Cuatro expertas en salud sexual y reproductiva, derechos de la sexodiversidad, activismo ciudadano y accesibilidad para la población con movilidad reducida mencionaron avances operativos y legislativos puntuales en estas áreas, pero coincidieron en que han empeorado diversos factores que aumentan la vulnerabilidad de adolescentes, mujeres, comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidad
La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello realizó, el viernes 26 de abril, sus Jornadas sobre Vulnerabilidad Social, foro en el que cuatro expertas presentaron la actualización de la situación nacional en materia de salud sexual y reproductiva, legislación sobre la comunidad LGBTQ+, activismo para la transformación social y la accesibilidad urbana para la población con movilidad reducida.
La directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB y jefa de esta cátedra, Aura Janesky Lehmann, hizo la presentación de la actividad. Explicó los servicios de asistencia legal gratuita que los alumnos que están cerca de culminar su carrera ofrecen a las comunidades como parte de su entrenamiento práctico. Estos servicios se ofrecen en cinco ejes clave, a través de la Extensión Social de la universidad, explicó Lehmann.
Un fracaso colectivo
La primera en intervenir fue la médico pediatra Darda Ramírez Rangel, experta en la atención de los adolescentes, que tiene una década trabajando en la prevención de embarazos en esta etapa, establecida por la OMS entre los 10 y 19 años de edad.
A nivel mundial, las niñas tienen su primera menstruación a edades más tempranas y aumentan las cifras de embarazadas desde los 11 o 12 años, dijo Ramírez. Insistió en la corresponsabilidad que existe entre la familia, los médicos, los docentes y todos los que forman parte del entorno social de los jóvenes y afirmó que todos fracasan cuando una adolescente se embaraza. «Todo inicio precoz de la actividad sexual es un riesgo evitable», reflexionó.
Citó cifras oficiales del Ministerio de Salud de Venezuela que dieron cuenta, entre 2010 y 2014, de 86% de embarazos entre las jóvenes de 16 a 19 años, 13,89% entre los 12 y 15 años, y 0,07% en edades de 9 a 10 años.
«Esta última cifra ni siquiera debería existir», afirmó al señalar que estos datos son similares a los que se registran en África subsahariana.
Mencionó datos recientes obtenidos en el Hospital Materno Infantil de Petare (estado Miranda) donde 94% de los embarazos atendidos fueron en jóvenes entre 15 y 19 años y 6% entre 10 y 14 años. Invitó al público que le escuchaba a hacer su propio cálculo si extrapolan esos números al resto de municipios del país.
Ramírez reconoció que los organismos del Estado están haciendo más esfuerzos en el área, «hay más consultas, hay más anticonceptivos, hay más preparación de los médicos para cumplir con la atención diferencial», pero cuestionó que se sigue violentando el derecho de los jóvenes a escoger una vida sexual sana porque no son suficientes los profesionales y lugares para atender la creciente población en estas edades.
Insistió en que hay una inclinación a estigmatizar el período de la adolescencia cuando debe entenderse que es la etapa en la que el individuo es más vulnerable. Explicó que, en nuestro país, la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes aumentó sobre todo después de la pandemia, y muchos han quedado a cargo de cuidar a sus familiares.
Darda Ramírez enumeró otros datos también muy alarmantes que están afectando a la población entre los 10 y 19 años, especialmente en los centros educativos públicos: el consumo de chimó —«muy barato», afirmó—; la ludopatía con apuestas en moneda extranjera —«mucho más frecuente de lo que se puedan imaginar»— y «el aumento de suicidios de forma impresionante entre niños y adolescentes, a edades tan tempranas como 8, 9 y 10 años».
Ante una pregunta, explicó la médico que existe un protocolo mundial de evaluación para adolescentes, conocido por el acrónimo HEADSS, con el que los médicos determinan los niveles de riesgos en las áreas Hogar, Educación y Trabajo; Actividades extracurriculares y extraescolares; Drogas y dieta; Sexualidad, seguridad, salud mental y Riesgo de suicidio. Aseguró que el personal médico venezolano está entrenado para aplicarlo y que parte importante de su ejecución es que los adolescentes tengan la posibilidad de hablar en privado sobre esos temas en la consulta de salud, sin la presencia de sus familiares.
Sobre las enfermedades de transmisión sexual, recalcó Ramírez la importancia de que se superen los tabúes y se enseñe a los jóvenes a usar la protección anticonceptiva dual, es decir, que se emplee el preservativo aunque se use otro método paralelamente. Informó que están detectando aumento de sífilis congénita en las adolescentes embarazadas y la reaparición de VIH.
Omisiones y barreras para la población sexodiversa
La doctora en Derecho Mariana Campos Villalba presentó un panorama global de la situación de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en América Latina y Venezuela. Mencionó los instrumentos vigentes a nivel mundial y desarrolló, entre las recomendaciones para los activistas y ciudadanos preocupados, el concepto del litigio estratégico, empleado por los defensores de DDHH cuando, conscientemente, promueven causas judiciales que tienen como propósito concientizar a la sociedad sobre las injusticias y forzar aclaratorias legales que abonen en la ruta de los derechos vulnerados.
En Venezuela, los datos presentados por la abogada indican que, si bien por un lado ha habido avances en la legislación, el Estado no se ocupa de promocionarlos suficientemente o, en algunos casos, los avances plasmados en leyes y otros instrumentos no se han ajustado a los principios universales de los derechos humanos, sino que han atendido motivos colaterales.
Citó varios instrumentos, reformas y sentencias que abren espacios a la defensa de los derechos de la sexodiversidad, entre ellos la Ley para el Respeto de los Derecho Humanos en el Ejercicio de la Función Pública (artículos 8, 9 y 11); Ley de Reforma de la Ley para la Protección de las Familias, Maternidad y la Paternidad (artículo 5); Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda (artículo 5); Resolución de la Defensoría del Pueblo (marzo 2020) que crea la defensoría Delegada especial con competencia a nivel nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad; y la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ (16 marzo 2023), que declaró la nulidad del Artículo 565, en su último aparte, del Código Orgánico de Justicia Militar.
También habló de las omisiones legales, entre ellas, la Ley del Subsistema de Salud del Sistema de Seguridad Social, donde se excluyó expresamente la cobertura pública del cambio de sexo; Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se limitó la adopción a parejas heterosexuales, y la Ley Orgánica de Educación, donde se suprimieron las referencias, que estaban en el proyecto original, acerca de la educación contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Para finalizar su exposición, entre “las barreras” que afectan el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTQ+, Mariana Campos identificó el artículo 77 de la Constitución, el artículo 44 del Código Civil y el artículo 118 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Violencia de género y limitaciones de movilidad
En la última etapa de las exposiciones intervinieron Manuela Pérez –que constituyó el Proyecto Fundación Adriana Urquiola en memoria de su hija, fallecida en medio de la violencia de las protestas de 2014, a causa de disparos- y la urbanista Yunitza Dávila, que presentó un panorama general sobre las dificultades que la ciudad presenta para las personas con movilidad reducida.
Manuela Pérez tituló su exposición «La justicia, un camino de enseñanza, sororidad y activismo para la transformación social». En ella habló de cómo acompañar a los familiares y activistas que luchan contra la violencia basada en género en todo el país.
Compartió con los asistentes a las jornadas detalles de grupos y mecanismos que se ocupan de hacer visibles las denuncias de violaciones de derechos de las mujeres por todas las vías que facilita la tecnología y que permiten crean redes que potencian esos esfuerzos.
En tanto, la urbanista Dávila habló de «accesibilidad para todos», en el marco de lo estipulado por La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, que establecen requisitos sociales y estructurales para asegurar la inserción de la población con movilidad reducida.
Detalló que 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, la mayoría pertenecientes a sectores menos pudientes. En Venezuela, al menos 1,5 millones de personas forman parte del porcentaje global, afirmó Dávila.
Explicó que Venezuela fue un país pionero en el marco de los derechos de las personas con discapacidad, y tiene recursos y un marco legal para avanzar en estas garantías.
Sin embargo, afirmó que «salir a la calle en Caracas es caro» y que hay personas que «por temas de accesibilidad y movilidad, posiblemente nunca salga de sus hogares y solo pueda ver el mundo a través de ventanas y pantallas».
Presentó videos de diferentes zonas de Caracas donde quedó en evidencia la cantidad de obstáculos que se presentan para cualquier persona con movilidad reducida. «Es como restregarle a la persona que no decidió tener una discapacidad, que no tienes permiso para disfrutar de esta ciudad», lamentó Yunitza Dávila.
♦Texto: Elvia Gómez y Gabriel Jaramillo/Fotos: Manuel Sardá y Gabriel Jaramillo
