Marialis Meneses, directora de la Clínica Jurídica de la UCAB, explica los objetivos de la Red CJ+, iniciativa interuniversitaria pionera en Venezuela que busca orientar y acompañar en materia legal a los afectados por los terremotos. La abogada propone al Estado constituir mesas de trabajo que aborden la tarea por fases y áreas, incluyendo la reconstrucción del tejido social

Pasado poco más de un mes desde el doble sismo que sacudió la zona centro norte costera de Venezuela, distintas instancias del Estado se encuentran en el levantamiento de información, luego de superada la primera fase de emergencia.

El alcance de las afectaciones —humanas, materiales, económicas y emocionales— se sigue cuantificando y calibrando. Es en este contexto en el que la abogada Marialis Meneses aspira a que la inesperada tragedia sirva como acicate para desarrollar un plan que se había concebido antes del 24 de junio, pero que ahora luce más urgente, necesario y oportuno.

Meneses es egresada de la UCAB y dirige, desde mayo de 2025, la Clínica Jurídica «Luis María Olaso, S.J.» de la Facultad de Derecho, servicio de asesoría legal gratuita que funciona en la sede de la Extensión Social, en el Parque Social «Manuel Aguirre, S.J.», como parte de la cátedra práctica para los estudiantes más avanzados en la carrera.

«Nosotros, a veces, pensamos sólo en los grupos vulnerables, pero hoy en Venezuela todos necesitamos, de alguna manera, una asistencia (…). Lo lamentable de las circunstancias nos enseña que debemos estar ahorita en la vanguardia», afirma Meneses, cuando explica los objetivos y alcances de la Red CJ+, una alianza interuniversitaria para la asistencia jurídica que se concibió como un mecanismo que, entre otras cosas, ofrezca al Estado venezolano y a la ciudadanía un trabajo articulado que dé mayores y mejores frutos que el trabajo individual.

«La aspiración es que nosotros podamos, desde la academia, darles las respuestas a las personas a través de rutas más simples, que hablemos con el Registro Civil, con el SAIME, con el Ministerio Público, etcétera, para avanzar en resultados, porque muchas veces las personas no saben verbalizar o concentrar la idea de su solicitud (…). Para qué consultar a cinco instituciones, si uno de estos aliados en esta red puede captarla y esa persona va a recibir el acompañamiento para la resolución de su problema».

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Red CJ+: asistencia legal directa en las comunidades

Además de la UCAB, la Red CJ+ involucra, según el convenio firmado el 23 de julio pasado, a los profesores y estudiantes de las Facultades de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana, la Universidad Monteávila y la Universidad Santa María.

«Nuestros estudiantes van a dar servicio a las comunidades cada 15 días y la intención también, con este convenio, es tratar de que las universidades podamos distribuirnos las cargas geográficamente para evitarles a los usuarios los traslados», precisa la abogada.

La alianza no está cerrada y admitirá más participantes, incluso de otras especialidades (psicólogos, ingenieros, educadores), dijo Meneses. Esta dinámica permitirá un intercambio de saberes entre profesores y alumnos de distintas universidades entre sí.

La docente estima que esta idea es como una suerte de exportación del modelo de servicio personalizado ucabista, bajo el paraguas de la extensión social universitaria, que permitirá «que podamos brillar todos sin necesidad de apagarle la luz a ninguna de las universidades».

«Se busca darle un crecimiento a la materia, que no sea sólo una práctica profesional, sino que podamos parecernos a modelos que ya hay en universidades internacionales, incluso, con desarrollo tecnológico, con la incorporación de la inteligencia artificial y una aplicación que dinamicen la materia, para ampliar la cátedra que fundó el padre Olaso y que nació como un voluntariado».

Insistió en que, si bien algunas universidades venezolanas ofrecen servicios de clínica jurídica, es la primera vez que se propone un trabajo articulado entre ellas.

La intención, prosigue Meneses, es que mensualmente los coordinadores de cada una de las clínicas jurídicas presenten un reporte consolidado de los casos atendidos y se establezcan metas anuales. El objetivo, entre otros, es educar y orientar al ciudadano necesitado de atención legal y reconstruir el tejido social, todo con apego a los procedimientos previstos en las leyes.

El proyecto es ambicioso y, en el caso de la UCAB, la Clínica Jurídica contará con el apoyo de otras instancias de la Facultad de Derecho, como el Postgrado, el Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.

«Si una persona que ha sufrido una pérdida —del grupo familiar, estructural, económica, de salud, que haya quedado con alguna discapacidad o perdió el trabajo—, si llega al punto en donde debe tener una resolución legal y yo no lo acompaño, ¿qué estoy haciendo? Eso va de la mano con esta idea de trabajar en conjunto porque acá tenemos especialistas en protección, pero otras universidades tienen especialistas de otras áreas —urbanística, penal, etcétera— y podemos hacer un tremendo equipazo para dar resultados superóptimos a todo el que lo requiere».

El proceso de registro para quienes quieran incorporarse a esta red está abierto. Para iniciarlo basta llenar un formulario haciendo clic aquí: 

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Preocupaciones legales surgidas tras los terremotos

Tras los terremotos, el equipo de la Clínica Jurídica se incorporó al despliegue que la UCAB hizo en la zona de desastre en el litoral central, trabajando en sincronía con la Escuela de Psicología, Psicodata Venezuela, la Facultad de Ingeniería, la Dirección de Cultura, la Academia de Gastronomía y el Voluntariado, entre otras instancias movilizadas.

Marialis Meneses asevera que no han tenido constatación de casos de niños, niñas o adolescentes sin el acompañamiento de sus padres o representantes y que notan articulación entre los equipos multidisciplinarios de los organismos del Estado para la atención de diversas situaciones legales en los campamentos transitorios.

No obstante, entre las primeras orientaciones que ofreció la UCAB estuvo la publicación de una guía con una ruta legal de protección para niños, niñas y adolescentes en caso de desastres, con indicaciones según lo previsto en la LOPNNA, como respuesta a rumores alarmantes que circularon en redes sociales.

«Hay un camino establecido, quizás no con las formalidades que corresponden, sino con la emergencia que se está presentando. Nuestra preocupación es que, a mediano o largo plazo, esos procesos queden, por la premura, con una pata coja. Pero hemos exhortado al Ministerio Público, al Consejo de Protección, al Tribunal de Protección y al Tribunal Supremo de Justicia, a incluirnos como un brazo accesorio para darle la mejor atención y acompañamiento al ciudadano».

Un asunto con el que los abogados ucabistas han tenido que lidiar ha sido cómo atender la presunción de muerte en el contexto de esta catástrofe que, según cifras oficiales, ya sumás más de 5.500 fallecidos.

«La presunción de muerte es un procedimiento muy complejo y en Venezuela no estamos preparados para esto. Una de las cosas que nos preocupaba era determinar quién murió primero, quién después, por el tema de las sucesiones».

Por eso, explica la abogada, echaron mano del derecho comparado para conocer cómo habían actuado países con antecedentes de terremotos devastadores, como México o Chile.

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Un maratón jurídico que requiere alianzas con el Estado

Meneses reitera que a medida que avanzan las semanas posteriores a los terremotos se han ido encontrando con situaciones y necesidades distintas por parte de sobrevivientes, damnificados o familiares de los fallecidos, las cuales demandan atención adecuada y respuesta interinstitucional.

«Para mí, esto es un maratón que va por fases y eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones por cada área temática, en lo laboral, en el condominio, en el urbanismo, en la protección, en los adultos mayores, que muchos quedaron solos. Son muchas interrogantes que, a juro y porque sí, tenemos que trabajarlas de la mano con el Estado, porque ellos tienen las políticas públicas y nosotros podemos tener las ideas y las sugerencias para las vías de resolución, que también nos las hemos ido replanteando, porque lo que está en la ley, al momento del trabajo de campo y la acción, vemos que son cosas diferentes. Uno trata de encauzarlo todo dentro de lo jurídico para que no salga algo que pueda verse como ilegítimo o ilegal».

Hasta ahora, un aspecto de la asesoría legal ha llegado hasta la declaración de únicos y universales herederos, cualidad que se le otorga a sobrevivientes de algún fallecido en los sismos que requieran reclamar bienes patrimoniales, pero este trámite debe complementarse con una fase administrativa posterior.

Otra arista que Meneses cree hay que atender el de la propiedad horizontal.Según las cifras oficiales, 190 edificaciones quedaron totalmente destruidas por los sismos y más de 800 tienen afectaciones graves.

La directora de la Clínica Jurídica de la UCAB explica que la ley venezolana es muy clara y prevé que, ante la desaparición de la estructura física, la propiedad del terreno se distribuye entre los propietarios según la alícuota del documento de condominio.

Para quienes hayan perdido sus documentos, indica que deben existir copias en los registros subalternos inmobiliarios. Una de las recomendaciones a los que se encuentren en esta situación es que se organicen.

«Creo que ahorita estamos en la fase del levantamiento de la data que está recogiendo el Estado. Es muy importante que esas juntas de condominios se organicen para hacerle seguimiento a ese registro. ¿Por qué? Porque al no hacerle seguimiento, a los ojos del organismo no le están dando el interés que corresponde».

En esta etapa, la Clínica Jurídica ofrece su acompañamiento y guía para que los afectados concreten el beneficio que el Estado promete. Al mismo tiempo, el equipo de abogados que propone esta Red CJ+ exhorta a los organismos del Estado a aceptar la ayuda que se les ofrece en una zona donde las propias sedes judiciales resultaron afectadas.

«Por el tiempo que implica la reestructuración, por el tiempo que implican los informes técnicos que hay que hacer, el que tengamos menos tribunales significa que se va a recargar al mismo secretario y al mismo juez con 700 causas más. Así no van a salir con la premura que se requiere (…). Nosotros, humildemente, nos acercamos al Estado para decirle que tenemos un equipo con nuestros profesores y estudiantes que pueden ayudar en las redacciones de los escritos, a ofrecer atención individualizada y darle un reimpulso y credibilidad al sistema judicial. Proponemos hacer un trabajo articulado, establecer mesas de trabajo. Ese es el exhorto que hacemos, que sepan que podemos ayudar, ábrannos la puerta. Esa es nuestra expectativa».

♦ Texto: Elvia Gómez / Fotos: Manuel Sardá

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