Funcionarios ocultaron evidencia de tortura

Informe exige al Estado asumir su responsabilidad durante actuación de las instituciones en la represión de las manifestaciones

Funcionarios ocultaron evidencia de tortura

El Centro de Derechos Humanos determinó que durante la represión a las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y julio de 2014 “hubo una práctica deliberada y consciente, desde diferentes órganos del Estado, destinada a ocultar las evidencias de tortura y trato cruel y a obstaculizar la denuncia sobre violaciones al derecho a la integridad personal”.

Así lo informó a través de su informe El ocultamiento de evidencia médica y legal en el marco de manifestaciones y detenciones. En él se destaca además que se incurrió en prácticas ilegales como la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la defensa pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos.

La institución reafirma que el Estado tiene la responsabilidad de investigar de manera pronta e imparcial cuando se presuma que se haya cometido tortura.

El documento destaca la responsabilidad de funcionarios de los órganos de aprehensión, ejecutores de traslados, custodios y demás responsables de centros de detención, defensores públicos, jueces, médicos forenses, profesionales de salud de instalaciones militares y de centros de detención.

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