La pérdida de libertades puede ser un proceso gradual aunque difícilmente sea indoloro y pase inadvertido. La construcción del tejido legal sobre la que el gobierno venezolano ha ido dando estructura a su proyecto de hegemonía comunicacional es un ejemplo claro de cómo un cúmulo de decisiones políticas y jurídicas puede, ladrillo a ladrillo, amurallar la circulación de información y la expresión de opiniones.
Durante las últimas dos décadas, el trabajo de investigación de Marcelino Bisbal, junto con el de otros teóricos y analistas, ha contribuido a que hoy en día contemos con un minucioso seguimiento de cómo se han ido colocando los engranajes de lo que hoy luce como un complejo sistema de coerción. Uno de sus más recientes aportes, el texto titulado Autoritarismo comunicacional, dimensiones del control, que analiza los dos primeros años del gobierno de Nicolás Maduro, fue reconocido con el segundo lugar en los premios de investigación otorgados al personal académico por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la UCAB.
Bisbal, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, con una vasta experiencia docente y de investigación tanto en la UCV como en la UCAB, explica que el texto nació originalmente a petición de la editorial Libros El Nacional, que le pidió que diera continuidad a los estudios que ya se habían hecho sobre la evolución de las comunicaciones durante los años de gobierno de Hugo Chávez. De allí que el investigador recalque que la obra premiada viene a ser una heredera de esos otros trabajos, incluyendo algunos en los que fungió como coautor o complilador, como Hegemonía y control comunicacional, del año 2006 y Saldo en rojo, del año 2013, además de otros títulos como Hugo Chávez: la presidencia mediática, de Andrés Cañizález, y Cerco rojo, de Óscar Lucien.
Señala que Autoritarismo comunicacional, dimensiones del control repasa los cimientos que dejó instituidos el gobierno de Chávez y que posibilitaron el actual manejo gubernamental de las comunicaciones. «¿Cuáles son esas bases? En principio, un conjunto de leyes que empiezan a promulgarse a partir de los sucesos de abril de 2002 y que se hacen realidad a partir de 2004. Principalmente son tres, la primera es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que luego en 2010 es modificada por la Asamblea Nacional para incluir además los medios electrónicos, lo que implica que los mismos indicadores de prohibición que se establecen para radio y televisión también regirán para Internet».
El segundo instrumento que recibe Maduro es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que también fue reformada por la Asamblea Nacional a finales de 2010. «Una de las modificaciones más importantes que se le hicieron es la que faculta al Ejecutivo para que él solo, sin consultar con ningún otro poder, pueda suspender todo el servicio de telecomunicaciones de Venezuela. También se estableció que las concesiones para la radio y la televisión no se iban a seguir otorgando por quince años sino que cada cinco años hay que solicitar permiso para renovarlas. Esto tiene una razón eminentemente política y no técnica». A la lista se suma la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, para incluir las figuras de vilipendio e injuria que coercionan directamente el ejercicio periodístico y generan intimidación y autocensura.
Al llegar a la presidencia, Maduro encuentra una infraestructura de medios de comunicación sin precedentes, apunta Bisbal. «En abril de 2013 recibe el mandato con siete televisoras que en dos años lleva a dieciséis y además incrementa el parque de radios comunitarias y alternativas aupadas desde el gobierno». La Comisión Nacional de Telecomunicaciones comienza a jugar un papel en la fiscalización de Internet y redes sociales. «En la actualidad Conatel es una instancia muy poco técnica, es más bien una institución que está ejerciendo espionaje mediante intervención telefónica, de correos electrónicos, de redes sociales, de páginas web».
Maduro avanza en el control social y político de la oposición y de la sociedad venezolana en general, pero lo hace precisamente gracias a lo que ya había hecho el gobierno de Chávez. «Hoy la libertad de expresión y la libertad de comunicarnos entre nosotros están bastante maltrecha. Hay muchísima desconfianza porque no sabemos si nos espían, si nos están grabando. Una pregunta que yo me hago en el libro es cómo programas televisivos como el de Diosdado Cabello pueden acceder a informaciones privadas, cómo pueden reproducir videos de reuniones privadas; y la respuesta es que simplemente porque desde Conatel nos están espiando».
Bisbal pone como otro ejemplo del impacto de este ejercicio de control autoritario, el dato suministrado por la firma Inside Telecom, que llegó a contabilizar el cierre de 1.590 páginas web entre marzo de 2014 y marzo de 2015. «Eran páginas que tocaban el tema político, que resultaban incómodas para el gobierno».
LA SUBORDINACIÓN COMO META
A pesar de que los pasos para el logro de esta restricción de libertades en materia de comunicación parece fruto de un proyecto cuidadosamente ejecutado, Bisbal no comparte la idea de que obedeciera a un plan. «Creo que se fueron dando las circunstancias y en el camino se fueron instrumentando políticas de control. El proceso fue adquiriendo cada vez más poder, más fuerza, apoyado sobre una renta petrolera más que millonaria, que permitía dar muchas prebendas y hacer muchas otras cosas».
Esto incluyó la adquisición de medios tradicionalmente independientes que ahora están subordinados al discurso oficial, en algunos casos luego de su venta a nuevos dueños. Para los medios impresos se han hecho inaccesibles el papel y los insumos de producción y los medios radioeléctricos sufren el manejo político del otorgamiento de las concesiones. Al panorama restrictivo se añade el control que ejerce Cantv sobre el flujo de información a través de Internet.
Como consecuencia, la desinformación puede convertirse en una moneda cada vez más común. Se hace evidente también una creciente brecha entre pequeños sectores con cierto poder adquisitivo y capacidad para acceder a medios con contenidos más abiertos y un importante porcentaje de la población que debe consumir solamente los contenidos oficiales. A menos que haya un cambio político, advierte Bisbal, el futuro depara lo que los expertos han denominado un régimen de comunicación mixto inauténtico, con un sector gubernamental o público que será mayoritario, dominante, “y un sector privado que estará cada vez más reducido a porciones muy pequeñas y marginales”.
♦ Marielba Núñez