José Francisco Juárez considera que la reforma a la ley debe equilibrar la cuota de participación y decisión de las instituciones de gestión privada en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y sentar las bases para un modelo que incluya auditorías independientes de calidad, capacitación tecnológica permanente e incentivos estatales para becas e investigaciones en el sector educativo privado
José Francisco Juárez, vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), está convencido de que Venezuela sí necesita una nueva Ley de Universidades. Sin embargo, advierte que la norma no puede responder a una «urgencia coyuntural«, sino a un acuerdo nacional duradero que reemplace el texto de 1970.
Por ello, subraya que una reforma adaptada a los tiempos actuales debe consagrar, entre otros aspectos, auditorías independientes de calidad, capacitación tecnológica e incentivos estatales para la investigación en el sector privado.
Así lo señaló a El Ucabista, como parte de una serie de entrevistas que busca conocer las reflexiones de las autoridades rectorales a propósito de la discusión en marcha para la aprobación de un nuevo instrumento que rija la educación superior en el país.
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«Una normativa por sí misma no tiene sentido si no se cumple»
En principio, el licenciado en Filosofía y doctor en Educación considera clave comprender el recelo expresado por los sectores científicos frente a los intentos de reforma de los últimos 25 años, los cuales, a su juicio, fracasaron por «carecer de una consulta plural«.
Para Juárez, iniciar un debate sin las condiciones democráticas y de estabilidad necesarias supone el riesgo de sustituir la norma actual por una restrictiva e inaplicable.
«Mi preocupación es que sea solo una iniciativa de un grupo pensando que es necesario hacer un cambio porque sí y nos imponemos. Si eso es así, eso no sirve y es preferible no hacer nada«, asevera.
En este sentido, enfatiza que la trascendencia de la legislación no radica en su promulgación, sino en la voluntad de acatarla. «Una normativa por sí misma no tiene sentido si no se cumple, pues la ley vigente se ha violado muchísimas veces«, sostiene.
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Nueva Ley de Universidades debe romper inequidad público-privada
Entre los nudos críticos que la reforma debe resolver, el profesor Juárez menciona la necesidad de corregir las asimetrías en las cuotas de decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), un sesgo que, a su juicio, relega a las instituciones privadas y experimentales frente a las autónomas.
«Esto ha impedido que todas las instituciones asuman las mismas responsabilidades y posibilidades en la toma de decisiones sobre apertura de carreras o creación de instituciones. Esta diferenciación proviene de la realidad de los años 70, cuando existían muy pocas universidades y se introdujo la figura de las universidades experimentales, las cuales carecen de autonomía administrativa, financiera y académica al depender directamente del Ejecutivo. Con el tiempo, las universidades de gestión privada hemos demostrado dictar cátedra y ofrecer un servicio público de igual impacto que cualquier universidad autónoma«, explica.
Paralelamente, Juárez señala que el texto legal debe incorporar la figura de organismos independientes encargados de auditar la calidad, la infraestructura y el nivel investigativo de las instituciones de educación superior.
«Exigir una verdadera carrera académica a los profesores es indispensable para garantizar el nivel intelectual de las instituciones. Si los profesores no presentan trabajos de ascenso ni tienen títulos de postgrado, es una universidad pobre desde el punto de vista intelectual y académico«, remarca la autoridad ucabista.
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Incluir certificaciones intermedias y competencias digitales
El vicerrector académico de la UCAB plantea que en la normativa debe establecerse que la autonomía universitaria no derive en el aislamiento de las dependencias de las casas de estudio.
Por ello, aboga por un modelo de gobernanza que preserve la descentralización y el respeto a cada especialidad, pero garantice una comunicación fluida e interdisciplinaria orientada a la toma de decisiones por consenso.
Asimismo, indica que la renovación legislativa también demanda adaptar las estructuras curriculares a las dinámicas del mercado global y subraya que debe respaldar la implementación de certificaciones intermedias, rutas flexibles de formación (minors y carreras cortas), así como la capacitación continua en competencias digitales e inteligencia artificial en estudiantes y, especialmente, en docentes.
«La capacitación tecnológica no puede quedar a criterio individual, debe ser una política institucional derivada de la norma general. La universidad debe impulsar el desarrollo de competencias digitales, garantizar infraestructura y propiciar espacios para el modelo por competencias. La ley debe incentivar la movilidad e internacionalización académica; es decir, alianzas para doble titulación, clases espejo y cooperación internacional con universidades de prestigio. La universidad no puede permanecer encerrada en sí misma«, enfatiza Juárez.
El profesor enfatiza que la legislación debe garantizar la viabilidad de una educación superior moderna. «La universidad del siglo XXI es una universidad híbrida. Si permanece anquilosada en el pasado sin hacer cambios curriculares ni mirar lo que pasa con la tecnología, está destinada a desaparecer«, resalta.
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«Ninguna educación es gratuita»
Frente al desafío económico que supone el sostenimiento de las casas de estudio privadas, el docente aclara que «ninguna educación es gratuita» y que la diferencia estriba en si la inversión proviene del presupuesto estatal o de la matrícula estudiantil.
Bajo esa premisa, destaca que la gestión financiera de las instituciones no públicas debe ir acompañada de un marcado compromiso social. Precisa que en la UCAB casi el 35 % del alumnado —alrededor de 3.000 jóvenes— recibe algún tipo de apoyo económico para proseguir su formación, a través de becas proporcionales, el sistema de beca-trabajo y alianzas con empresas y fundaciones.
Más allá de los esfuerzos propios de la institución, Juárez cree que la modificación a la Ley de Universidades debe incluir la posibilidad de que el Estado otorgue incentivos financieros para investigación y becas estudiantiles a aquellas universidades privadas que cumplan las exigencias legales.
«Esto aliviaría la carga estatal, aumentaría la transparencia mediante la rendición de cuentas y permitiría educar a un mayor número de ciudadanos«, indica Juárez, al tiempo que recuerda que la UCAB ha presentado propuestas al Ejecutivo para desarrollar proyectos de formación compartida en disciplinas con severo déficit docente nacional, tales como física, química, matemática y educación preescolar.
♦Texto: Armando Altuve/Fotos: Manuel Sardá/Video: Armando Altuve
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