A 37 años de la aprobación, por parte de la ONU, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las profesoras Carla Serrano Naveda y Gloria Perdomo, adscritas al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCAB, presentan, en un artículo,  un balance sobre los avances, retrocesos y retos de la defensa de los derechos de la infancia en Venezuela, a la luz del trabajo que, durante más de tres décadas, ha desarrollado el IIJ en esta materia. Acá una reseña resumen de este ensayo

Según reseñan las profesoras Carla Serrano y Gloria Perdomo en el artículo «Tejiendo protección integral desde la Academia»,  la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Organización de Naciones Unidas y adoptada por Venezuela en 1990, exigió superar la vieja doctrina de la «situación irregular», «que limitaba la atención de la infancia a la intervención de los ‘menores en situación irregular’, para asumir la doctrina de la protección integral, que reconoce a todos los NNA como sujetos plenos de derechos.»

Relatan que, en 1996, el Congreso de la República encargó al entonces Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) de la UCAB, redactar un anteproyecto mediante consulta democrática con sectores sociales, institucionales y los propios NNA, quienes protagonizaron una histórica movilización en noviembre de 1997, lo que condujo a la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (LOPNA) en 1998.

«La presión social y el trabajo técnico rindieron frutos: el 2 de septiembre de 1998 se sancionó la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA). Un mes después, el 2 de octubre, la ley fue promulgada. La LOPNA no solo desarrollaba la Convención, sino que se anticipaba a la Constitución de 1999, que consagraría los derechos de los NNA y los principios de corresponsabilidad, interés superior y prioridad absoluta».

Agregan las profesores que, durante la vacatio legis, la UCAB formó operadores, asesoró a Ecuador y El Salvador y acompañó el paso de 64 jueces de menores a más de 400 especializados.

El estancamiento y los retrocesos: las reformas de 2007 y 2015

Las profesoras Carla Serrano y Gloria Perdomo refieren en su trabajo que la LOPNA original (vigente en 2000) exigía corresponsabilidad paritaria Estado-sociedad en los Consejos de Derechos.

Sin embargo, indican que la reforma de 2007 centralizó la gestión en un órgano ministerial, excluyó a organizaciones sociales y limitó la participación a los Consejos Comunales —sin reglamento dictado—, abriendo paso al asistencialismo.

«La reforma de 2015, por su parte, modificó el sistema penal de responsabilidad de adolescentes sin resolver el problema medular: quién es la autoridad competente en la materia. Además, aumentó la edad de responsabilidad penal de 12 a 14 años (un avance teórico loable), pero no previó rutas ni fondos para la atención de estos casos. Incrementó los tipos penales y la duración de la privación de libertad de 5 a 10 años, sin claridad sobre las implicaciones en infraestructura y recursos. Y, de manera preocupante, introdujo el delito de terrorismo en la jurisdicción penal adolescente, una motivación que, años después, se evidenció como una herramienta para incurrir en violaciones de derechos humanos, como ocurrió en 2017, 2019 y, masivamente, en julio de 2024», se lee en texto.

La emergencia humanitaria compleja y la deuda con la niñez

De acuerdo con Serrano y Perdomo, desde 2016, la emergencia humanitaria —con pobreza, inseguridad alimentaria, colapso sanitario y
exclusión escolar— ha vulnerado masivamente a millones de NNA dentro y fuera del país.

Sostienen que el Estado ha invisibilizado el Sistema de Protección Integral y omitido políticas prioritarias, como advierte el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ante la falta de datos desagregados, policía especializada, condiciones dignas en centros de internamiento y el alza de la violencia infantil.

«Durante los últimos años no hay políticas, planes e inversiones dirigidas a la protección de NNA ante las distintas formas de violencia y desamparo que afectan a la mayoría de esta población. No se ha institucionalizado el Sistema Rector nacional para la Protección Integral establecido en la LOPNNA, y se incumple el mandato constitucional de garantizar protección integral y especializada a NNA», denuncian.

Desafíos y propuestas: una hoja de ruta desde la academia

Ante este diagnóstico,  las autoras recuerdan que la doctrina de la protección integral de la infancia y la adolescencia «exige un compromiso político y social sostenido». 

Por eso, identifican, como integrantes del IIJ-UCAB, varios desafíos impostergables y propuestas concretas para enfrentarlos, enmarcados en cinco ejes: generar datos confiables por edad, sexo y territorio; fortalecer la formación y asesorar a gobiernos locales para descentralizar la protección; impulsar reformas que restituyan la corresponsabilidad Estado-sociedad, definan la autoridad penal adolescente y frenen la privatización de facto de funciones estatales;  articular el trabajo interdisciplinario e interuniversitario y fomentar la participación activa de NNA.

«La tecnología nos ofrece herramientas para ampliar el alcance de la formación y la divulgación. Pero, sobre todo, es necesario desarrollar capacidades para lograr que los NNA sean oídos en todos los ámbitos de su vida: en las escuelas, en las instituciones y en los programas socioeducativos. Ellos son sujetos de derechos, no objetos de protección», insisten.

Un legado que obliga

Serrano y Perdono califican como «agridulce» el balance de estos años, pero recuerdan que «la academia puede ser un motor de cambio social» y que el trabajo de investigación, formación y acompañamiento realizado en esta materia por el IIJ-UCAB es una prueba que lo confirma.

Por eso, llaman a la sociedad a «asumir el reto de innovar, investigar y promover políticas públicas que respondan a las realidades cambiantes de la infancia venezolana».

«La Convención sobre los Derechos del Niño es un faro que nos guía hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. A 37 años de su aprobación, renovamos nuestro compromiso con su plena vigencia. Porque el desarrollo humano de un país se mide por la calidad con la que garantiza los derechos de todos sus NNA, sin ningún tipo de discriminación. Ese es, y seguirá siendo, nuestro más preciado bien común», concluyen las autoras.

El artículo completo está disponible, para su lectura, haciendo clic en este enlace:

https://elucabista.com/wp-content/uploads/2026/11/Serrano-y-Perdomo-El-Ucabista-37-aniversario-Convencion-Derechos-Nino-nov-2026.pdf

*Ilustraciones: Gemini 


(LEER TAMBIÉN: EDUCACIÓN UCAB DISEÑÓ MODELO PARA ENFRENTAR LA EXCLUSIÓN Y EL REZAGO EDUCATIVOS EN LA PRIMERA INFANCIA)