El pasado 29 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que este 30 de junio iniciará, desde La Haya y vía telemática, las audiencias orales para atender la solicitud del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, que busca poner fin a la antigua controversia territorial con Venezuela por el Esequibo.
Guyana le está pidiendo a la CIJ que desconozca el vigente Acuerdo de Ginebra de 1966 (que establece la vía de negociación amistosa y satisfactoria entre ambos países) y declare como válido y vinculante el Laudo Arbitral de París de 1899 (que le adjudicó el territorio en reclamación al Reino Unido, para entonces en posesión de Guyana como su colonia).
Manuel Alberto Donís Ríos (Caracas, 1950) ha dedicado 34 años al estudio histórico de las fronteras de Venezuela, y particularmente las del Esequibo. Califica al laudo arbitral de París como una “fatídica decisión” que “nos arrebató 159.500 kilómetros cuadrados de territorio”.
A diferencia de quienes le auguran que la CIJ fallará a favor del reclamo de Guyana de adquirir plena soberanía sobre el territorio en reclamación, el experto del Instituto de Investigaciones Históricas “P. Hermann González Oropeza, SJ” de la Universidad Católica Andrés Bello (IIH UCAB), opina que la CIJ “no la tiene fácil” con este caso y cree que hay todavía espacio para recomponer la discusión del diferendo con ganancia para ambas partes.
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia desde octubre de 2011, Donís obtuvo su Doctorado en Historia en la UCAB con la tesis “Guayana: génesis compleja de una incorporación territorial”, aprobada Summa Cum Laude con mención publicación.
Solo en el último lustro, el profesor, docente e investigador a tiempo completo del IIH UCAB, ha producido cuatro nuevas publicaciones sobre el tema del Esequibo y los límites territoriales entre Venezuela y Guyana.
Con su más reciente libro, titulado “Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy” y publicado por abediciones este mismo mes, quiere llamar la atención sobre la necesidad de que exista voluntad política y unidad nacional para optar por la vía bilateral de negociación diplomática.
“Yo quitaría la figura de buenos oficios y colocaría las negociaciones directas, con profesionales de todas las tendencias, dejando de lado la parte ideológica. Se trata de intereses nacionales, es Venezuela y sus espacios geográficos y marítimos lo que está en juego, es el legado para las nuevas generaciones. También habría que hacer un trabajo a través de los medios de comunicación diciéndole al colectivo venezolano que una solución práctica y satisfactoria no conlleva, nunca ha conllevado, que Guyana prácticamente desaparezca del mapa al darnos las tres cuartas partes de su territorio. Los venezolanos hemos resuelto muchos retos y aquí está otro”.
Usted es docente investigador adscrito al IIH-UCAB desde hace mucho. ¿Cuáles son las fortalezas de este Instituto en el conocimiento de las fronteras nacionales?
«Una de las líneas más fuertes del IIH es la historia territorial de Venezuela. Yo ingresé hace 35 años al Instituto, que fue el primero que creó la UCAB, y me transformé en el alumno del padre Hermann González Oropeza, que lo fundó con el padre Pablo Ojer Celigueta, en 1956. Ambos fueron los expertos enviados por Venezuela para recopilar, en los archivos de EEUU, Gran Bretaña y otras partes de Europa, la documentación necesaria para justificar histórica, geográfica, jurídica y cartográficamente la reclamación del territorio Esequibo. Una vez conocido (1949) el memorándum de Severo Mallet-Prevost que nos permitió saber la farsa del laudo de 1899, con autorización de la Compañía de Jesús y de la Cancillería, González y Ojer se dieron a la tarea de buscar la documentación que sirvió para la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966 entre Gran Bretaña, la Guayana Británica y Venezuela. Hermann González y Pablo Ojer microfilmaron y copiaron esa documentación que hallaron en los archivos de medio mundo y que ahora reposa en el Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ambos permanecieron por unos 40 años como asesores de la Cancillería venezolana».
Usted termina el libro “Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy” con ocho recomendaciones al Poder Ejecutivo para abordar la controversia sobre el Esequibo. Con tanto conocimiento acumulado en el IIH UCAB, ¿han tenido ocasión de hacer llegar sugerencias a la Cancillería en los últimos 20 años?
«Yo fui asesor histórico de la Dirección General Sectorial de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y estuve encargado durante un tiempo de la mapoteca histórica, porque he trabajado la cartografía histórica. Luego, junto con el padre Hermann González, fui asesor histórico de la Cancillería. Eran otros tiempos. No tanto a mí, que estaba comenzando, sino al padre Hermann, nos consultaban sobre diversas áreas. Eso dejó de ser así. Solo el año pasado recibí una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a una exposición que iba a hacer el canciller sobre la respuesta que debía dar Venezuela a Guyana, pero me llegó de un día para otro y no tuve ni siquiera la oportunidad de responder. Lamentablemente, cuando se trata de publicaciones de la UCAB, y más en esta área, hay reservas. Somos todos venezolanos y estos son intereses nacionales que deben estar por encima de cualquier otra consideración».
¿Cómo evalúa la estrategia de Venezuela ante Guyana en los últimos 20 años, respecto del período anterior?
«No lo digo yo sino los documentos: el presidente Chávez comenzó bien, protestando cada vez que, de manera unilateral, Guyana violaba el Acuerdo de Ginebra. Desde 1966 hasta 2004, cada vez que ocurría un incidente la Cancillería enviaba la nota de protesta oficial. En 2004 la cosa cambió y se radicalizó en 2007. La reclamación pasó a un segundo plano y privó la conveniencia de ganarse la buena pro de los países de habla inglesa reunidos en la CARICOM. El presidente Chávez dijo, y eso está escrito, que él dejaba de lado la reclamación y que Guyana podía dar concesiones en esa zona, siempre y cuando eso beneficiara a los dos países. Eso le hizo daño a la reclamación y Guyana ha rescatado eso y lo coloca ahora como aquiescencia. La cuestión ideológica ha perjudicado la posición venezolana. Sin embargo, a partir de 2014 hubo detenciones, por parte de la Armada de Venezuela, de embarcaciones de compañías petroleras a las cuales Guyana les otorgó autorización para estudios del fondo marino y submarino en nuestros espacios de la zona en reclamación. Esas concesiones petroleras han dado excelentes resultados y Guyana podría transformarse en un nuevo Kuwait en América Latina. Guyana se olvidó de la hermandad ideológica de los amigos marxistas y logró en el Grupo de Lima que la primera declaración contemplara que Guyana tenía derecho a la Zona en Reclamación».
¿Cómo cree que el contexto político internacional y el cuestionamiento mundial contra Nicolás Maduro afecte el reclamo que la CIJ va a considerar el 30 de junio?
«Como historiador digo que debemos esperar al 30 de junio y ver qué decide la CIJ, que no la tiene fácil. Tiene que decidir primero si es o no competente para este asunto. Luego tendría que contar con el visto bueno de Venezuela. El Gobierno del presidente Maduro ha hecho lo correcto, ha dicho que Venezuela no tiene que comparecer a esa audiencia. El secretario general de la ONU no tenía competencia para, pasando por encima de los seis o siete medios pacíficos contemplados en el Acuerdo de Ginebra, decir que la solución era elevar, como lo hizo, este asunto a la CIJ. Si la Corte Internacional de Justicia llegara a decir que el Laudo de París es válido estaría pasando por encima del Acuerdo de Ginebra que firmaron Guyana, Gran Bretaña y Venezuela. Ese acuerdo está vigente y contempla buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Ahora, como ciudadano, sí estoy preocupado porque, en esta coyuntura en la que nos encontramos de vulnerabilidad total, la CIJ pudiera decidir en contra nuestra, aunque no las tiene todas consigo a pesar de las presiones que pudieran estar ejerciendo la Exxon o los gobiernos».
¿Cree que los jueces de la CIJ pueden ser más vulnerables a las presiones políticas y económicas que apegados al Derecho? ¿Qué dice de eso el registro histórico?
«Claro que están sujetos a presiones de todo tipo. Veamos el ejemplo de la decisión arbitral de 1899 que nos costó el territorio Esequibo. Cuando uno lee cómo se llegó a esa decisión, 5 a 0 en contra de Venezuela, teniendo Venezuela los legítimos títulos sobre el territorio y no teniendo Gran Bretaña ninguno, uno se da cuenta de que aquí las decisiones no son de estricto derecho sino que hay maniobras económicas, presiones de todo tipo. Decía el padre Hermann González que los venezolanos somos dados a creer en el estricto derecho y la buena fe, que cuando hablamos de una nación hablamos de la ‘hermana república’ y resulta que los países tienen in-te-re-ses, lo mismo tienen los tribunales internacionales. El derecho, decía el padre Hermann González, amerita cierto grado de fuerza y cierto grado de malicia para que el país logre su objetivo geopolítico. Pero, que Venezuela no esté en una posición favorable, no significa que todo está perdido. El Acuerdo de Ginebra es válido y es muy claro en el sentido del entendimiento, el arreglo práctico y satisfactorio. Quizás nos haya hecho mucho daño que los gobiernos anteriores no supieron manejar el asunto de ‘soluciones prácticas’ y se le ha dicho a los venezolanos que la reclamación es todo o nada: 159.500 kilómetros cuadrados y ya. No, una solución práctica es ganar y ceder, y una solución práctica puede ser un territorio que Venezuela decida que le conviene, más los espacios marítimos. Eso no necesariamente va a ir contra la totalidad del territorio reclamado, porque el vecino quedaría prácticamente sin territorio. Eso no lo permite la legislación internacional».
¿Cuál solución práctica pudiera ser?
«A como dé lugar la diplomacia tendría que lograr que Guyana y Venezuela se sienten a negociar de manera directa, sin interferencias de terceros y sin politización alguna. Venezuela tiene que salir de la figura de los buenos oficios, que desde 1984 no ha conducido a nada, e ir a negociaciones directas con cosas concretas. Cualquier situación que ocurra, y estoy hablando de los espacios marítimos, lleva a una segunda etapa. Hay que tener gentes calificadas, nacionales e internacionales, con conocimiento a profundidad del tema. Esto no es un asunto histórico, esto es jurídico. Hay que hacerle ver a Guyana la inconveniencia de no resolver este asunto porque necesita darle seguridad jurídica a las compañías que están en el Esequibo explorando y explotando el petróleo. Guyana no puede pretender, en su tesis maximalista, bloquearle a Venezuela su salida al Atlántico, lo ha intentado y trató de torpedear el acuerdo firmado entre Venezuela y Trinidad, en 1990, sobre áreas marinas y submarinas. Así controlaría desde la desembocadura del Orinoco hasta la desembocadura del Esequibo, que es la única salida de Venezuela al Atlántico, vital para la economía, en especial para las empresas básicas de Guayana. Aun en el peor de los casos, logrando que la CIJ le ratifique el laudo de 1899, Guyana tendría que sentarse a negociar con Venezuela las áreas marinas y submarinas en nuestra zona en reclamación. En el caso del mar, pudiera considerarse una explotación conjunta de recursos, del gas y del petróleo en la zona en reclamación».
Consideraciones finales del libro “Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy”
El Gobierno venezolano debe asumir una actitud contundente frente a Guyana.
Mantener como criterio claro la falta de competencia del Secretario General de las Naciones Unidas para elevar la reclamación a la Corte Internacional de Justicia.
El Acuerdo de Ginebra tiene vigencia y establece los mecanismos para resolver la controversia, pero ante el fracaso de la figura de los Buenos Oficios hay que acudir a los otros mecanismos. Pero con una condición: no para agotarlos todos y volver a empezar. Hay que resolver en el menor tiempo posible la controversia territorial.
La delimitación de los espacios marinos y submarinos debe ser resuelto mediante acuerdo entre las partes, previo arreglo de la frontera terrestre.
Debe reafirmarse públicamente que la salida libre al océano Atlántico no es negociable.
El Gobierno debe pronunciarse de manera contundente sobre los actos unilaterales que ejecute Guyana en la Zona en Reclamación y en el Mar Territorial, Zona Económica y Plataforma Continental adyacentes.
La Armada Nacional Bolivariana debe continuar con el patrullaje en la fachada atlántica y espacios marinos de la Zona en Reclamación.
Venezuela debe preparar una Comisión especial de expertos y juristas nacionales e internacionales para atender la Reclamación en los actuales momentos.
El libro «Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy” del historiador Manuel Donís puede descargarse, gratuitamente y en versión PDF, haciendo clic aquí:
Con su más reciente libro, titulado “Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy” y publicado por abediciones este mismo mes, quiere llamar la atención sobre la necesidad de que exista voluntad política y unidad nacional para optar por la vía bilateral de negociación diplomática.
