El economista e investigador del IIES-UCAB advirtió que el pacto energético con Estados Unidos y la  compañía Nabep plantea serias dudas constitucionales, falta de transparencia y conflictos  geopolíticos con otros socios petroleros de Venezuela 

Según voceros oficiales, el acuerdo petrolero recientemente sellado entre Venezuela y Estados Unidos busca impulsar la economía del país.

Pero el pacto enfrenta cuestionamientos legales y políticos que, lejos de ofrecer certezas, profundizan la inseguridad jurídica y comprometen el recurso natural  más importante de la nación. 

A esta conclusión llega el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), Luis Zambrano Sequín.  

El economista explicó que el acuerdo energético se trata de una asociación entre la compañía  North American Blue Energy Partners (Nabep) —liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt— que gestionará las concesiones para explotar 17 pozos petroleros en territorio  venezolano por un periodo de 25 años, y una dependencia del Departamento de Defensa de EE.UU., que asumirá el control de 35% de las acciones.  

«Se trata de una asociación joint venture; dos empresas unidas a todo riesgo», indicó Zambrano, quien aclaró que Nabep y la oficina estadounidense ligada al Pentágono contratarán a las empresas petroleras que ejecutarán la exploración y explotación de los yacimientos de crudo. 

«El dinero de la inversión, que se estima en 100 mil millones de dólares, saldrá de estas empresas  que se contraten; pero no de Estados Unidos ni de Nabep», apuntó. 

El acuerdo y la necesidad de una reforma constitucional 

El también individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales manifestó su  preocupación ante la posibilidad de que el pacto plantee un retorno a la política de concesiones a  empresas extranjeras, vigente hasta la nacionalización de 1975, cuando se estableció que la  reserva y explotación del petróleo le corresponde exclusivamente al Estado venezolano. 

Recordó que este esquema quedó eliminado con la promulgación de la Constitución de 1999. La reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada este 2026 mantiene que el Estado sigue siendo el  único administrador de las reservas de crudo que están en subsuelo del territorio y que ninguna  empresa privada extranjera podrá apropiarse de estos recursos. 

Para Zambrano, este punto debe aclararse porque se podría estar incurriendo en una violación a la  Carta Magna.  

«El gobierno tendría, en todo caso, que aprobar una reforma constitucional para volver a implementar el modelo de concesiones», afirmó el experto, para quien lo ideal sería que Tribunal  Supremo de Justicia evalúe la constitucionalidad de este acuerdo, el cual se firmó en medio de la  vigencia de un Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Económica. 

Poca transparencia «abre la puerta a la corrupción» 

Adicional al tema legal, el profesor Zambrano sostuvo que el gobierno interino enfrenta  cuestionamientos por legitimidad política para comprometer activos por 25 años. «No es el  momento adecuado, en medio de esta inestabilidad política, para que un gobierno deslegitimado  tome decisiones rígidas que comprometan por años el recurso fundamental del país, pues no será  fácil revertirlas», dijo.

El investigador advirtió que la falta de supervisión legislativa para revisar el acuerdo, la ausencia de  licitaciones transparentes y de una contraloría independiente propician la comisión de graves  irregularidades. «El problema es que, si estas negociaciones se dan en un contexto en el que no  hay transparencia ni rendición de cuentas, se abre la puerta a la corrupción». 

Zambrano también alertó que trasladar el control operativo y comercial fuera del país podría  implicar una cesión de soberanía y restar capacidad de decisión al Estado.  

«Esas concesiones deberían otorgarse con mecanismos transparentes y abiertos a la competencia  internacional. Pero resulta alarmante escuchar que el gobierno norteamericano tendrá derecho a  más del 20% de la producción a precio de costo y que, además, decidirá qué empresas petroleras  firmarán los contratos de explotación. Esas no son noticias que apuntan a la legalidad ni a la  transparencia». 

Sin andamiaje institucional, recuperación del sector petrolero seguirá en suspenso

En el plano geopolítico, el conflicto se agrava al solaparse estas concesiones con contratos  vigentes de China y Rusia. Aunque el Gobierno interino aseguró que los intereses de estos países  no se comprometerán, el economista indicó que esta superposición anticipa litigios internacionales  y reclamos de indemnización. 

Además, señaló que la aspiración de Estados Unidos de duplicar la producción de crudo afectará  los compromisos de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),  forzando así una eventual revisión de la permanencia del país en el organismo. 

Ante este panorama, insistió en que las multinacionales difícilmente podrían arriesgar capitales sin un andamiaje institucional firme en Venezuela. Sin garantías ni transparencia, concluyó, la  recuperación del sector petrolero seguirá en suspenso.

«Podemos ver a empresas tratando de  estar presentes para no perder el autobús, pero listas para bajarse antes de asumir demasiado riesgo», destacó. 

♦Texto: Armando Altuve/Fotos: Manuel Sardá (Comunicaciones UCAB)