Marielba Núñez

En estos días en los que tantas voces invocan la búsqueda de puntos de encuentro entre los venezolanos, hay un tema que despierta el consenso entre sectores de muy distintas posiciones políticas: el rechazo al decreto 2.248, publicado en la Gaceta Oficial 40.855, con el que el gobierno de Nicolás Maduro creó una zona de desarrollo estratégico especial a la que se le ha endilgado el nombre de Arco Minero del Orinoco. El documento afecta nada menos que 111.843,70 kilómetros cuadrados, un poco más de 12,2 % del territorio venezolano, una superficie mayor que la que ocupan decenas de países del mundo.

Para justificar una intervención de esas dimensiones se ha echado mano de un discurso que no puede menos que recordarnos la leyenda de El Dorado que los indígenas invocaron para tentar a más de un aventurero recién llegado a América en tiempos de la conquista: estamos ante riquísimas minas que albergan oro, diamantes, bauxita, hierro y cobre, para no mencionar el coltán, la codiciada roca azul que demanda la industria electrónica. El gobierno presentó estos anuncios como parte de los motores económicos con los que ofreció superar la crisis que no ha hecho más que agudizarse en los últimos meses. Sin embargo, luego de haber dilapidado la enorme bonanza petrolera de la que el país disfrutó hasta el año 2014, no hay manera de que convenza a nadie de que lo que se obtenga por la explotación de esos recursos estará en buenas manos.

Más allá de esto, preocupan las repercusiones que una explotación minera a gran escala tendría sobre lo que muchos consideran que es la auténtica riqueza del sur de Venezuela. En un documento difundido el pasado 12 de junio, la Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela lo deja muy claro: el decreto olvida por completo que estamos ante una zona que acoge «una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productor de 70 % de la energía eléctrica nacional), así como diversas áreas bajo régimen de Administración Especial, incluyendo parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna silvestre y reservas forestales». No augura nada bueno, advierten, que todo este desarrollo minero se anuncie año y medio después de la eliminación de un plumazo del Ministerio del Ambiente, para sustituirlo por un Ministerio de Ecosocialismo que no ha pasado de ser una entelequia, pues solo ha servido para desmantelar todo el bagaje técnico que había sido acumulado por el Estado. La reciente decisión de Maduro de crear un Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico no parece tener nada que ver con una sincera preocupación ambiental.

Al impacto que una actividad extractiva de gran magnitud tendría sobre el ecosistema se añaden las consecuencias que acarrearía para las comunidades indígenas, que, por otra parte, como recalca también el documento de la red ARA, no fueron consultadas antes de la aprobación de un proyecto para el que se convocaron, en cambio, a representantes de más 150 empresas extranjeras.

Múltiples voces han solicitado la derogación del decreto que creó el arco minero, como único camino para atajar lo que ya se avizora como un desastre. La Asamblea Nacional acaba de aprobar un acuerdo que lo desconoce y que por lo tanto niega al Ejecutivo la autorización para negociar los yacimientos que se encuentran en ese territorio. Lo que sigue en juego es nada menos que la definición de cuál será nuestro futuro: una relación responsable con nuestro entorno o una mítica promesa que puede desvanecerse en poco tiempo.