Tras dos años de pandemia, el centro adscrito a la Extensión Social de la UCAB retomó las actividades presenciales, en su sede en el Parque Social Manuel Aguirre, donde ofrece a las comunidades asesoría legal gratuita, confidencial e imparcial. Los estudiantes de derecho, junto con sus profesores, se encargan de llevar los casos, que superan los 200 semanales
2.166, ese fue el número de casos atendidos entre octubre del 2020 y febrero del 2021 por la Unidad de Clínica Jurídica Padre Luis M. Olaso s.j. de la UCAB. Con un equipo de 14 profesores y 151 estudiantes de Derecho, esta dependencia no paró sus actividades de consultoría legal gratuita durante la pandemia por covid-19.
Adaptarse, esa fue la actitud que tomó la Clínica Jurídica, bajo la dirección de la abogada y docente universitaria Aura Janesky Lehmann, para continuar su trabajo en la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos, Defensoría de niños, niñas y adolescentes; en el Servicio jurídico, el Voluntariado y sus servicios de formación. La comunicación telemática fue la vía para lograrlo.
Así, las llamadas, mensajes y asesorías por Zoom conformaron los canales mediante los cuales se llevó a cabo el intercambio entre el Centro y sus beneficiarios.
A pesar de que las actividades presenciales se retomaron el pasado 25 de abril, con el inicio del semestre, el protocolo de la asistencia a distancia se mantendrá, de manera complementaria, porque -según asegura Marialis Meneses, coordinadora general de la Unidad de Clínica Jurídica- ha funcionado de buena forma. «Cada semana vamos evaluando el desempeño. Ha sido mucho ensayo y error que se evalúa para incorporar, o no, otras metodologías de trabajo que apuntan al éxito en la presencialidad», señaló Meneses.
Para ser asistido por esta unidad, el interesado puede acercarse directamente a la sede, ubicada en la sede del Parque Social Manuel Aguirre (frente al campus Montalbán) o llamar a los números telefónicos 04126265453/ 04126264670 y 04126264743.
Además, a través de sus redes sociales (@CJuridicaUCAB en Twitter y @clinicajuridicaucab en Instagram) la instancia ofrece información relevante sobre sus servicios y temas referidos a la prevención de situaciones como, por ejemplo, el acoso escolar o la violencia de género.
Gratuito, imparcial y confidencial
En la sede del Parque Social UCAB, la Clínica Jurídica trabaja de lunes a viernes de 8 a.m. hasta 5 p.m; sin embargo, la atención con estudiantes y docentes está comprendida, de lunes a jueves, de 10 a.m. hasta el mediodía, y en las tardes de 1 a 3 p.m. En la actualidad, la unidad atiende, en promedio, unos 200 casos a la semana.
El Centro mantiene vigentes protocolos contra la Covid-19, tales como uso obligatorio de tapabocas, desinfección y distanciamiento social. De hecho, trabaja con un sistema de citas para evitar aglomeración en sus instalaciones.
Los especialistas atienden casos civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales y de derechos humanos. También se realizan trámites y documentos como cartas de soltería, autorizaciones de viaje, sucesiones y más, aunque -según precisa la página web de Extensión Social UCAB- el centro «solo tiene potestad para atender casos de jurisdicción voluntaria, es decir, que son casos que se resuelven de mutuo acuerdo y no son contenciosos, también se atienden casos contenciosos que se canalizan mediante medios alternativos de resolución de conflictos».
«Nosotros ofrecemos a las personas, que quizás no tienen el soporte económico para pagar honorarios profesionales, acceso a la justicia de manera gratuita, imparcial y confidencial. Queremos que la persona se sienta segura porque aquí lo estamos ayudando a resolver una problemática que sentía que no iba a solucionar. Incluso, que lo haga sabiendo que es un servicio gratuito y de calidad», explicó Meneses, quien es abogada especialista en Derecho de Familia y Niño y docente en esta materia en la Escuela de Derecho de la universidad.
Aunque el servicio fue concebido, principalmente, para atender a los habitantes de las comunidades cercanas a la universidad, Meneses recalcó que está disponible para cualquier persona.
La pandemia, destacó la abogada, permitió alcanzar nuevos horizontes, pues gracias a las telecomunicaciones, llevaron casos fuera del país. Pero inclusive dentro de Venezuela la Clínica Jurídica (que se limitaba antes al área metropolitana de Caracas) llegó a otros estados para atender ciertos casos.
La educación y el diálogo como solución de conflictos
Desde el 2014 la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos de la Clínica Jurídica trabaja por que diferentes situaciones como divorcio, sucesión, convivencia o problemas vecinales se solucionen sin necesidad de la intervención de otros organismos.
«Todo menos la violencia», añadió Marialis Meneses, pues «los crímenes por abuso físico o psicológico no admiten mediación, por lo que esta unidad se abre para aquellos casos donde ambas partes pueden entablar un diálogo para llegar a un acuerdo».
«Se trata de utilizar estos medios alternativos de resolución de conflictos para que eso que está en el campo contencioso se venga al campo de la jurisdicción voluntaria y que se puedan activar nuestros convenios con los tribunales de protección de municipios que, por el elemento de gratuidad y educativo, nos permite de alguna manera aceptar al usuario sin necesidad de acompañamiento o representación por el abogado. Se abre un trabajo entre estudiante, profesor (quien firma, asesora y acompaña al estudiante en su formación profesional) y el usuario. Nosotros acompañamos hasta que el cliente tenga la sentencia», dijo la coordinadora.
Pero también la resolución, y prevención, de conflictos se puede alcanzar de otra manera: a través de la educación. Es por esto que la Unidad de Clínica Jurídica realiza operativos informativos en las comunidades cercanas a la universidad que lo necesiten. «Cultura de paz» es el nombre que recibe uno de los valores fundamentales de la unidad y que, a través de foros, charlas, encuentros, foros virtuales y chats, promueven los profesionales, estudiantes y voluntarios que la integran. Estos encuentros son solicitados por las comunidades y tramitados por Extensión Social.
«Formamos a miembros de las comunidades para que sean multiplicadores de información en su entorno. Ayudarlos a tener conocimientos para que no estén indefensos en el área legal y empoderarlos. Llevamos cuáles son las rutas de atención que tienen, cómo son, adónde pueden acudir. Usted no está solo», puntualizó Meneses.
Asesoría en temas de violencia
Durante la pandemia por covid-19, los casos de violencia doméstica aumentaron. Muchas mujeres y niños quedaron atrapados con su agresor en casa, de modo que la situación se complicó. Entonces, el servicio telemático de la unidad fue útil para estas víctimas.
Sin embargo, recalcó la abogada, la Clínica Jurídica no se encarga de resolver estos casos, pues competen a otras instituciones públicas. Sí, empero, los remite y acompaña en el proceso.
«Aquí hacemos una suerte de triaje: escuchamos la información y redirigimos, de acuerdo al caso, para que hagan la denuncia. Además, activamos a nuestra especialista, una profesora que fue fiscal del Ministerio Público, para que haga el acompañamiento. Y si lo necesita, también contamos con un equipo en la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, s.j. (UPLA) y con organizaciones no gubernamentales (ONG) como Cofavic o Tinta violeta; y, para donde están involucrados niños y adolescentes, tenemos puentes con Cecodap, Fundana y otras entidades de atención. Nosotros hacemos ese primer enlace de comunicación para que la persona llegue a hacer su denuncia y se sienta acompañado».
Los estudiantes de Derecho se preparan en la Clínica Jurídica
Dentro del pensum de estudios de la carrera de Derecho existe la posibilidad, desde el séptimo semestre en adelante, de tomar la materia Clínica Jurídica. En ella los alumnos deben asistir a unidad ubicada en Parque Social para atender casos reales con el apoyo de profesores. «Allí demuestran y ponen a prueba todo lo aprendido en clases», aseguró Meneses. Por otra parte, en este centro los futuros abogados pueden realizar su servicio comunitario y, quienes lo deseen, servir como voluntarios.
Más allá de las obligaciones académicas, señaló la abogada, el desafío recae en hacer que los estudiantes se apasionen por el ejercicio del derecho en Venezuela, particularmente en un país donde, a su juicio, el Estado de derecho es prácticamente inexistente. Junto a este, está el reto de que el estudiante forme parte no solo de firmas o bufetes, sino de instituciones prestas al servicio social.
Finalmente, una vez graduados, los abogados se convierten en puentes que contribuyen a la solución de los problemas. «Los mismos estudiantes que trabajan en organismos públicos nos facilitan poder llegar a una solución óptima para el usuario. Contar con estudiantes, profesores y las ONG nos hace abrir la puerta, oír y poder remitir, hasta por escrito, circunstancias penales que en Venezuela aumentan cada día más. Aunque no es perfecto, no dejamos que la persona salga sin una respuesta cálida y que le dé tranquilidad y lo encamine. Eso hace la diferencia», concluyó la coordinadora.
♦Texto: Grace Lafontant León/Fotos: Manuel Sardá, Christian Lazo y Carlos Miliani