Abogados laboralistas de la UCAB creen que temas como la fijación del salario o el eventual establecimiento de un nuevo modelo de remuneración deben discutirse ampliamente en el sector público y privado, con un enfoque de respeto de los derechos humanos

La crisis multidimensional en Venezuela incluye la arista de las relaciones laborales, trastocadas en los últimos 13 años por la mayor contracción económica en la historia contemporánea del país, una caída de más de 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) que diluyó el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores y con ello impactó pensiones y beneficios laborales, como utilidades y prestaciones sociales.

En un contexto marcado por la decisión del Gobierno de no aumentar el salario mínimo en los últimos tres años, con una política de aumento del ingreso mediante bonificaciones, la realidad de los trabajadores venezolanos en la Administración pública y en el sector privado está marcada, en diversos niveles, por la vulneración a la protección laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.

A propósito del Congreso Cincuentenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UCAB), que incluyó un panel sobre la protección del trabajo, tres abogados especialistas de la universidad,  consultados por El Ucabista, coinciden en que esta situación  requiere de una negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el gubernamental, para llegar a acuerdos sobre los términos salariales viables en el contexto actual.

Desalarización general del trabajo

De acuerdo con el abogado laboralista y profesor de la UCAB, Humberto Villasmil, el elemento determinante de las relaciones laborales de los últimos años en Venezuela es lo que califica de «desalarización» de la remuneración de los trabajadores.

«Si lo que tú ganas, producto de un trabajo, no es salario, qué ocurre: se está desalarizando la remuneración y eso impacta una serie de variables. El elemento central de todo el sistema protector y de toda la regulación de protección es el salario y el tiempo de trabajo. Si esas piedras de toque están afectadas, lo que tenemos es una deslaboralización general del trabajo en cuanto a la idea de protección», dijo Villasmil.

Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT), el salario es la remuneración que comprende los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, entre otras variables.

(LEER TAMBIÉN: El IIJ UCAB CUMPLE 50 AÑOS «COMPROMETIDO CON NUESTRA SOCIEDAD Y PLANTANDOLE CARA AL SILENCIO»)

En Venezuela, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, poco más de un dólar según el tipo de cambio oficial,  lo que lo convierte en el más bajo de la región, por detrás de Argentina ($163), República Dominicana ($241), Brasil ($260), Perú ($270) y Colombia ($323).

El Gobierno denomina «ingreso mínimo integral» al monto mensual que incluye el salario más bonos en bolívares, indexados a un equivalente en dólares, que en los últimos años conforman su política de pago a los trabajadores y no cuentan en los cálculos del salario mínimo, en los términos que establece la ley.

«Esa categoría de ingresos adicionales busca justificar una política de bonificación que es de desalarización. Hay una colisión porque la legislación nuestra define el salario, por cierto, en línea con el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», agregó Villasmil. 

¿Por qué el Gobierno no ajusta el salario mínimo?

Para el director del IIJ UCAB y jefe del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho, César Carballo, el Gobierno elude cualquier acuerdo en materia salarial con trabajadores y empresarios por el impacto que ello tendría en prestaciones sociales y homologación de pensiones.

«Cada bolívar sobre salario mínimo automáticamente tiene impacto en prestaciones sociales y se homologan las pensiones. No hay capacidad para eso, con lo cual se aumenta el ingreso no salarial: bonos y cestaticket. Esa ha sido la modalidad», apuntó Carballo.

La economía venezolana no registra una recuperación sostenida, tras la mayor contracción del PIB ocurrida entre finales de 2013 y 2021. Cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, presentados en su Informe de Coyuntura Venezuela-Abril 2025, pronostican una caída de 2% en la actividad económica al cierre del año.

«Al diluirse el salario, el impacto en otros beneficios se evapora, desaparecen prestaciones sociales, utilidades que se calculan con el salario, bonos vacacionales. Todo eso se va a ver mermado. Es una situación salarial muy difícil. Por eso la compensación viene por la vía de los bonos», añadió el profesor.

La situación en Venezuela constituye un caso de seguimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, en noviembre de 2024, reiteró su llamado al Gobierno para que cumpla con los convenios 26, 87 y 144, luego de los compromisos establecidos en el Foro de Diálogo Social actualizados en febrero de 2024.

«Hay un seguimiento de la OIT porque ya hay un dictamen. Uno de esos temas es la fijación del salario mínimo. El convenio que tenemos en Venezuela obligaría a abrir un debate para la fijación del salario mínimo. ¿Qué es lo que critican los dirigentes sindicales? Los llaman a debatir y luego se aumenta el ingreso mínimo vital por la vía de bonificaciones», precisó Carballo.

(LEER TAMBIÉN: ESTUDIANTES DE DERECHO UCAB ANIMAN A DEBATIR SOBRE ALCANCES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL)

Un nuevo modelo salarial exige debate

Recientemente, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) propuso al Gobierno fijar el ingreso base para los trabajadores en el equivalente a $200 mensuales, pero puso sobre la mesa la necesidad de establecer un nuevo modelo de remuneración que se adapte a la realidad económica venezolana y disminuya el peso de los pasivos laborales.

Carballo cree que, para el Gobierno, la discusión de este asunto es «políticamente complicado».

«Es un tema delicado abrir la discusión sobre las prestaciones, algo que fue un emblema de la ley de 2012: el retorno a la retroactividad de las prestaciones, por ejemplo. El problema ahora son las prestaciones. O decir que el problema es la homologación de pensiones, algo que está consagrado en la Constitución de 1999», detalló el director del IIJ UCAB.

El académico insiste en que una negociación colectiva a lo interno de las empresas y del propio gobierno «es lo más viable en este momento». «Que en cada empresa, en cada ministerio, en cada ámbito, se negocie colectivamente y se lleguen a acuerdos para compensar esta situación«.

Villasmil coincide con Carballo sobre la necesidad del diálogo social. No obstante, puntualiza que ese diálogo social tiene requisitos considerados por la OIT, como el respeto a la libertad sindical en todas sus manifestaciones y voluntad política de parte del Gobierno.

«¿Qué hace social al diálogo? Que los actores de la producción, trabajadores, empresarios y gobierno discuten políticas públicas vinculadas con el trabajo. El Gobierno tiene que reconocer que el diálogo social es conceder: ceder con otros. Si no hay nada que ceder, no tendremos diálogo social, que es la llave maestra de un modelo democrático de relaciones laborales.», sostuvo Villasmil.

Garantizar los DD.HH. debe ser prioridad

El investigador del IIJ UCAB, Anselmo Coelho, destaca que generar condiciones laborales dignas es también una exigencia de garantía y respeto a los derechos humanos, sobre todo en un contexto como el venezolano.

«Hablar de Venezuela con óptica de derechos humanos es complejo porque estamos en una situación general que no solo se limita a lo laboral, pero ahí tiene mucha incidencia», señaló Coelho.

El investigador considera que el diálogo social que la OIT promueve con su actuación en el caso venezolano puede ser clave en la ruta para la creación de una nueva política y legislación laboral que atienda este enfoque.

«Es lo que, en última instancia, tendremos que hacer, tomando en cuenta y apuntando al pleno respeto y garantía de los derechos humanos como base, mediante un diálogo social y una negociación colectiva, no solo en el plano intraempresarial, sino nacional», añadió Coelho.

La OIT identificó la vulneración de derechos laborales en Venezuela, entre los que se cuentan el derecho a un salario mínimo justo, la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, así como lo relacionado con una consulta tripartita efectiva entre gobierno, empleadores y trabajadores.

♦Texto y fotos: Jesús Abreu Mena

(LEER TAMBIÉN: NUEVAS TECNOLOGÍAS EXIGEN REPENSAR DERECHO DEL TRABAJO, SEÑALARON EXPERTOS DE LA UCAB)