Marielba Núñez
Disfrutar de una vivienda no es solo un justo anhelo de todo venezolano, sino un derecho que debería estar garantizado, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, que además especifica que debería ser «adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias». Sin embargo, la realidad es muy distinta y para millones de ciudadanos es casi imposible poder vivir bajo un techo que califique como digno, adjetivo gastado y devaluado por el uso oficial. De hecho, el déficit de casas, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Inmobiliaria, se calculaba el año pasado en 477.000 solo en el área metropolitana de Caracas y en casi 3 millones en todo el país.
Dentro de este precario paisaje, la construcción de apartamentos como parte del programa social Misión Vivienda emergió como un paliativo para tratar de disminuir la enorme deuda que el Estado ha ido acumulando, especialmente con los estratos más pobres de la población. Aunque para el discurso gubernamental ha sido un logro, es imposible pasar por alto las críticas a la cuestionable calidad de las obras, la deficiente dotación de servicios o la falta de planificación que caracteriza a los complejos que se han multiplicado desde el año 2011 en varias ciudades del país. Más allá de eso, una preocupación central sobre la misión ha sido la frágil condición de adjudicatarios de quienes residen en los conjuntos, que los hace vulnerables, entre otras cosas, a chantajes como los que mostraron su rostro amenazante luego de los resultados del 6 de diciembre.
Es por eso que uno de los principales beneficios de la ley que otorgará títulos de propiedad a los beneficiados por la Misión Vivienda, que discute la Asamblea Nacional, será eliminar cualquier fantasma del temor a perder ese hogar tan difícilmente conseguido y que ello obedezca al capricho del gobernante de turno, a la pretensión de utilizar un derecho como si fuera una dádiva por la cual hay que exigir adhesión incondicional. Como ya recordó en un comunicado la ONG Provea, el derecho humano a la vivienda es mucho más que dar «cuatro paredes y un techo», es también proporcionar la seguridad jurídica que evite irregularidades que ya hemos presenciado, como los desahucios que se ejecutaron durante los llamados Operativos de Liberación del Pueblo.
La iniciativa parlamentaria promete además realizar un censo de los inmuebles que se han entregado y que permitiría poner en claro no solo la cifra real de construcciones, sino saber cuáles son las principales deficiencias de edificaciones que han significado un multimillonario desembolso para el Estado y sobre las que pesan innumerables denuncias sobre la ausencia hasta de los servicios más básicos, como agua o gas. Quitar el manto de opacidad informativa que cubre la Misión Vivienda es otra demanda que los venezolanos queremos ver satisfecha.
