La mañana de este lunes 19 de junio, los 11 jóvenes  detenidos arbitrariamente el pasado jueves 15 de junio durante una manifestación pacífica en Puerto Ordaz, fueron trasladados a la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar.

En el grupo se encuentran seis estudiantes ucabistas de la sede de Guayana: Juan Jesús Urbina Segovia y Julio César Ottati Veracierta (cursantes de 4to. semestre de ingeniería civil),  Noel José Jiménez González (4to. semestre de Ingeniería Industrial), Sandino Ernesto León Febres (3er. semestre de Administración y Contaduría), Eliab Samuel Petit Vera (último semestre de Comunicación Social) y Franluis José López Romero (cursante del 2do. semestre de Comunicación Social).

Según reseñó el Correo del Caroní, el juez titular del Tribunal Primero de Control del estado Bolívar, Carlos Oronoz, dictó medida privativa de libertad a los jóvenes a pesar de que la Fiscalía solicitó que fueran juzgados en libertad con fiadores y bajo régimen de presentación.

Durante la audiencia, se fijó como sitio de reclusión el Destacamento 625 de la Guardia Nacional. Sin embargo, en la noche del domingo llegaron al Destacamento las boletas de traslado al mencionado centro de reclusión.

Estudiantes de la UCAB Guayana realizaron una asamblea en la sede de la universidad en la que acordaron movilizarse hasta el Palacio de Justicia de la región. Allí realizaron un plantón acompañados por miembros de la sociedad civil para protestar contra el traslado ilegal al centro penitenciario de los jóvenes y exigir su liberación inmediata.

A través de su cuenta de Twitter, Ezequiel Monsalve, coordinador regional de la ONG Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar, informó que abogados de esta organización entregaron ante el Ministerio Público solicitudes de revisión de las medidas privativas de libertad.

El Foro Penal destacó que los fiscales públicos han solicitado medidas responsables en los casos de los detenidos, pero los jueces han usurpado funciones.

La UCAB difundió un comunicado de «absoluto rechazo» a la decisión del Tribunal Primero de Control del estado Bolívar de dictar medida privativa de libertad contra los seis estudiantes ucabistas.

En el texto se destaca que garantías esenciales del Estado de Derecho, como la inviolabilidad de la libertad personal y el derecho al debido proceso, fueron violentadas por la administración de justicia.

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