Marcelino Bisbal

I

Si algo ha caracterizado a este proceso político, a este régimen que se inició en 1999, es la avidez o la pasión por la censura en todos los órdenes de la vida pública; pero muy especialmente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y el periodismo que se ejerce desde ellos. Aunque la censura es inconstitucional, desde que el país entró en la era democrática iniciada en 1945 con la instauración de la Primera República Liberal Democrática, según nos apunta el historiador Germán Carrera Damas, a lo largo del tiempo ha habido serios intentos y acciones que han limitado el pleno y plural ejercicio de comunicar. Este es un concepto, como nos refiere Antonio Pasquali, mucho más amplio y omnicomprensivo, que abarca a la libertad de expresión como derecho, no solo de los que ejercen el oficio de la comunicación, sino de todos los humanos por el hecho de estar en el mundo y convivir con los otros.

Sin embargo, la comprobación histórica de cómo se ha venido ejerciendo ese derecho nos hace afirmar que en estos tiempos de la llamada revolución bolivariana han ocurrido acontecimientos y episodios que alcanzan límites extremos que no conocíamos. Avalados además por una jurisprudencia que se dice democrática y que tiene como objetivo declarado alcanzar una falsa idea de la necesaria democratización de las comunicaciones. Allí están todos los informes, documentos y declaratorias elaborados por organizaciones no gubernamentales, tanto locales como internacionales, que se han dedicado a auscultar el estado de ese derecho año tras año.

Tales diagnósticos nos hablan de cómo el Gobierno le ha dado una gran importancia al control de los medios y sus informaciones, de cómo el Gobierno ha impuesto un juego político cada vez más cercano a la antipolítica y una retórica que altera radicalmente el lugar que ocupaba la política… Y ¿cuál ha sido el resultado de esas imposiciones? Germán Carrera Damas en su voz de alerta titulada En defensa de la República (2013) lo expresa de manera muy clara cuando nos dice que la República está amenazada al ver como sus bases se van erosionando y destruyendo poco a poco. Confiesa el historiador que:

Hace algún tiempo que vengo dando, por esta vía, la voz de alerta ante lo que he denominado la demolición de la República, concebida como la manera de abolir el ejercicio de la Soberanía Popular como fuente necesaria de la legalidad y legitimidad del Poder Público (…) Hemos desembocado, de esta manera, en una situación en la cual toda comparecencia ante la Soberanía Popular se ha vuelto temible para el régimen. Hasta el punto de que sus usufructuarios sienten la necesidad no ya de falsear los términos de esa comparecencia, sino de hacerla innecesaria.

 

II

 En Venezuela se ha dado y se sigue dando aún, en los círculos académicos, entre los periodistas, los opinadores y en la propia sociedad civil, el debate de si el Gobierno que hoy tenemos es una dictadura, un régimen autoritario, un autoritarismo electoral o lo que han llamado un neoautoritarismo. Visto todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, yo me inclinaría por caracterizar al Gobierno, siguiendo a Umberto Eco, como un régimen totalitario de hecho.

Estamos en presencia de un Gobierno que tiene todo el poder, que ha secuestrado las instituciones del Estado, que desconoce el voto popular y que monopoliza –por diversas vías­– los flujos de información prácticamente controlando todas las fuentes comunicativas. Es un régimen de hecho porque sus acciones públicas no se justifican con ideas y debates, sino con imposiciones que deja traslucir la presencia cada vez más marcada de la barbarie frente a la civilidad. “La instauración de un régimen totalitario de hecho (que, repito se instaura más allá de las voluntades individuales) no forma parte de ninguna dialéctica democrática” nos referirá Eco.

En el campo de las comunicaciones, la política del régimen totalitario de hecho es controlar a los medios de comunicación y a sus comunicadores. Hoy, el control se ejerce por vías sofisticadas, por lo tanto sus resultados generan autocensura, complacencia y sumisión frente al poder. Entramos así en un régimen de censura.

A principios de junio el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia prohibiendo a los medios digitales difundir videos de linchamientos a través de sus páginas de Internet y las redes sociales, haciendo que esta medida, según  reza la sentencia Nº 429/2016, se extienda a todos los medios de comunicación. Expresa la sentencia: “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a una información oportuna y veraz. Partiendo de allí, los comunicadores sociales tienen el derecho de expresar periodísticamente un hecho noticioso y los usuarios y usuarias tienen el derecho de recibir una información adecuada, pero estos derechos no deben crear zozobra e incertidumbre en la población, ya que el ejercicio de la comunicación social debe contribuir con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad”. Y añade: “La difusión de estos videos podrían exaltar (…) el fomento de la anomia, el irrespeto a las leyes y a los derechos humanos”. Otro tanto podríamos decir los ciudadanos ante lo que sucede en el país con relación al tema del desabastecimiento de alimentos y de medicinas negadas por el alto Gobierno; ante la presencia de una retórica descalificadora, excluyente, insultante y mentirosa sobre la realidad inmediata; ante la omisión estatal hacia la violencia creciente; ante las altas tasas de impunidad frente a hechos delictivos; ante las 2.779 protestas ocurridas en estos meses del año por la situación que vive el país.

Esta acción de censura y su justificación, que va en sentido contrario a lo que dice el artículo 58 de la Constitución, que prohíbe la censura previa, se suma a todo un  conjunto de agresiones físicas y jurídicas hacia los medios y los periodistas. La lista es larga:

  • En lo que va de año, la ONG Espacio Público detectó 40 casos de intimidación a los medios (confiscación de equipos, detenciones e impedimento de cobertura) y 19 casos de agresión.
  • La prohibición del TSJ a la publicación de fotografías de crímenes, alegando el bienestar de los niños y adolescentes.
  • La prohibición de publicar avisos clasificados con contenido sexual, por ser denigrantes de la mujer.
  • El espionaje comunicacional que atenta contra la privacidad de las comunicaciones.
  • El número de acciones legales por los delitos de difamación e injuria ha crecido en estos años. El caso más emblemático es el de El Nacional, Tal Cual y La Patilla por haber reproducido un reportaje del diario ABC de España en donde se vincula a Diosdado Cabello con el narcotráfico. Se le ha prohibido a sus directivos (22 personas) salir del país.
  • La condena a cuatro años de prisión por difamación e injuria del editor del diario Correo del Caroní por informar la corrupción existente en la empresa estatal del hierro en Ciudad Guayana.
  • … y un largo etcétera.

Después, el ministro para la Comunicación e Información nos dice: “En Venezuela hay un verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Hay algo que nosotros no podemos negar. Hoy en nuestro país la población en general tiene muchísimas mayores posibilidades de expresarse libremente a través de los medios de comunicación. Hablamos incluso de la posibilidad de que hoy millones de venezolanos, a través de medios comunitarios, a cualquier localidad que tú vayas del país, cualquiera de nosotros lo puede comprobar, hay una radio comunitaria, hay una televisora comunitaria, hay un periódico comunitario, hay colectivos que utilizan ahora redes sociales. Nosotros hacemos un verdadero ejercicio de la libertad de expresión”.

 

 

III

Ante el des-orden que reina en el país y que desde el poder se quiere ignorar u ocultar, por aquello que nos apunta el escritor Arturo Pérez –Reverte cuando expresa que:

Aquel objetivo elemental, que era obligar al lector a reflexionar sobre el mundo en el que vivía, proporcionándole datos objetivos con los que conocer este, y análisis complementarios para mejor desarrollar ese conocimiento, casi ha desaparecido. Parecen volver los viejos fantasmas, las sombras siniestras que en los regímenes totalitarios planeaban, y aún lo hacen, sobre las redacciones. Lo peligroso, lo terrible, es que no se trata esta vez de camisas negras, azules, rojas o pardas, fácilmente identificables. La sombra es más peligrosa, pues viene ahora disfrazada de retórica puesta al día, de talente tolerable, de imperativo técnico, de sonrisa democrática. Pero el hecho es el mismo: el poder y cuantos aspiran a conservarlo u obtenerlo un día no están dispuestos a pagar el precio de una prensa libre, y cada vez se niegan a ello con más descaro.

Por eso, la metáfora del periodista Ryszard Kapuscinski cuando expresaba que “El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”, cobra vigencia en esta Venezuela de hoy.