Según el estudio, realizado en Caracas y Guayana, en muchas comunidades las víctimas de delitos recurren a pranes, colectivos o grupos armados para resolver sus conflictos. Las mujeres y niñas tienen más barreras para acceder a sus derechos
El pasado 24 de febrero, fueron presentados los resultados del «Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Venezuela: Experiencias en Caracas y Guayana», estudio cualitativo llevado a cabo por la Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos (CDH), el Centro de Clínica Jurídica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Esta investigación contó con el patrocinio del Fondo canadiense para iniciativas locales.
El trabajo se aproximó, por una parte, a la realidad de la defensa de los derechos constitucionales, a partir de los tipos de conflictos y los mecanismos de resolución, las autoridades reconocidas para resolverlos, las decisiones judiciales con impacto en el acceso a la justicia, las formas de corrupción y el contexto político. La segunda parte se enfocó en el acceso a la justicia que tienen, en particular, las mujeres y niñas, principalmente aquellas que son víctimas de la violencia.
Para el proyecto, los investigadores comenzaron a recolectar datos en el segundo semestre de 2022, con base en entrevistas con miembros de comunidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y abogados litigantes. En los trabajos de campo participaron 13 organizaciones de la sociedad civil, 46 mujeres y 22 hombres, quienes conformaron tres grupos focales para discutir la defensa de derechos y cinco grupos focales de mujeres y niñas en Caracas y Guayana. En total, 27.831 personas conformaron la muestra.
De acuerdo con el estudio, de 53 páginas, en Venezuela se encuentra expandido y operante el fenómeno de la informalización de las estructuras judiciales oficiales. Esto quiere decir que quienes son víctimas de algún delito acuden a sistemas paralelos de justicia (tales como pranes, colectivos o grupos armados irregulares), pues son más cercanos a las comunidades. Con ello, consecuentemente, se habla de pluralismo jurídico en el país.
«Ahí hay un proceso de adaptación porque puedes saber que la ley dice que tienes que ir a la Defensoría de niños, al Ministerio Público o al Consejo de Protección, pero si has ido mil veces y nadie te atiende, nadie te responde o la respuesta es insatisfactoria, tocas la puerta y no pasa nada, entonces la gente termina resolviendo de otra forma», puntualizó la socióloga Carla Serrano, investigadora del IIJ y una de las integrantes del equipo responsable de este proyecto.
Además de estos datos, la investigación -en la que también participaron los abogados Jesús María Casal, María Gabriela Cuevas, María Fernanda Innecco, Aura Janeska Lehmann, Eumelis Moya, María Virginia Alarcón y Juan Berrios Ortigoza- ofreció los siguientes resultados:
- Tanto en Bolívar como en Caracas, el acceso a la justicia en Venezuela «es pésimo, independientemente del género, pero sin dejar de reconocer que existen particularidades agravantes», se lee en el estudio. Además, está «muy viciado y dividido entre quienes tienen recursos económicos y afiliativos (contactos) y aquellos que no los tienen».
- El diagnóstico arrojó que no hay estructuras adecuadas dentro del Estado para atender casos de conflictos en víctimas femeninas. Hay una alta rotación de funcionarios, de los cuales «la mayoría no están sensibilizados ni formados para comprender los procesos psicológicos de mujeres víctimas de violencia». La investigación también señaló que los módulos policiales cercanos a las comunidades tienen «serias deficiencias en la atención de casos».
- El estudio demostró que las personas no cuentan con la formación suficiente sobre la prevención de violencia basada en género (tampoco hay equipos multidisciplinarios de diferentes organismos especializados). Además, se identificó que la confianza hacia el sistema de justicia es bajo, «lo cual conlleva mucho escepticismo y frustración».
- Por otra parte, el informe reveló que en la actualidad hay menos opciones operativas y menos organismos civiles; se mencionó la burocratización de servicios y la conclusión de que «un problema actual es que se han creado sistemas paralelos de tramitación de denuncias como, por ejemplo, la actuación del Ministerio Público a través de redes sociales como Twitter, desnaturalizando los procedimientos establecidos en la ley», se lee en el documento.
Cinco propuestas para mejorar la situación
El equipo investigador, tras señalar las conclusiones del diagnóstico, propuso una serie de recomendaciones:
- Formación ciudadana y para el funcionariado
- Provisión de recursos a servicios de protección (en particular, de órganos receptores de denuncias de situaciones de violencia contra mujeres y niñas)
- Acceso físico a servicios de justicia (en particular, a órganos receptores de denuncias de situaciones de violencia contra mujeres y niñas)
- Servicios de asesoría y acompañamiento
- Procedimientos relativos al acceso a la justicia para la defensa y tutela de los derechos, y protección en caso de violencia contra mujeres y niñas.
«Este incluye el fortalecimiento del sistema de defensa pública, consolidar mecanismos de control que garanticen confidencialidad y no retaliación para los denunciantes. Revisar y eliminar condicionamientos que ralenticen y burocraticen trámites. Crear normativas adecuadas a su contexto. Realizar mesas de trabajo entre instituciones involucradas en temas afines. Y sensibilizar a instituciones conexas al acceso a la justicia sobre las actuaciones debidas», apunta el informe.
Una investigación necesaria
El decano de la Facultad de Derecho, Jesús María Casal, señaló que este estudio es importante, pues profundiza un tema que atañe al país y sus habitantes, y sobre el cual la universidad ha trabajado durante años. Destacó que el informe debería llegar a organizaciones no gubernamentales, investigadores y funcionarios públicos.
«Esta vez, aprovechando una convocatoria del Fondo canadiense para iniciativas locales, enfocamos nuestro estudio en barreras de acceso a la justicia, respecto de niñas o mujeres. Hemos querido considerar el impacto diferenciado de esas barreras sobre los derechos de niñas y mujeres. Hemos incorporado un grupo de investigadores, además incorporamos a UCAB Guayana donde también hay profesionales que trabajan temas de derechos humanos y el acceso a la justicia. Ha dado, pues, un resultado muy provechoso porque allí, utilizando mecanismos como los grupos focales y también investigación documental, se identifican las barreras que está sufriendo la población», sentenció Casal.
Por su parte, la directora del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, Aura Janesky Lehmann, destacó que un pilar fundamental para mejorar las condiciones actuales es la educación, por lo que es importante dar a conocer los derechos y deberes ciudadanos, así como a qué organismos acudir en diferentes casos de violación de derechos. Apuntó que, gracias a trabajos investigativos como este, la información podrá llegar a las personas que más lo requieren. Resaltó el trabajo educativo que adelenta la Clínica Jurídica de la UCAB.
«Nosotros seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora en la Clínica Jurídica. Nos abocamos a escuchar a 60 personas en diferentes grupos focales, gente de la comunidad, abogados litigantes y gente de la sociedad civil, y la presentación de los resultados nos dice, nos corrobora, lo que nosotros vemos todos los días», dijo Janesky.
Janesky invitó a quienes requieran asesoría legal a acercarse al Centro de Clínica Jurídica -ubicado en el Parque Social Manuel Aguirre, frente ala UCAB Montalbán- donde se encuentran instancias de apoyo como la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos, Defensoría de niños, niñas y adolescentes; el Servicio jurídico, el Voluntariado y los servicios de formación. «Nosotros les prestamos el acompañamiento dentro de la medida de nuestras posibilidades», dijo Janesky.
El informe completo del «Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Venezuela: Experiencias en Caracas y Guayana» está disponible, para consulta y descarga, haciendo clic aquí: Diagnóstico sobre acceso a la justicia.
♦Texto: Grace Lafontant León/Fotos: Manuel Sardá
La Unidad de Clínica Jurídica promueve la paz a través del acceso a la justicia