La república no es ni más ni menos que una cosa pública. Le pertenece a todos, a los ciudadanos. No es propiedad de nadie en particular, es propiedad de todos. La república tiene mucho que ver con aquello que la sociedad griega denominó el Agora, es decir, el lugar en donde los ciudadanos se congregaban, se reunían con sus autoridades para escuchar y ser escuchados. En síntesis: república es una forma de gobierno y Agora, es el foro para dirimir e intercambiar ideas. Términos estrechamente vinculados a los orígenes de la democracia, y esta significa igualdad para todos los ciudadanos, y esa igualdad tiene que ver con el tomar parte en la vida pública, es decir, en la república.
Este breve y muy sintético desarrollo viene a cuento para esclarecer, en la Venezuela de hoy, cómo la vida pública, nuestro participar en las cosas públicas, nuestro derecho a informar y ser informados… ha sido vulnerado a lo largo de todos estos años por una ¿revolución? más militar que nunca. ¿El resultado? Ruinas y escombros; desmoronamiento de la convivencia social; despojo de todo aquello que funciona; establecimiento e institucionalización del resentimiento social como forma de dirimir los problemas; resemantización de las palabras para significar cosas distintas a lo que ellas quieren expresar; la aparición del fundamentalismo, de la intolerancia y del rechazo ante el que piensa distinto al poder; destrucción del quehacer político y de la política como acción en la que los hombres, respetándose por lo que ellos son y por sus ideas, buscan conjuntamente su bien y el bien de los demás… y un largo etcétera que se nos ha venido imponiendo a lo largo de todos estos años. Ya lo escribía Colette Capriles hace unos años (2011):
“Paradójico es que este cuerpo místico se construya sobre un relato de origen republicano que comienza y termina con la figura de Bolívar. Así que se tratará de destruir el republicanismo de Bolívar para convertir al prócer en un manojo de pasiones populares, en un brand de la utopía, apta para mercadear estas pasiones. Bolívar deforme, violado por la mediocridad y las ambiciones de sus secuestradores”
El declive de la ciudadanía
El ciudadano se hace en la medida que logra traspasar la acción del exigir por la de participar en la esfera de lo público. Esto quiere decir que el ciudadano debe interesarse no solo en la cosa política, sino que también debe de participar y se le debe dejar intervenir en el ámbito económico para convertirse en ciudadano económico. Es función del Estado hacer que este principio se cumpla por cuanto los ciudadanos son los primeros afectados por las decisiones económicas que toma el propio Estado y la empresa. Bien lo apunta la filósofa y escritora Adela Cortina cuando nos dice que
“La distinción entre esfera privada y pública, y la adscripción de la primera al mundo empresarial y de la segunda al Estado, es una artimaña ideológica para eludir responsabilidades. Si queremos enfrentarnos a la realidad social tal como es, sin deformaciones ideológicas, queda patente que la sociedad civil tiene con sus actuaciones también repercusiones públicas y es capaz también de universalidad”
En ese sentido, la actuación del Gobierno, a lo largo de todos estos años, ha resultado irresponsable e incapaz de asumir los retos que ofrece, en el presente globalizado, la economía moderna. Así, se ha venido creando, poco a poco y de manera sostenida, un megaestado. Un Estado que controla cada vez más todas las instancias de la economía. En estos 18 años se ha dado un crecimiento inusual dentro de las actividades del Estado. De tal forma, que este se hace presente ya no solo como regulador, sino como productor y empresario a la vez: en el transporte, en las telecomunicaciones, la manufactura, la electricidad, el petróleo, líneas aéreas , en el turismo, en la agricultura y ganadería, en las comunicaciones de masas, en la distribución de alimentos… ¿Resultado? El Estado ha sido incapaz de enfrentar los retos técnicos y sociales que entraña la economía. Los afectados hemos sido los ciudadanos y allí está la realidad del aquí y ahora.
Aforismos de la ciudadanía económica
Veamos algunos datos. En el año 2011, Ediciones IESA publica un libro que lleva por título Gestión en rojo. Evolución de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista (Richard K. Obuchi-coordinador- y las investigadoras Anabella Abadi y Bárbara S. Lira). La investigación nos demuestra, al contrario de lo que han expresado los discursos y los planes gubernamentales, que esa muestra de 16 empresas que fueron intervenidas/expropiadas, confiscadas, nacionalizadas, compradas o que fueron creadas con naciones aliadas o simplemente creadas por el Gobierno han fracasado. Concluyen diciéndonos que “el control estatal de la producción y la planificación central suelen tropezar con algunas dificultades que conducen a problemas típicos de ineficiencia y escasez, como los que caracterizan a la economía venezolana actual”.
El resultado de este trabajo académico es contundente, más allá de las particularidades de cada caso, cuando nos expresan:
“En definitiva, la producción nacional se ha mantenido en descenso, el costo de los bienes se ha incrementado constantemente, se han registrado episodios de escasez de productos y recientemente se han notado caídas en el empleo. Esta realidad contrasta con lo que cada una de las medidas de intervención del Estado en la economía teóricamente pretende lograr. De los resultados negativos, el gobierno nacional culpa enteramente a los sectores productivos privados, utilizando como argumentos las supuestas prácticas especulativas, de acaparamiento y boicot. Sin embargo, a pesar del fuerte control regulatorio, los problemas de la economía parecen agudizarse en una dirección semejante a la que han experimentado otras economías con políticas públicas similares a las de Venezuela”
Después de 6 años de esa publicación, la situación es crítica. Cada vez lo es más. ¿Política de Estado? ¿Ineficiencia e incapacidad? ¿Corrupción y despilfarro? ¿Es el modelo? Creo que es una mezcla de todas ellas.
Pero vengamos ahora al presente. La ONG Transparencia Venezuela, en una investigación acerca del comportamiento económico de las empresas propiedad del Estado llega a parecidas conclusiones del estudio del IESA. Las cifras son demasiadas escandalosas: -entre 2006 y 2010, en apenas cuatro años, 359 empresas fueron expropiadas, es decir 70% del total que ahora posee que son 511; ese 70 por ciento, de las 511, tuvieron pérdidas de 1,29 billones de bolívares según datos oficiales y el monto de las pérdidas superó en 14% el gasto social orientado hacia educación, salud, vivienda y seguridad. A partir de esas cifras Transparencia Venezuela se pregunta: ¿Tiene sentido que el Ejecutivo Nacional deba compensar las pérdidas de las empresas en actividades que no le son propias y sacrifique la calidad y coberturas de los bienes públicos de carácter social?
El des-orden campea por todo el país como sentencia que rige nuestra realidad. Aquello que expresara Hans Magnus Enzensberger, en su más reciente libro Tumulto, podría servir para entender, aunque sea a medias, a este gente y sus acciones: “La ceguera ante las más elementales reglas básicas de la mecánica política es, al igual que la fe milagrera en las doctrinas ideológicas, indicio del carácter cuasi religioso de un movimiento que tiene algún paralelo en el primer socialismo del siglo XIX”.