El martes 17 de septiembre, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales bautizó el libro La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela, en un acto encabezado por Humberto Romero-Muci, presidente de esa corporación, que contó también con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, Salvador Yannuzzi, Individuo de Número.

La obra, publicada por la Editorial Jurídica Venezolana, obtuvo el Premio «Dr. Carlos Alberto Urbaneja» para tesis de postgrado y para trabajos de ascenso en el escalafón universitario, 2017-2018, que otorga la Academia de Ciencias Políticas. Optaron a ese premio una docena de trabajos.

“Sin hacerse solidario con todas las conclusiones de dicho trabajo, el jurado destaca que constituye un meritorio esfuerzo de investigación que cumple con una sólida estructura metodológica para el análisis sobre un tema relevante y de máxima actualidad jurídica. El trabajo galardonado contiene profusión de reflexiones sobre los orígenes y el tratamiento del derecho comparado en la atribución de responsabilidad penal internacional por los perpetradores de crímenes internacionales en casos de violación de derechos humanos, con especial énfasis en el análisis y la crítica sobre la recepción del Estatuto de Roma en nuestro ordenamiento jurídico”, dice el fallo que se acordó por unanimidad.

La autora, Thairi Moya Sánchez, ya se había ganado con esta tesis su Doctorado en Ciencias, mención Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Moya ha participado como investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB. Como becaria Chevening 2008-2009, estudió la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Nottingham.

 Con motivo de la presentación del libro, de más de 600 páginas, Thairi Moya visitó la nueva sede del CDH para donar a esta biblioteca un par de ejemplares del libro premiado, que aborda aspectos que ella estima de contundente actualidad y que deberían ser asumidos con urgencia por la Asamblea Nacional.

“En mi obra propongo la necesaria modernización de la normativa penal, militar y constitucional para juzgar la comisión de los crímenes cometidos, regulados por el derecho internacional. Esto comienza a través del establecimiento de un sistema de responsabilidades que inicia desde el Poder Ejecutivo hasta alcanzar a todo aquel que participe en la comisión de un crimen internacional. En la obra se repasan los grados de dolo y culpa, así como las autorías y  la participación en la comisión de crímenes internacionales de acuerdo al derecho internacional penal. Para ello, realicé un estudio crítico y comparativo de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales internacionales, así como de los diferentes ordenamientos jurídicos de occidente. Bajo este paraguas se evaluó también la inclusión de  la responsabilidad del superior de iure o de facto civil y militar, el sistema de órdenes, así como la modernización de los manuales y normativa en materia militar, porque inclusive, por ejemplo, el Código Orgánico de Justicia Militar carece de penas para los crímenes cometidos en virtud de lo regulado por los acuerdos de Ginebra del año 1949. A su vez, propongo cómo establecer las responsabilidades de los superiores de todo aquel que sea parte de grupos subversivos y/o de grupos guerrilleros. La finalidad de estas reformas es el necesario fortalecimiento de nuestro ordenamiento jurídico  para que nuestros ciudadanos sean protegidos contra toda forma de violación a sus derechos como de ser víctimas de crímenes internacionales”, explicó Moya en su discurso en el acto en la Academia.

 

Reformar el Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar

Usted llegó a las conclusiones contenidas en el libro en estudios de cuarto nivel. ¿Es posible que estos asuntos se debatan a nivel de pregrado?

«Claro, desde diferentes puntos. Aunque esta es realmente una materia del Derecho Internacional. Me parece que hay un error, que en Venezuela se repite mucho, que es pensar que los asuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) les competen a los abogados penalistas. Para eso se deben dominar los principios del Derecho Internacional Penal –que viene evolucionando desde los juicios de Núremberg– y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora que el libro salió, creo que es más fácil que la gente lo pueda leer y ver las referencias de los temas».

¿De dónde surgió el interés por abordar este enfoque?

«Yo me hice adulta con el chavismo. En 1999 yo todavía no podía votar y me tocó vivir en la universidad con este sistema abusivo. Vi en la UCV las protestas, las violaciones masivas de derechos y la destrucción del Poder Judicial. Ya graduada, hice una pasantía en la Corte IDH, luego paso a ACNUR y se profundiza mi visión de defensa de DDHH. Todo lo que hoy vive Venezuela ya yo lo estaba viendo en la ONU. Luego me doy cuenta de que en el país está pasando algo serio y que no existe normativa que regule toda esta temática, y ahí empiezo a olfatear y se me cruzan los temas. En el libro no me enfoco solo en el Derecho Internacional. Toco también el Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Militar Nacional. En el libro abordo temas subversivos, que tocan la médula».

Viendo, solo por encima, las recomendaciones que hace en el libro sobre las modificaciones legales pendientes, da la impresión de que quienes han cometido crímenes contra los derechos humanos en Venezuela podrían no tener el castigo que merecen si esos cambios no se introducen.

«En Venezuela no existe un sistema de responsabilidades que diga que se hará responsables al Presidente de la República, a los ministros, etc. Este sistema de responsabilidades superiores se ha adoptado en todos los países europeos desde la II Guerra Mundial, donde no excluyen a nadie. Se ha ido enriqueciendo con la constante discusión, la jurisprudencia, la teoría. En Venezuela no existe lo que a nivel internacional se conoce como la responsabilidad del civil, que puede ser pasiva o activa. Lo más parecido que tenemos en Venezuela es la autoría intelectual, pero no tiene una misma pena que aquel que perpetra el crimen. Tampoco hay una clara mención a la autoría por omisión. Es decir, cuando un superior civil, sea este político o de un cuerpo policial, haya permitido la comisión de determinados actos. En el caso de la Justicia Militar lo que me encuentro es algo dantesco, no existe la responsabilidad del superior. Existe una cosa que ni se asemeja a lo que es una responsabilidad de un superior. Eso no existe. El Código de Justicia Militar es de 1918 y no está adaptado a los Convenios de Ginebra, de modo que no hay forma de cómo juzgar a los militares si cometen estos crímenes. Lo que tenemos es un montón de figuras obsoletas, preconvenios de Ginebra y eso ha permanecido así. Tampoco existe aquí el concepto de responsabilidad compartida, que es una responsabilidad que se va adosando, por omisión».

Pero uno escucha, por ejemplo, a diputados advertirle a los miembros de la cúpula militar sobre sus futuros castigos con gran severidad. ¿Están creando falsas expectativas?

«Así es. Yo estoy muy en contra de eso. Al momento, no existe manera de impartir castigo. Se pueden usar figuras análogas, pero no es la misma carga, recibirían un castigo muy aminorado. Para que se configure un delito hacen falta los elementos objetivo y subjetivo. Para todo tipo de delito o crimen –aquí se habla de delito, ni siquiera de crimen– y ese es uno de los grandes vacíos y deudas que tenemos en el Derecho Internacional en Venezuela. Es alarmante. A la hora de juzgar en un marco transicional de Venezuela ¿qué norma se va a aplicar? ¿los convenios de Ginebra? Por ejemplo, uno ve cualquier video de funcionarios del gobierno que dicen: ‘le vamos a caer a palos a los escuálidos…’. Ellos, a los efectos del Derecho Penal ordinario en Venezuela quedarían como simples autores intelectuales. Lo que yo propongo es introducir la figura de la autoría mediata, que es una teoría del jurista alemán Claus Roxin, y dice que esta autoría se da en estructuras de poder bien organizadas, como puede ser el Estado. Aquí también trato el tema de cómo juzgar a todos los grupos subversivos o guerrilleros. Su teoría dice que no importa quién cometa el crimen, desde el que está arriba hasta abajo van a ser juzgados con la misma severidad. Inclusive, el de arriba va a tener una pena mayor que quien comete el crimen, porque quien comete el crimen es solo un elemento dentro de esa maquinaria, de modo que si esa persona se resiste a cometer el crimen, la maquinaria pone a otro y sigue funcionando. Esta es una doctrina bien estructurada para que se pueda juzgar al que está aparentemente remoto a la persona que perpetró el crimen.  Ahora, a nivel internacional se habla también de la coautoría mediata, que es lo que está aplicando la CPI para juzgar crímenes que vienen siendo trazados desde el alto poder, porque ahí meten a todos los que han participado en la comisión de ese crimen».

¿Cuántas leyes o códigos habría que reformar para incluir esos ajustes que propone?

«Hay que reformar el Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar, obligatoriamente. El Código Penal, para alcanzar a todos los civiles de los cuerpos policiales, y el Código Orgánico de Justicia Militar, para que sea aplicado a todos los militares. Aparte de eso, también tenemos el tema de las responsabilidades del superior».

¿Como recomendación prioritaria, qué le sugiere a la Asamblea Nacional que emprenda primero?

«Primeramente la reforma de los códigos. Hay gente que es partidaria de crear un Código de Crímenes Internacionales y eso no es lo que yo estoy proponiendo. A este país no le hacen falta más códigos ni más leyes, lo que hay que hacer es agarrar las leyes actuales y llevarlas a la realidad nacional e internacional que se necesita. Hay que modernizar el Código Penal en la sección de Delitos contra el Derecho Internacional y que allí se empiece a normar todo lo pertinente al Estatuto de Roma y la materia de DDHH. Muchas de las violaciones de derechos humanos se pueden configurar como un crimen internacional. Hay una delgada línea que los separa a ambos, pero es necesaria esa reforma. Yo soy de la idea de que al establecerse este tipo de responsabilidades y fortalecer el sistema nacional, automáticamente se fortalecerá el régimen de protección de DDHH porque ya hay cómo ir contra un funcionario. No únicamente contra quien haya disparado, sino contra quien era el superior que ordenó u omitió. Eso permite ir creando una mentalidad de respeto en los funcionarios que entenderán que se deben a los ciudadanos, porque son responsables».

Se han visto algunas críticas contra la CPI porque, supuestamente, le da largas a abordar el caso de Venezuela. ¿Está de acuerdo?

«No creo que la fiscal de la CPI sea complaciente con el gobierno. Creo que hay un gran desconocimiento de cómo funciona la CPI. Para que la CPI pueda realizar las investigaciones que está llevando a cabo sobre Venezuela se requiere,  obligatoriamente, una Ley de Cooperación. Eso sí lo dice claramente el Estatuto de Roma en su artículo 85, que los Estados parte tienen el deber de adecuar su normativa al Estatuto de Roma. Cómo va a entrar la CPI a Venezuela si el país carece de una estructura de investigación y de enjuiciamiento o carece de la normativa pertinente para desarrollar ese tema. Todavía la CPI podría decir: les voy a permitir que juzguen bajo su normativa penal vigente los crímenes cometidos; pero la CPI no tiene cómo venir a Venezuela porque no hay una ley que lo permita. Ese es un trabajo que debería hacer urgentemente la Asamblea Nacional: crear la Ley de Cooperación con la CPI, que además está en su seno. Es su obligación y no aprovecharon la ausencia del PSUV para aprobarla. La Ley de Cooperación con la CPI es urgente. Tenemos un examen preliminar y estamos en observación  y eso permitirá a la CPI que tenga cómo moverse, cómo contactar con las ONG, eso permitiría que ese examen sea más digerible para la CPI. Ahora hay interés en la CPI, pero en Venezuela nunca hubo preocupación por formar expertos en estos temas. Ahora hay que empezar de cero».

¿Una vez presentado el libro, cuál será la próxima actividad en esta tarea?

«Yo voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un evento en el marco de la conmemoración de sus 60 años. Llamaron a investigadores del mundo para participar con trabajos académicos durante su 173 período de sesiones. Yo postulé y soy la única que va por Venezuela. Se presentaron casi 200 trabajos. Todo esto me ha permitido plantear el crimen de persecución, pero desde otro punto de vista. Lo novedoso de este tema es que la CIDH puede recibir casos de persecución como tal, que es una discriminación agravada de un sector de la población a través de la privación de sus derechos humanos. Se debería ampliar ese contexto porque veo que muchos casos de Venezuela se pueden plantear por allí. La propuesta más específica es que a partir de la persecución –por pertenecer a un determinado grupo social, político, de genero, religioso, etc– desde el poder del Estado se le corta, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que sería el caso en Venezuela en un marco de emergencia humanitaria. Lo novedoso es que se persigue a través de los derechos económicos, sociales y culturales, no solo de los civiles y políticos. Se trate de alimentación, medicinas, entrar a determinados centros educativos, no tener plazas en el poder público. Hablamos de una persecución masiva y esto hace responsable al Estado. Las personas que se vean forzadas a emigrar por la persecución de sus derechos económicos, sociales y culturales para no rendirse al poder del Estado necesitan protección internacional. Por eso, los venezolanos no son simples emigrantes, sino víctimas de un sistema de persecución que los ha llevado a irse. Ese es el tema que voy a llevar a la CIDH».

♦Texto: Elvia Gómez/Fotos: Aura García