Según la abogada y profesora de la UCAB, la incomprensión, impunidad y falta de atención del Estado multiplican los casos de violencia de género. La experta cree imprescindible fortalecer la educación sobre el tema entre las propias mujeres
La historiografía mundial muestra cómo las mujeres han luchado para contar con derechos civiles, sociales, políticos y religiosos, así como con igualdad de condiciones y oportunidades de ascenso social. A pesar de los logros alcanzados, la realidad de violencia y minusvalía siguen presentes.
De acuerdo con ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas (es decir, una de cada 3) sufrieron algún tipo de violencia física o sexual en el último año. La cuarentena por la pandemia de Covid-19 está agravando esta situación. «Desde que se desató el brote de Covid-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar», señala la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en un artículo publicado en su página web.
Venezuela no es la excepción. El más reciente informe, presentado el 13 de septiembre de 2021 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), da cuenta de un contexto lleno de desprotección para niñas y mujeres. Además de enfrentar una emergencia humanitaria compleja, que dificulta el acceso a medicamentos, atención sanitaria, comida y trabajo, la ACNUDH señala que «la situación de la violencia de género habría empeorado en 2020, así como la situación de la salud sexual y reproductiva».
Solo en el primer mes de 2021, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 18 asesinatos de mujeres en Venezuela, es decir, uno cada 38 horas. Este número ha seguido en aumento y para los primeros seis meses del año, la ONG reportó un acumulado de 177 asesinatos de mujeres en el territorio nacional y 99 en el extranjero, es decir, uno cada 2o horas.
A propósito de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar todos los 25 de noviembre desde 1993, El Ucabista conversó con Tamara Bechar para conocer un poco más sobre este tema, a la luz de la realidad jurídica y social del país. Bechar es abogada, especialista en Ciencias penales y Criminológicas, jefa de la cátedra de Derecho Procesal Penal II de la UCAB y profesora de la cátedra de Violencia de Género en el Postgrado de Ciencias Penales y Criminológicas de esta universidad,
Desinformación y desprotección
De acuerdo con la Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es entendida como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada«.
Partiendo de esa definición, la profesora de la UCAB advierte que el primer error cometido al hablar de violencia contra la mujer es limitarlo solo al contexto jurídico y no incluir el social. En ese sentido, opina que estudiar el fenómeno en Venezuela “va más allá de la normativa existente o lo establecido en el ordenamiento jurídico” y que “es una constante” sobre la cual se debe ser educar.
“La violencia contra la mujer es una constante. Falta mucho camino por transitar, porque se trata de unos temas culturales y educativos que requieren la superación de paradigmas sexistas y misóginos que existen dentro de la sociedad y la familia venezolana, tanto a nivel particular como a nivel público del Estado y sus instituciones, en cuanto a la manera en que se ve y se valora la mujer”, dijo Bechar.
La jurista explicó que, aunque Venezuela presenta algunos avances desde el punto vista normativo, gracias a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2014), “el reglamento no se ha materializado y el Estado no cuenta con la infraestructura adecuada para apoyar a las mujeres víctimas de violencia”, por lo que -dijo- quienes sufren la violencia son revictimizadas.
“El Estado venezolano ha tratado de dar la impresión de que le importa el tema de violencia de género, cuando en realidad no se da una respuesta adecuada a las víctimas y no me refiero solo a los casos en las que el agresor es una persona influyente, ya sea por razones económicas o políticas, en los cuales no pasará nada. La terrible corrupción va más allá, empaña a todo el sistema administración de justicia, pasando por los órganos de policías, fiscales y jueces. A esto se le suma una poca preparación académica e intelectual de los operadores, que deriva en una revictimización de la mujer por parte de los propios funcionarios, sin importan si estos son hombres o mujeres”, añadió.
Feminicidio: más casos, más impunidad
Debido al incremento de casos de feminicidios registrado por CEPAZ, la abogada destacó que en Venezuela la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no usa ese término, sino “femicidio”, un concepto que, explica, “es usado por el Estado para desligarse de la culpa por acción u omisión”. Aseguró que es necesario distinguir entre feminicidio y homicidio.
“El feminicidio es un delito que requiere la destrucción de una vida humana femenina extrauterina por motivos de género. La sentencia Nro. 104 del 22 de octubre del 2020 utiliza un criterio según el cual no todos los homicidios cometidos en contra de mujeres deben ser considerados violencia femicida. No se trata de invisibilizar la violencia contra las mujeres, por el contrario, se trata de entenderlo mejor. La violencia feminicida está relacionada con la violencia familiar y sexual. La violencia homicida, aunque en su mayoría tiene hombres como víctimas, también toca a las mujeres. Tratar el homicidio de una mujer como un femicidio sin serlo, conllevaría la descontextualización de la protección especial que se le debe a la mujer por el hecho de ser mujer”, dijo.
Bechar indicó que la norma “se queda corta, porque no contempla otras realidades”, ya que solamente considera al hombre como sujeto activo en el delito y a la mujer como sujeto pasivo.
“Es necesario ponerle fin a la impunidad y dictar el reglamento de la Ley. En este sentido, se requiere modificar algunos aspectos y ampliar el campo de aplicación de quienes pueden ser los sujetos activos y pasivos de la violencia de género”, comentó.
EXTENSIÓN SOCIAL UCAB ACTIVÓ LÍNEA TELEFÓNICA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Educación y prevención
Según la docente, la única manera de atacar el problema es mediante la actuación de la sociedad civil organizada y la implementación de campañas de concientización, educación y denuncia.
“Es necesario que exista una voluntad real del Estado, que pase por la preparación de los actores que participan en estos procesos, incluyendo la educación y superación de esquemas culturales atávicos”, sostuvo.
En cuanto a políticas públicas, Bechar explicó que, para atacar este flagelo, es necesario apostar por la educación desde los primeros años de escolaridad como elemento preventivo de violencia de genero.
“La educación es muy importante, y hago énfasis en el tema de educar a las niñas, porque muchas veces las mujeres, en general, por la forma en la que hemos sido educadas, ni siquiera nos damos cuenta de que somos víctimas de algún tipo de agresión de género y damos por sentadas algunas conductas que, en realidad, no deberían ser aceptadas y que llevan a la discriminación y descalificación sistemática de la mujer, de sus actividades y de sus opiniones. La mujer debe entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus propias capacidades”, sentenció la especialista.
Por último, la profesora del Postgrado UCAB destacó la labor que ha hecho la universidad en materia educativa sobre el tema, al incorporar una materia como Violencia de género dentro la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Asimismo, celebró que sea la primera institución en su tipo del país en contar con un protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual, aunque cree que se puede y debe ir más allá, académicamente hablando.
“Si queremos lograr un cambio, solo lo podemos hacer cambiando la mentalidad y, para ello, se requiere de educación. Aplaudo la iniciativa de la universidad en ese sentido, primero al incorporar la materia y después al tener el protocolo que, si bien no distingue entre hombres y mujeres en lo que cualquiera puede ser la víctima y cualquiera puede ser el victimario, le da la importancia que el tema tiene a todo nivel. Creo que la cátedra Violencia contra la mujer debería ser vista como obligatoria para todas las carreras, a fin de que sea una cultura dentro de la cual nos desarrollemos todas las personas que hacemos vida en el país”, concluyó.
♦Texto: Albany Díaz/Fotos: Observatorio Venezolano de Violencia (apertura) y cortesía de Tamara Bechar (interna)