El Vicerrectorado de la Extensión Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello manifiesta su absoluto rechazo ante las actuaciones desplegadas por los órganos de seguridad del Estado la noche de este jueves 25 de mayo de 2017, los que en total violación al derecho fundamental del debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional, realizaron detenciones arbitrarias sin el cumplimiento de las garantías y formalidades que de manera expresa establece el referido artículo.
En ese orden, rechazamos la detención arbitraria de nuestros estudiantes de Ingeniería Industrial: Manuel Antonio Tepedino Fernández, de séptimo semestre, y Roger de Jesús Lizardi Casañas,de sexto semestre,quienes fueron aprehendidos ilegalmente en la residencia donde se encontraban, ubicada en el Conjunto Residencial Los Olivos, a las 11 de la noche aproximadamente, y posteriormente trasladados al Destacamento 625 de la Guardia Nacional Bolivariana.
Rechazamos cualquier manipulación de los hechos que pretenden hacer parecer que el ejercicio de derechos civiles y políticos, por parte de los estudiantes, son actuaciones o hechos constitutivos de delito y sean, a su vez, utilizados para dictar medidas privativas de libertad que ordenan la reclusión, cuando los mencionados jóvenes se encontraban en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.
Exigimos a los órganos integrantes del sistema de administración de justicia, así como a los órganos de seguridad del Estado, la inmediata libertad de los estudiantes Manuel Antonio Tepedino Fernández, y Roger de Jesús Lizardi Casañas, y la salvaguarda de su integridad física y moral.
Reiteramos que el respeto de los derechos constitucionales a la libertad, comunicación, libre tránsito y participación política, constituyen los pilares básicos del sistema democrático. Los funcionarios públicos están llamados a respetar y a cumplir las garantías ciudadanas, incurriendo en responsabilidad personal cuando así no lo efectuasen.
Una vez más, la Universidad Católica Andrés Bello levanta su voz exigiendo el respeto a los derechos humanos, el cese a la represión y el respeto al derecho a la manifestación pacífica.
En Puerto Ordaz, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil diecisiete.
