Una de las peores consecuencias de la crisis política y económica que afecta al país es sin duda el menoscabo al derecho a la educación de calidad, un problema que afecta especialmente a los estudiantes de educación primaria y secundaria.
Los análisis realizados por la organización no gubernamental Observatorio Educativo de Venezuela permiten apreciar hasta qué punto en este periodo este derecho se ha visto perjudicado por toda suerte de obstáculos y políticas erráticas, que se remontan incluso al inicio de las clases, pues por decisión del Ejecutivo se comenzó luego de la fecha prevista, con lo que desde el principio se restaron siete días a los 200 días hábiles con los que debería contar el año escolar según la Ley Orgánica de Educación.
Se trataba, sin embargo, apenas de un abreboca de todas las trabas que las comunidades escolares han tenido que afrontar para tratar de cumplir con sus objetivos. El observatorio destaca entre ellas la incertidumbre que generó la aplicación de una improvisada transformación curricular, que luego tuvo que ser suspendida en medio de severas críticas.
Sin embargo, quizás lo más difícil para las familias ha sido hacer frente a la grave situación alimentaria, que pone en peligro la salud y la nutrición de los más jóvenes y que se ve agravada por la imposibilidad de muchos planteles públicos de garantizar los planes de alimentación con los que el gobierno está comprometido.
Durante los últimos meses, la conflictividad social y política también se sumó como un factor que impidió el normal desenvolvimiento de las clases. Ante ese escenario, lo único que hizo el Ministerio de Educación fue enfatizar la obligatoriedad de la asistencia con un discurso amenazante.
Las frecuentes interrupciones del servicio de transporte, muchas propiciadas por el mismo gobierno, como ocurrió con las ocasionadas por los continuos cierres de las estaciones del Metro, así como la posibilidad de que las escuelas fueran víctimas de los ataques represivos de los cuerpos de seguridad, como sucedió efectivamente en varias oportunidades, se convirtieron en otras graves limitaciones que conspiraron contra el cumplimiento del calendario escolar.
A todo ello hay que sumar ahora la decisión intempestiva del gobierno de dar por finalizadas las actividades estudiantiles el próximo 14 de julio, con la excusa de que la medida es necesaria para cumplir con las disposiciones del Consejo Nacional Electoral para la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, según dice el comunicado enviado a las escuelas el 27 de junio por el ministro Elías Jaua.
Además de que difícilmente se justifica una suspensión de actividades tan larga para realizar un proceso electoral, el anuncio fue hecho con tan poca anticipación que dejó a los centros educativos con muy poco margen de maniobra para garantizar un adecuado cierre de los contenidos.
Lo responsable sería evaluar hasta qué punto este año escolar logró cumplir con sus cometidos y, como señala el observatorio, hacer “una evaluación escuela por escuela del tiempo perdido, para ajustar el calendario escolar, pero ampliándolo para poder recuperarlo y garantizar la calidad y completitud de los aprendizajes”.
Sin embargo, nuevamente, los derechos de las niñas y de los niños quedan de últimos en la lista. Los más afortunados lograrán cursar 133 días de clases, luego de un año escolar difícil y lleno de carencias.
