La única universidad jesuita ubicada en sector amazónico es la UCAB Guayana. Por eso, a través de la Dirección de Extensión Social Universitaria (DESU) y el Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida (CIEPV), la institución tiene el compromiso de promover espacios de encuentro y reflexión sobre realidades indígenas, como el conversatorio “Una visión de la Amazonía desde la UCAB Guayana”, que llegó a su cuarta edición el pasado 21 de junio.

Markís Martínez, coordinadora regional de Educación Indígena de Fe y Alegría; José Cañizales, antropólogo, investigador y docente de la UCAB Guayana; y Ana Mercedes Figueroa, especialista en educación intercultural bilingüe y líder del pueblo pemón, fueron los movilizadores de la conversación en el evento organizado por la DESU, con el apoyo del CIEPV, Fe y Alegría y la ONG Causa Amerindia Kiwxi.

Para Fe y Alegría, la educación intercultural bilingüe (español-lengua originaria) es un proceso planificado que promueve el arraigo territorial y cultural, según explicó Markís Martínez. Pero, en la actualidad se ve amenazada por actividades como la minería, que atrae a las comunidades a movilizarse a las minas, lo cual se traduce en una elevadísima deserción escolar, además de una alta rotación de maestros.

En ese sentido, José Cañizales afirmó que “la minería no solamente está acabando con los recursos naturales, también está acabando con la cultura”, pues les quita a los niños indígenas la posibilidad de conocer su propio origen.

“Al desaparecer el idioma, desaparece la cultura” y eso es muy grave porque, mientras “los científicos sabemos clasificar las plantas, los indígenas saben usarlas (…) El conocimiento tradicional y el conocimiento científico deben coexistir”, agregó Cañizales.

Reconocimiento solo en el papel

“La minería no es parte de la cultura indígena”, advirtió Ana Mercedes Figueroa, quien señaló que esta práctica ha traído consecuencias negativas para los pueblos originarios: invasión de territorios, corrupción, consumo de alcohol y sustancias ilícitas, prostitución, enfermedades y asedio de grupos armados.

Las denuncias de las irregularidades se hacen, “pero no hay una mano amiga de parte del Gobierno”. Así, según Figueroa, “estamos muy reconocidos en la Constitución, pero en la práctica es otra cosa”.

Frente a esta situación, una propuesta concreta surgida del conversatorio fue la de implementar un protocolo de denuncia y acompañamiento para las comunidades indígenas, la cual será elevada a la recientemente creada oficina del Centro de Derechos Humanos de la UCAB en el campus Guayana, según expresó la directora de la DESU, María Teresa Sánchez.

“No porque en otros momentos existía anarquía, vamos a aceptarla en este momento. Lo que debemos hacer es luchar por que la institucionalidad se recupere”, recalcó Sánchez.

♦Texto: Karla Guzmán Rodríguez/Fotos: Oscariny Hennig