Treinta jueces del Área Metropolitana de Caracas comenzaron dos cursos de 60 horas académicas, diseñados por el Postgrado de Derecho UCAB, que buscan fortalecer la administración de justicia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, y en responsabilidad penal del adolescente
Gracias a una alianza entre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el pasado 30 de octubre comenzaron las actividades académicas de dos programas de actualización profesional dirigidos a jueces con competencia en protección de niños y adolescentes.
En los cursos de 60 horas, diseñados por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UCAB, se forman 19 jueces del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 11 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas.
Durante cinco semanas, los participantes obtendrán conocimientos sobre doctrina de protección integral, instituciones y conflictos familiares, mediación, responsabilidad penal del adolescente, debido proceso, valoración de pruebas y ejecución de decisiones, entre otros temas.
Quienes completen los programas serán certificados por el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) de la UCAB.
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Fortaleciendo el criterio de los jueces
A la sesión inaugural asistieron representantes del Postgrado de Derecho de la UCAB, del CIAP y del TSJ, quienes acompañaron a los jueces que recibirán la formación.
«Los funcionarios judiciales con competencia en materias propias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y del sistema penal de responsabilidad del adolescente requieren una formación de calidad académica con solvencia científica para, así, afrontar de manera exitosa los desafíos procedimentales, analíticos, dogmáticos y éticos que abordan en el desempeño de la significativa y trascendente función pública», afirmó la profesora Ninoska Rodríguez, directora del Postgrado de Derecho de la UCAB.
Por su parte, el magistrado Elías Bittar, primer vicepresidente del TSJ, valoró la alianza financiada por UNICEF para “perfeccionar las prácticas de sustanciación y ejecución” de quienes inician funciones en el sistema judicial de protección.
“Nuestro propósito es afianzar las herramientas de la judicatura para que el interés superior del niño y la doctrina de protección integral tengan expresión concreta en cada procedimiento y en cada resolución (…) No basta con dictar una decisión jurídicamente fundada, es indispensable que sus efectos se traduzcan en respuestas oportunas y en una tutela que alcance verdaderamente a quien la necesita”, expresó.
Asimismo, Carmen Marisela Castro Gilly, presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, destacó que la justicia penal del adolescente “posee una naturaleza especializada y una finalidad socioeducativa” que demanda jueces preparados y comprometidos.
“Administrar justicia cuando se trata de un adolescente implica una responsabilidad que va más allá de la aplicación de una norma; supone comprender que estamos ante una persona en desarrollo cuya dignidad, derechos y posibilidades de transformación deben ser considerados en cada actuación”, apuntó la magistrada, quien es coordinadora de la Comisión Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente.
La profesora Ninoska Rodríguez animó a los jueces a continuar su formación mediante el Programa de Estudios Avanzados (PREA) y la Especialización en Derecho de Familia y el Niño de Postgrado UCAB.
Ya 20 funcionarios del TSJ y del Ministerio Público cursaron estos programas, tras un convenio entre la universidad y la ONG Cecodap, también financiado por UNICEF. El grupo que culminó la especialización se graduará en diciembre de 2026.
♦Texto: Efraín Castillo / Fotos: Luis Pompilio Sánchez (Postgrado Derecho UCAB)
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