial y terrible a la mujer indígena».
Mencionó que muchas jóvenes se trasladan a esa zona creyendo que van a trabajar como cocineras o vendedoras de golosinas, y caen en las redes de explotación sexual.
También Estefanía Mendoza llamó la atención sobre los mecanismos de captación de más víctimas para estas redes. Dijo que hay más detenciones de mujeres que, buscando zafarse ellas mismas de esa explotación, participan en nuevos reclutamientos.
Alertó sobre le necesidad de que se socialicen más los peligros implícitos en las redes sociales como vías para la captación de víctimas y existen muchos disfraces para esa labor, desde las falsas relaciones románticas, hasta ofertas engañosas de empleos, becas de estudio y reunificación familiar en el extranjero, que tienen detrás toda una red de tráfico y explotación sexual.
La coordinadora de la ONG Mulier aseveró que, según los cálculos que hacen, las cifras de venezolanas víctimas de las redes de trata de personas son tantas que «podrían desbalancear» las actuales tablas que recogen la data de América Latina.
No hay perfil de un maltratador
Víctor Méndez Tovar, presidente del Colegio de Psicólogos del estado Miranda, habló sobre su experiencia como psicólogo forense en materia de suicidios como forma de violencia y la inducción al suicidio femicida, un acto deliberado de la mujer para quitarse la vida conducido por un contexto continuo de violencia de género.
Méndez comentó los tipos penales que existen en los únicos tres países de América Latina, miembros de la OEA, que lo tienen contemplado en su legislación: El Salvador, Panamá y Venezuela.
Fue muy didáctico y aconsejó observar los comportamientos que empiezan con ideaciones suicidas y tratar de prevenir esas emociones.
Sugirió el psicólogo que es necesario investigar en Venezuela, de forma retrospectiva, si las cifras que indican aumentos alarmantes de los suicidios tienen vinculación con este tipo delictivo, entre cuyas causas está el gaslighting o abuso psicológico. Afirmó que algunos comportamientos asociados a este tipo de abuso son tan sutiles que no es posible, clínicamente, establecer la patología.
Dejó claro el experto que «no existe perfil de un maltratador»y que para incurrir en esas conductas «no es necesario ni preponderante la existencia de patologías».
Afirmó que 80% de los delincuentes a los que se les hace evaluación forense no tienen patologías mentales. Sí alertó sobre la realidad de que existen individuos con el trastorno de personalidad antisocial (sociópatas) que se sienten bien con su manera de ser y que no vale la pena enviarlos a consulta porque son grandes manipuladores que no van a cambiar.
Protección minimizada por la realidad
En la tercera ponencia, Andreina Ibarra De Carlo habló sobre las medidas de seguridad y protección de la víctima y medidas cautelares para el imputado.
Ofreció detalles de cómo evolucionó la legislación venezolana, desde 1979 hasta el presente, con la vigente Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Explicó lo que esta normativa contempla, tanto en materia de protección a la víctima de violencia como en lo relacionado a las medidas cautelares contra el perpetrador de los maltratos.
Habló de los organismos del Estado a los que les corresponde atender las denuncias y las atribuciones de las que cada uno puede echar mano, entre los que destacan como principales el Ministerio Público, los tribunales y el Cicpc.
Sin embargo, al final de su exposición admitió que hay severas dificultades para cumplir lo que la legislación contempla.
«El Estado venezolano ha sido garantista, estableciendo todas estas medidas que están muy bien circunscritas en la ley, pero el problema deviene en su aplicación, porque en Venezuela no contamos con las casas de abrigo suficientes, no tenemos el suficiente personal para imponerlas (medidas de protección y cautelares), tenemos funcionarios que no están sensibilizados en materia de género, desconocen cuáles son las medidas que se pueden imponer; en muchas oportunidades no están capacitados para determinar todas las medidas que pueden ser de aplicación inmediata para la protección de esa víctima y en muchas oportunidades ello puede tener consecuencias fatales».
♦Texto: Elvia Gómez/Fotos: Manuel Sardá