La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, levantada por la UCAB, recoge problemas estructurales persistentes que indican la urgencia de construir un acuerdo nacional, para aplicar políticas públicas que permitan superar las deficiencias sociales y económicas de la población vulnerable
Bajo el título de “Radiografía de la vulnerabilidad social en Venezuela y propuesta de políticas públicas”, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), reveló, el miércoles 13 de marzo, los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondientes a 2023.
La novena edición del estudio, que se levantó entre marzo y mayo del año pasado y alcanzó a un total de 12.683 hogares a nivel nacional, indagó en la realidad de la población en ámbitos como acceso a educación, salud, empleo y servicios públicos; seguridad alimentaria, ingresos, migración y programas sociales, entre otros, para dar cuenta de las disparidades socioeconómicas e identificar los principales problemas que vulneran sus derechos sociales.
Los profesores Anitza Freitez y Luis Pedro España, directora e investigador del IIES UCAB, respectivamente, tuvieron a su cargo la presentación. Al inicio de la actividad, el rector de la UCAB, el padre Arturo Peraza, S.J., señaló que esta encuesta es una muestra de la preocupación “de larga data” que tiene la universidad por generar un “diagnóstico continuado y estructurado sobre la realidad social”, para proponer alternativas de política pública que ayuden a superar los problemas que aquejan a las grandes mayorías.
Instó a los distintos sectores sociales a construir consensos para resolver las deficiencias identificadas en el estudio.
“Aquí se requiere de una palabra clave, que es Acuerdo Nacional. Esto va mucho más allá del problema de una región, de un gobierno o de un momento, sino que está atado a condiciones estructurales que pueden empeorar o pueden mejorar pero que, en definitiva, requieren que la sociedad venezolana, como un todo, las pueda abordar para generar un conjunto de propuestas sobre temas en los cuales la población tiene necesidades colectivas, más allá de las diferencias políticas. Nuestra temática no es hacer política, nuestra temática fundamental es esa población vulnerable, que está allí con problemas y con dificultades, y cómo conseguimos políticas públicas que, con acuerdo nacional, ayuden a enfrentar y transformar realidades. Hay dificultades, sí, pero también hay opciones y oportunidades vinculadas a esta capacidad de acuerdo en favor de la población más vulnerable. Esta es la razón de ser de la ENCOVI 2023”, afirmó el sacerdote jesuita.
Como coordinadora de la investigación, Freitez insistió en que “se ha querido poner énfasis en las situaciones de desigualdad y en las condiciones de vulnerabilidad que permanecen todavía enraizadas en ciertos sectores de la sociedad venezolana y cuya atención es necesaria, particularmente a través de la acción pública, a los fines de promover no solo una mayor equidad en el acceso a la estructura de oportunidades, sino también a la apropiación de las oportunidades desde el inicio y hasta el final de la vida”, afirmó la doctora en Demografía ante autoridades y representantes de la universidad, diplomáticos, miembros de organismos internacionales, ONG y periodistas.
Asistencia a clases, alimentación escolar y rezago educativo
Entre los hallazgos destacados de la encuesta están los relacionados con el tema educativo. Según el sondeo, el nivel de cobertura educativa, es decir, el volumen de población escolarizada, subió tres puntos versus 2022 y llegó a 66% (7,61 millones de niños y adolescentes entre 3 y 24 años), con lo cual se ubicó en niveles similares a los que había antes de la pandemia.
Sin embargo, la ENCOVI indica que 40% de los alumnos entre 3 y 17 años que están escolarizados no asiste a clases con regularidad.
“Se trata de 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes que faltan algunos días a clases, y casi el 50% de las razones aludidas con mayor frecuencia tienen que ver con la falta del personal docente por huelgas (30%) o por ausentismo (18%). Otras razones menos mencionadas, pero muy relevantes, tienen que ver con fallas en los servicios públicos y falta de comida en el hogar o la escuela”, comentó Freitez.
Precisamente, el acceso a alimentación en las escuelas mostró un importante deterioro. De acuerdo con lo reportado por el sondeo, el nivel de cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), responsabilidad del Estado, cayó cinco puntos en un año y pasó de 67% a 62%. Además, se redujo de 45% a 25% el porcentaje de población escolarizada en situación de pobreza extrema que accedió al PAE diariamente.
La coordinadora del estudio recordó la importancia de atender este déficit, ya que la inseguridad alimentaria en los hogares del país “es intensa”, considerando que, “sobre la percepción reportada se estima que 89% de los hogares están en esa condición”.
El rezago escolar también sigue apareciendo como dato persistente. Este indicador expresa los años de diferencia entre el grado/año que se debería estudiar, de acuerdo con la edad, y el que efectivamente se cursa o cursó. Entre los niños y niñas de 7 a 11 años aumentó el porcentaje de los que tienen rezago (de 32% a 40% en varones y de 34% a 37% en las hembras), respecto al nivel reportado en la ENCOVI de 2019-2020, antes de la pandemia.
En el grupo de adolescentes de 12 a 17 años es más grave el retroceso en la trayectoria educativa. Entre los muchachos solamente 45% no muestra rezago y 18% califica en rezago severo, es decir, tienen dos o más años de retraso. La situación de las muchachas es un poco más favorable: 54% ha mantenido la continuidad de su escolaridad, pero sigue habiendo una fracción importante que califica en rezago leve (33%) y severo (13%).
“Se considera que esa población escolarizada en rezago severo está en riesgo de quedar excluida del proceso educativo, si no son atacados los factores que están afectando su desempeño”, apuntó Freitez.
Pobreza y vulnerabilidad: estancamiento
Aunque en 2022 la ENCOVI reportó, como consecuencia de la liberación ‘de facto’ de la economía, una caída en los niveles de pobreza de ingresos de 90,9% a 81,4% (-9,5%) y de la pobreza multidimensional de 65,2% a 50,5% (casi 15 puntos porcentuales menos) los resultados de la edición 2023 de la ENCOVI apuntan a que esa mejoría en los indicadores se detuvo, pues 82,8% de los hogares quedó en la categoría de pobres por ingreso (no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica) y 51,9% se ubicó en pobreza multidimensional, vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
Si bien el aumento no es significativo (subió solo 1,4% en ambos casos), el estudio indica la “persistencia de muchos esquemas de carencias que repercuten sobre la calidad de vida de la población”. Dichas carencias configuran una vulnerabilidad social que afecta a seis de cada 10 hogares (61,9%).
“El enfoque de vulnerabilidad permite orientar los diagnósticos sociales en función de las intervenciones necesarias para superar las situaciones que afectan negativamente la calidad de vida de los hogares”, comentó el profesor Luis Pedro España, quien mencionó que la mitad de la población sigue en pobreza extrema, rango que incluye a aquellos que no pueden costear la canasta alimentaria, y que 78% de la vulnerabilidad moderada o severa se concentra en el 30% más pobre del país.
“Los hogares son vulnerables en mayor medida en aquellas áreas donde las condiciones son más difíciles de cambiar desde el ingreso de las familias. Los servicios sociales (agua, electricidad y saneamiento) y los problemas de salud y nutrición son las dimensiones donde los grados de vulnerabilidad social son mayores”, agregó España.
También en cuanto a vulnerabilidad, la ENCOVI 2023 retomó la investigación de los factores que permiten calcular el Índice de Vulnerabilidad Ciudadana ante Amenazas Físico-Naturales (IVCAN), considerado por última vez en la edición de 2015. El IVCAN se construye con base en elementos como disponibilidad de servicios públicos aledaños a los hogares, presencia de escuelas y canchas, condiciones de viviendas o terrenos de residencia, organización comunitaria y sistemas de alerta temprana y emergencia.
Según lo reportado por los entrevistados, 70% de la población del país se encuentra en un nivel de vulnerabilidad de medio a muy alto frente a riesgos naturales, frente al 63% que se estimaba en esta situación en 2015, siendo los componentes sociales y económicos los que muestran mayores efectos, porque se trata de factores que imposibilitan o dificultan la respuesta y superación de los eventos amenazantes.
“Todos los indicadores considerados han mostrado ausencia de progresos en la organización comunitaria para la atención y prevención de emergencias, la preparación de planes de evacuación, mecanismos de información para la prevención de desastres. El indicador que ha padecido mayor disminución es el relativo al sistema de alerta temprana ante emergencias (alarmas, parlantes, sirenas), que pasó de 10% a 2%”, dijo Anitza Freitez, quien comentó otros datos reveladores:
“El 10% de la población en el año 2015 contaba con póliza de seguros contra incendio, sismo o inundación, y esta cifra cayó a 1%. El acceso al crédito bancario pasó de casi uno de cuatro hogares a ser inexistente. Además, el 27% contaba con ahorros y en 2023 solo los tiene un 1%”.
Desigualdad y seguridad alimentaria: mejoras, pero con matices
La encuesta reportó una reducción del nivel de desigualdad económica en el país. El coeficiente de Gini, indicador que mide la concentración de ingresos entre los habitantes, cayó a 9,1 puntos, al pasar de 60,3 en 2022 a 51,2 en 2023.
“La reducción de la hiperinflación y la mejora económica de los últimos años han hecho que más personas tengan acceso a ingresos. Sin embargo, todavía somos un país muy desigual. Y si no se toman medidas estructurales, nos vamos a quedar con estos niveles, que son muy altos”, mencionó Luis Pedro España.
En este sentido, los resultados arrojaron que la desigualdad territorial también sigue incidiendo en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
“La desigualdad social vinculada a las oportunidades está estrechamente relacionada con la ciudad o localidad en la cual se reside. Los procesos de centralización de las decisiones públicas y de concentración de los servicios sociales y públicos ha hecho que esta desigualdad no deje de aumentar”, sostuvo España, quien mencionó que 2,1 millones de personas se han mudado internamente en Venezuela como consecuencia de esto y que Monagas, Falcón y Guárico son las “entidades que más expulsan gente”, mientras Miranda, Distrito Capital y Carabobo son las que más atraen.
“Caracas y San Cristóbal son las ciudades con menor vulnerabilidad social, mientras que Maracaibo y Maturín son las que tienen hogares más vulnerables”, apuntó el profesor.
Como un rasgo favorable de la apertura económica y la eliminación de los controles, la investigación identificó la mejora en los esquemas de distribución de alimentos en el país.
“Esto ha hecho que la percepción de seguridad alimentaria haya mejorado; sin embargo, aún quedan focos territoriales y de estratos, los cuales alcanzan aproximadamente hasta a un tercio del país, donde la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente”, dijo España.
Brechas de género: mucho por hacer
Según los datos de la ENCOVI 2023, las desigualdades de género están afectando de forma importante las condiciones de vida de las mujeres.
Entre otros aspectos, solo 37,3% de las féminas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, versus 62,7% de los hombres. Además, los caballeros reciben en promedio 7,7% más remuneración que las damas, aunque en algunos sectores la brecha puede ser aún mayor, como por ejemplo en empleos del hogar o doméstico, donde la diferencia a favor de los hombres es de 40,8%, o el área de profesionales científicos o intelectuales, donde las mujeres ganan 33,6% menos que sus pares varones.
Las pocas horas de trabajo que tienen muchas féminas por responsabilidades de cuido (8,9% de ellas están abocadas a estos quehaceres), el “techo de cristal” o discriminación para cargos altos, la discriminación en los llamados “ámbitos masculinos”, la desvalorización de empleadores, las protecciones legales discriminatorias e, incluso, la propia subvaloración de muchas damas inciden en esta situación.
Por eso, los investigadores de la ENCOVI propusieron implementar una “auténtica política social con enfoque de género” que suponga tres cosas:
- Facilitar la permanencia y duración de la jornada laboral femenina
- Estimular la inserción de la mujer en el mercado laboral
- Desarrollar políticas de emprendimiento para las mujeres
“Superar las barreras de acceso de la mujer al trabajo es una manera de combatir la pobreza de ingreso y las condiciones de vulnerabilidad de los hogares. Cuando las mujeres están plenamente integradas al mercado laboral (es decir, trabajan más de 38 horas a la semana), la probabilidad de que su hogar no sea pobre es del 60%”, aseveró Luis Pedro España.
#EncoviPropone: la construcción de un camino de soluciones
Entre otros asuntos, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023 identificó hallazgos relacionados con el perfil y dimensiones de la migración venezolana actual; el acceso a atención médica y medicamentos; la salud reproductiva; la distribución de bonos, transferencias y el acceso a otros programas sociales como las cajas CLAP; el nivel de desempleo y subempleo, las remuneraciones por nivel educativo y la composición de la fuerza laboral.
Pero en esta oportunidad, y ante los hallazgos en las diferentes áreas, el estudio incluyó una serie de recomendaciones de política pública, con “buena dosis de creatividad y de profesionalización de las políticas en el área social”, sostuvo el profesor Luis Pedro España.
Además de las relacionadas con la inclusión laboral de las mujeres, entre las propuestas se encuentran:
- Una política de juventud para romper el círculo de la pobreza
- Prolongar la permanencia de los jóvenes en la escuela
- Desarrollar políticas de primer empleo
- Intervención sobre el entorno comunitario
- Apertura al mercado de generación de energía y servicios públicos en general
- Inversión en movilidad interurbana
- Redefinición completa de la política social
- Cambiar las asignaciones de las transferencias monetarias y la distribución de alimentos.
- Crear un registro moderno de información social para intervenir sobre los hogares más vulnerables.
- Reformas urgentes en materia de servicios sociales
- Educación: eliminar el horario mosaico
- Reducir el gasto de bolsillo en salud
- Actuación coordinada sobre las áreas geográficas más vulnerables: fronteras y comunidades indígenas
- Coordinación con las agencias internacionales y nacionales que atienden las zonas con emergencia humanitaria.
- Alinear los esfuerzos de los organismos internacionales con las políticas gubernamentales.
“La ENCOVI es una referencia informativa y estadística de primer orden al servicio de la incidencia pública. Nuestro objetivo es ofrecer insumos que permitan orientar las estrategias adecuadas en materia de políticas y programas sociales. Como siempre hemos dicho, ponemos a disposición de las autoridades y la sociedad civil esta información para contribuir a superar la vulnerabilidad y desigualdad. Es nuestra misión y mayor interés”, finalizó la profesora Anitza Freitez.
Los interesados en revisar la presentación completa de los resultados de la ENCOVI 2023, así como su ficha técnica, pueden visitar el portal https://proyectoencovi.com.
También pueden descargarla haciendo clic en este enlace: https://bit.ly/PresentacionEncovi2023
♦Texto: Efraín Castillo/Fotos: Manuel Sardá
