Hablar de comunicación, mejor vamos a hablar de comunicaciones, implica hablar de política y sociedad. Porque una comunicación libre, una libertad de comunicación, una libertad de expresión y un derecho tan fundamental y totalizante como es el derecho a la información y comunicación significa entender y visualizar la calidad de la vida política que prevalece en una sociedad. Como nos lo expresa claramente el sociólogo chileno José Joaquín Brunner:

Existe una conexión profunda entre el sistema político prevaleciente en una sociedad determinada y el régimen comunicativo que aquel en parte condiciona y al cual necesita para subsistir.

¿A qué viene esa idea-fuerza? Hoy estamos en presencia de nuevo régimen comunicativo. La comunicación social ―léase mejor información― y los medios por donde ella circula han ganado en estos dieciséis años un papel estratégico para el poder instaurado desde 1999. La idea casi exclusiva de la comunicación dentro de una economía abierta y competitiva empezó a cambiar desde los inicios del régimen chavista. Pero en el tiempo también empezarían a cambiar las comunicaciones libres, abiertas y plurales. En la denominada era bolivariana, la subordinación de los medios y sus comunicaciones con respecto a la política ha venido siendo una constante impuesta desde la cúspide del poder. Hoy, el debate político para el mundo oficialista se juega en y desde los medios, de ahí que el Gobierno haya querido imponer lo que denominamos un nuevo régimen comunicativo.

Este nuevo modelo de estructura comunicacional ha intentado, con éxito, la ruptura, reorientación y reorganización del régimen comunicativo anterior, especialmente de los llamados medios públicos ―nunca tan gubernamentalizados y partidizados como en el presente― con la única función de asegurar un orden fundado en controles oficiales para inducir en la sociedad la idea de que el hombre nuevo está naciendo y, al mismo tiempo, llevándose por el medio la memoria del pasado político, la historia del país, su cultura, su identidad y hasta las actitudes de tolerancia y pluralismo.

El tiempo ha transcurrido y en estos años, hasta el presente, las comunicaciones y las políticas públicas impuestas para ellas han sido de mayor control y regulación; de creación de mecanismos jurídicos que han significado intimidación y autocensura; de diseño de una amplísima plataforma mediática de carácter hegemónico y el establecimiento de una narrativa y arquitectura simbólica que ha logrado convencer a la mitad del país. En definitiva, la operación que se puso en marcha desde los sucesos de 2002 se conecta con la idea expuesta en el Brasil de 1934, plena dictadura de Getulio Vargas, cuando un grupo de intelectuales cobijados en el Gobierno le dijeron a este que “los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado”.

Lo que ha venido ocurriendo en el tiempo es la pérdida de un periodismo crítico, plural e independiente; las restricciones a la libertad de expresión y de información; el escandaloso secuestro de la radio-televisión pública; el asalto a Conatel para convertirlo en una entidad más política que técnica; la creación de leyes que controlan contenidos incómodos para el Gobierno; la discriminación publicitaria hacia los medios que son críticos; el caso de RCTV; la concepción de las telecomunicaciones para la construcción de una sociedad socialista; el intento sostenido de querer imponer un modelo cultural distinto de corte personalista, autoritario y militarista…

El régimen chavista ha puesto de manifiesto, como ningún otro gobierno de los que hemos tenido, lo que dijera Antonio Pasquali en cierta oportunidad: “El chavista es el primer gobierno del país que comprende la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades, y es una lástima que haya aplicado esa comprensión a la causa equivocada”. O lo que expresara el escritor Alberto Barrera Tyszka; “Este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones. Llevamos catorce años viendo cómo se reproduce mil veces un guion”.

Todos los diagnósticos actuales sobre comunicación e información apuntan de manera muy general que la libertad de expresión no se reduce solamente a la censura directa de un  medio, o a poner presos a sus profesionales del periodismo, sino que también existen otros caminos que afectan el derecho a esa libertad cívica. Estos caminos se apoyan en la intimidación, hostigamiento judicial, restricciones administrativas, detenciones arbitrarias de periodistas, uso de información para desprestigio de medios y periodistas…  que limitan en grado importante el ejercicio de la libertad de expresión y de información en nuestro país. Además nos confirman lo que hemos venido padeciendo los venezolanos a lo largo de todos estos días: la censura y la mordaza están al desnudo.

En estos meses del gobierno de Nicolás Maduro se han hecho patentes:

  1. Llamado de atención a las televisoras por “su falta de compromiso por la Misión Patria Segura”. Reunión en Miraflores. Resultado: silencio absoluto de la mayoría de los medios radioeléctricos del país.
  1. Se le recrimina al diario El Universal por su tratamiento del tema de la seguridad.
  1. Ahogo de los principales diarios por la falta de papel. Especialmente hacia los más críticos como El Nacional , El Impulso, El Carabobeño, Correo del Caroní… Ya se han cerrado 22 diarios. Otros están a punto de hacerlo. Pero a los medios impresos gubernamentales (7) se les otorga un crédito adicional para la compra de bobinas de papel. No pasan por los trámites engorrosos para la obtención de divisas.
  1. El decreto que crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Se hace visible la mordaza ante informaciones de línea crítica.
  1. Crecimiento de la plataforma de medios gubernamentales. Hoy el Gobierno cuenta con 14 televisoras, 25 estaciones de radio AM y 105 en FM. Esto incluye un sistema de información para la Fuerza Armada: Tiuna FM (101.9) y TVFANB.
  1. Retiro de la televisión por suscripción del canal colombiano NTN24. Orden del Ejecutivo sin mediar investigación alguna. Han sido amenazados, “por incitar a la violencia y a la zozobra”, CNN en español, FOX, RCN, Caracol, y todo en nombre “de la paz y el retiro de la violencia de las pantallas”.
  1. La decisión contra el diario Tal Cual, Teodoro Petkoff y su directiva. Se violenta el derecho penal al estar en presencia de un absurdo jurídico por un delito de opinión.
  1. La venta de medios a compradores desconocidos. No hay transparencia en esos traspasos. Cambio de línea editorial y de agenda informativa. De medios críticos u objetivistas, pasan a ser complacientes con el proceso político gubernamental.
  1. Comienza a surgir la llamada censura digital ante lo que han llamado, desde el Gobierno, la “guerra electrónica”.
  1. Y lo más reciente. La medida de prohibición de salir del país a 22 directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y el agregador de noticias La Patilla. El protagonista de la demanda es el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello. La demanda fue motivada porque se publicó una información aparecida originalmente en el diario español ABC. En la nota informativa publicada por el periódico madrileño se acusa a Diosdado Cabello de liderar el llamado “Cartel de los Soles”. La acusación: por injuria agravada. La medida prohíbe la salida del país y la presentación cada ocho días ante el tribunal respectivo.

Y ya para cerrar, digamos que estamos en presencia de un gobierno en funciones de Estado que esquizofrénicamente profesa una idea del poder que alienta acciones y procesos en diversos ámbitos de la vida que van en una dirección muy distinta a la de considerar a la libertad de expresión como una pieza fundamental y clave de la democracia. Y concluyamos con estas palabras de Bill Kovach, que fue periodista en The New York Times, y quien expresaba hace unos años que

El periodismo y la democracia crecieron juntos. Ellos crecerán y prosperarán, o morirán juntos.

♦ Marcelino Bisbal