El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) estará presente en sendas audiencias que se realizan en el 175 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual se está llevando a cabo en Puerto Príncipe, Haití, del 2 al 8 de marzo de 2020.
La primera será este jueves 5 de marzo, a las 4:45 pm (hora Venezuela) y versará sobre las “Afectaciones al derecho a la educación, libertad académica y autonomía universitaria en Venezuela”. Acompañando al CDH UCAB asistirán representantes de Aula Abierta, FCU UCV, Observatorio DDHH ULA y Fundaredes para la Educación, en nombre de más de 20 organizaciones peticionarias.
En la audiencia se discutirán temas como daños a niños, niñas y adolescentes en el derecho a la Educación; caída de las capacidades para garantizar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza primaria y secundaria; persecuciones por parte de autoridades del Estado contra el gobierno autónomo universitario; migración forzada de profesores y estudiantes como consecuencia de la emergencia humanitaria en las universidades; restricciones y represalias contra la autonomía universitaria, la libertad académica y otros derechos humanos; prácticas discriminatorias en la esfera de la enseñanza y la investigación; violaciones a la libertad de asociación, derechos sindicales y laborales del sector universitario; invasión de dependencias universitarias y violación a los derechos ambientales; y criminalización de la protesta pacífica en contra de universitarios.
La segunda audiencia será el viernes 6 de marzo de 2020, a las 10:00 am (hora Venezuela) y concentrará su discusión en la “Situación de los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas en Ecuador”. Junto al CDH UCAB asistirá el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Misión Scalabriniana, en representación de las 9 organizaciones que solicitaron esta audiencia.
Ecuador ha acogido a 385.042 personas venezolanas en situación de movilidad humana, que han salido del país debido a las graves violaciones de derechos humanos. De ellas, al menos 57,3% ingresó a Ecuador con cédula de identidad, 41,7% pasaporte, 0,8% lo hizo sin ningún tipo de documento y, al menos, 68,9% se encuentra en situación migratoria irregular en Ecuador.
Durante esta situación, las autoridades ecuatorianas han adoptado medidas restrictivas en contra de la población venezolana, el gobierno resolvió que a partir del 26 de agosto de 2019 los venezolanos requirieran de manera previa una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para poder ingresar al país.
Los requisitos exigidos para la obtención de la visa humanitaria no son accesibles a la población y dejarían en condición migratoria irregular a quienes han ingresado presentando su documento de identidad, pero que carecen de pasaporte. A consecuencia de estas restricciones se ha incrementado el paso por caminos irregulares de los venezolanos. También, esta población vulnerable ha sido víctima de xenofobia por parte de las autoridades ecuatorianas en razón de su nacionalidad.
Por último, el Ejecutivo, en julio de 2019, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana, encaminada a fundamentar la implementación de procesos de expulsión y deportación acelerados, que pondría en condición de riesgo a la población migrante venezolana en situación irregular.
