El pasado mes de julio, el episcopado venezolano llevó a cabo en Caracas su centésima décima segunda Asamblea Ordinaria Plenaria, evento que congregó, durante cinco días, a obispos y sacerdotes de todo el país para analizar la dura realidad nacional y los desafíos que impone a la Iglesia católica en su labor pastoral.
En ese marco, el sacerdote jesuita y vicerrector de extensión de la UCAB Guayana, Arturo Peraza Celis, ofreció una conferencia en la que reflexionó sobre este tema y ofreció su visión, a la luz de su experiencia como abogado, politólogo y especialista en derechos humanos.
Durante la ponencia, Peraza resaltó la necesidad de «consolidar una verdadera sociedad democrática», donde «la violencia pueda ser superada como modelo de relación». También señaló en que los sacerdotes deben trabajar en la construcción de una nueva narrativa en la que la esperanza sea la protagonista y conduzca a los ciudadanos hacia un nuevo modelo de país. «No es el retorno del pasado», insistió.
A continuación, el discurso del padre Arturo Peraza Celis.
Propuesta pastoral frente a la crisis venezolana: una nueva narrativa para la Esperanza
Debo comenzar señalando que hoy en Venezuela se respira un aire de mucha desesperanza, de mucha tristeza y porque no decirlo de cierta resignación que espera en una situación fortuita la salida de este destierro.
Como el pueblo oprimido de Israel la gente llora un profundo lamento. ¿Cómo fue que una tierra que manaba leche y miel se transformó en un yermo? El país más rico y con mayor crecimiento de América Latina se transformó en una sociedad que huye frente a una crisis humanitaria sin precedente.
Cuando Monseñor José Trinidad Fernández me pidió esta conferencia su pregunta fue a la vez clara y compleja ¿Quémás podemos hacer como Iglesia frente a la actual situación? Nuestra Iglesia sí ha hecho y mucho por toda esta situación y debemos agradecer el nivel de compromiso que ha mostrado tanto la Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV) como el Santo Padre y el Vaticano en toda esta historia.
Pero la pregunta sigue vigente. Cómo acompañar este camino. Cómo iluminar en medio de esta noche oscura. Cuál es la esperanza que nos toca brindar.
Permítanme una narrativa usando en parte la estructura que me regala la espiritualidad ignaciana:
A) Principio y Fundamento:
Se nos ha regalado una tierra maravillosa que a pesar de nosotros sigue manando leche y miel. Una tierra generosa con gente noble y buena en su mayoría que ha sabido buscar la paz a pesar de todo. Que aún espera que la salida sea a través de elecciones y no de un acto de fuerza. Esa gente es la que ha evitado que entremos en una espiral tan dura como la que vivió nuestro pueblo hermano de Colombia o España en 1936. No estamos lejos de eso, pero creo honestamente en que nuestra gente evitará ese mal.
A pesar de todo el dolor y la dificultad, veo gente emprendiendo, chicos estudiando, jóvenes luciéndose a nivel internacional, venezolanos dando lo mejor de sí mismos en el extranjero.
Cómo no darle gracias a Dios por el pueblo que les ha confiado pastorear a pesar de sus múltiples limitaciones. Reconocer la oportunidad que Dios sigue abriendo a través de nuestra gente delante de nuestros ojos es necesario para llevar adelante este camino. El Señor sigue caminando con nosotros.
B) El Pecado
Ya desde hace un buen tiempo la CEV entre otros venía alertando que el camino asumido por el régimen no sólo era antidemocrático en términos de su acción política, sino que afectaba seriamente los derechos sociales económicos y culturales de la población.
Los informes presentados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y los presentados por Cáritas iban dando razón de una abrupta caída en las condiciones básicas de nuestra población. Temas como alimentación, salud, servicios públicos, seguridad ciudadana.
En comunicaciones anteriores se hablaba de un grave problema de desinstitucionalización que era progresiva. Pero este proceso de crisis creciente ha dado paso a una realidad aún más dura que podemos definir como colapso. Ese es el cuadro que pinta el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.
Debo señalar que quizás para nosotros lo descrito por la Sra. Bachelet es conocido, materia de experiencia cotidiana y quizás en muchos casos aún más grave de lo que señala el informe. Pero aquí lo importante es el organismo que avala estas conclusiones y el impacto global que el mismo genera.
Los ingresos familiares son insuficientes al punto de dar sólo para cuatro días de comida para una familia por mes.
Los Clap no cubren las necesidades nutricionales elementales. Además se reconoce que hay un uso político de este programa.
El Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informa que 3.7 millones de venezolanos están en situación de desnutrición.
Las familias deben suministrar todos los productos para la atención de los pacientes.
Hay un déficit de 60% en materia de fármacos.
Enfermedades antes controladas y evitables con vacunas han hecho aparición como sarampión y difteria.
Las causas señaladas son: “las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”.
El informe señala que la crisis económica es anterior a las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos por lo que las mismas no son su causa. Señala como causas “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de la infraestructura pública, así como la subinversión” lo que ha afectado el derecho a un nivel adecuado de vida que se evidencia en el deterioro de los servicios básicos como el trasporte público, electricidad, agua y gas natural.
La imagen que brota es la de un Estado fallido, es decir un Estado que ha sido incapaz de proveer lo mínimo indispensable para la subsistencia digna de su población y que tienen graves problemas para lograr esos cometidos mínimos que debe lograr todo Estado moderno. Pero es aún más dramático la presentación de la situación en materia de derechos civiles y políticos pues nos deja la clara sensación de estar ante un Estado criminal: “Durante al menos una década el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
Uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares.
Reconoce la existencia de colectivos armados que ejercen control social en las comunidades apoyados por las fuerzas de seguridad. Se citan las detenciones arbitrarias en las cuales se documentan 135 entre 2014 y 2019. En algunos casos hay desapariciones forzadas.
Se describe en el informe la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Se señala especialmente al Sebin y a la Dgcim.
Se indica especialmente que se documentó casos de violencia sexual y de género sobre mujeres y niñas durante su detención.
Hay una descripción precisa de como actúan las Faes como un escuadrón de la muerte. La cifra del mismo gobierno es espeluznante: 5.287 muertes por resistencia a la autoridad.
Silencio e impunidad por parte de los órganos responsables de sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Criminalización de la oposición a través de leyes ambiguas, uso de la jurisdicción militar, campañas de difamación contra defensores de derechos humanos, hostigamientos, amenazas y detenciones arbitrarias.
Un dato importante es que señala la situación de riesgo de nuestros pueblos indígenas, en particular por la explotación minera promovida por el decreto del Arco Minero del Orinoco. En particular el informe señala lo ocurrido al pueblo Pemón en febrero de este año.