Los restos de las estructuras colapsadas en los terremotos del 24 de junio comprometen la integridad de suelos, cuerpos de agua y calidad del aire, y constituyen un riesgo para la salud pública. El director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, Joaquín Benítez, considera imprescindible manejar los desechos con criterio técnico y ejecutar proyectos de reciclaje que mitiguen su impacto ecológico
Según cifras oficiales del gobierno venezolano, los sismos de finales de junio impactaron 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron totalmente, la mayoría en La Guaira. A esto hay que sumar la destrucción de puentes, carreteras y otras obras de infraestructura asociadas a servicios públicos.
La remoción y el manejo de los escombros asociados a este desastre pueden suponer una cadena de contaminación que compromete la salud pública y el estado de los ecosistemas de las zonas afectadas.
Así lo advirtió Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB e individuo de número de la de la Academia de Ingeniería y Hábitat, quien explicó que las estructuras urbanas están construidas con materiales que pueden ser contaminantes y que, al colapsar los edificios, se esparcen sobre el suelo, el aire y las redes subterráneas.
El ingeniero indicó que, en el caso de los terremotos de Venezuela, el volumen físico de los residuos representa el primer obstáculo logístico.
«El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula la producción de 1,2 millones de toneladas de escombros únicamente en el estado La Guaira. En el municipio Chacao, datos oficiales de la alcaldía confirmaron que la recolección de los escombros generados por la caída de dos edificios entre Altamira y Los Palos Grandes demandó el tránsito de más de 3.000 viajes de camiones de carga», detalló.
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Contaminación del aire, agua y franja costera
Advirtió Benítez que la remoción de escombros genera emisiones de polvo que pueden tener efectos perjudiciales sobre personas sensibles. El aire recibe también el impacto de los gases liberados por incendios secundarios, fugas de gas y las emisiones del transporte pesado de emergencia.
A nivel de suelos, el asunto no es menos complicado. A los materiales sólidos se suman líquidos contaminantes, aceites, combustibles y sustancias químicas peligrosas.
«A nivel subterráneo, la fractura de la red de cloacas y desagües provoca filtraciones cruzadas, una mezcla peligrosa entre las tuberías de aguas negras y las limpias, que contaminan los acuíferos y el agua potable. El recurso hídrico sufre una alteración directa por el arrastre de sedimentos y lodo que ensucian llenan de barro el agua, sumado a la liberación de químicos, aceites y combustibles almacenados que se cuelan hacia el entorno».
El docente también mencionó las consecuencias que el movimiento sísmico tuvo sobre las obras de ingeniería diseñadas en La Guaira para contener la fuerza de los deslaves causados por las lluvias de 1999. Hizo referencia al impacto en presas de sedimentos y torrenteras que contenían la fuerza de ríos y quebradas. «La desestabilización del entorno físico obstruye cauces y altera la conectividad urbana», apuntó.
Manifestó preocupación por la descarga de escombros hacia el mar. «Hay reportes de descargas de escombros en la franja costera, una acción que traslada materiales tóxicos directamente al mar y afecta el ecosistema marino», dijo.
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Manejo y disposición de escombros: ¿Qué dice la normativa?
El director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB recordó que quienes dispongan escombros de manera negligente se enfrentan a severas sanciones penales y civiles contempladas en la Ley Penal del Ambiente.
Aseveró que, en eventos adversos como los terremotos, la remoción de los desechos se rige por cuatro instrumentos jurídicos clave: la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, la Ley Integral de Gestión de la Basura y el Decreto 2.216, el cual dicta las normas para el manejo de desechos sólidos no peligrosos.
Para evitar una segunda crisis sanitaria o ambiental que agrave la problemática, precisó Benítez, las alcaldías y entes competentes no pueden improvisar botaderos en las calles. Asimismo, la Ley Integral de Gestión Integral de la Basura prohíbe arrojar o abandonar restos de estructuras en terrenos baldíos, márgenes de ríos, quebradas o vías públicas no autorizadas.
«El vertido informal está vetado porque colapsa la infraestructura urbana y tapona los drenajes naturales, multiplicando el riesgo de inundaciones si se presentan lluvias. En este escenario de contingencia, los artículos 27 y 39 obligan a los municipios a ejecutar planes de emergencia con la activación inmediata y delimitación estricta de los Sitios de Almacenamiento Temporal (SAT) y los centros de disposición final», comentó.
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De la remoción al reciclaje: algunas recomendaciones técnicas
Entre otras acciones, el ingeniero detalló que, durante las tareas de remoción, carga, transporte y descarga de las ruinas, es indispensable aplicar riego constante con agua para evitar que el polvo y las partículas de los materiales se levanten y contaminen el aire.
Asimismo indicó que es muy importante, antes de remover los escombros del sitio, identificar y preservar las muestras «que van a servir para el análisis forense de la estructura».
Otro pilar en el manejo de los residuos es la «segregación obligatoria en origen», la cual consiste en separarlos directamente en el lugar donde cayeron los edificios.
«En los sitios de demolición es mandatorio dividir los escombros limpios, como el concreto o bloques, de aquellos materiales clasificados como peligrosos. Unir ambos tipos de restos convierte todo el volumen de escombros en un desecho peligroso. Este error operativo multiplica automáticamente los costos logísticos de limpieza y eleva drásticamente los riesgos para la salud pública«, afirmó el experto.
De igual manera, cada camión de volteo que transite por la ciudad debería cubrir su carga con lonas protectoras, para prevenir o minimizar emergencias respiratorias en las comunidades aledañas a las zonas de desastre.
El director de Sustentabilidad Ambiental señaló la necesidad de reciclar aquellos restos que sean recuperables. Recomendó priorizar la trituración de concreto, bloques y morteros caídos y concreto en los Sitios de Almacenamiento Temporal.
«Este material puede ser reutilizado como base para estabilizar terrenos dañados, rellenar fosas de colapso o habilitar el suelo de los refugios temporales. Aquello que definitivamente no se pueda reutilizar debe enviarse a sitios de disposición final coordinados con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y las ingenierías municipales».
El experto puso a disposición la experiencia y conocimiento de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental y el Postgrado de Ingeniería Ambiental de la UCAB para asesorar y apoyar a instituciones públicas y privadas respecto a las acciones estratégicas en esta área.
«Al Estado le corresponde tratar de tomar las mejores decisiones y le corresponde aliarse con aquellos actores que efectivamente colaboren con las mejores decisiones», enfatizó.
♦Texto: Juan Sánchez/Fotos: ONU y OCHA (apertura y situacionales) y Manuel Sardá (retratos Joaquín Benítez)
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