Para Arturo Peraza, la reforma de la ley exige tiempo y consenso. Considera que la normativa debe reducir las trabas administrativas para la creación de carreras y abrir vías para diversificar el financiamiento. «Darles mayores libertades a las instituciones privadas en materia de certificación y reconocimiento de títulos agilizaría procesos como la homologación de estudios en el exterior o la firma de convenios para dobles titulaciones internacionales”, sostiene
El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza, S.J., tiene claro que una nueva Ley de Universidades es necesaria. Sin embargo, advierte que su discusión exige “tiempo y reflexión” para revisar aspectos relacionados con la gobernanza universitaria, la autonomía, la gestión operativa y sostenibilidad de las casas de estudio públicas y privadas.
Peraza habló sobre el tema con El Ucabista, como parte de una serie de entrevistas a las principales autoridades de la institución, orientadas a recoger sus impresiones sobre los lineamientos mínimos que debe tener la nueva legislación que regulará la educación superior en Venezuela.
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La revisión de la ley no puede ser «un trámite apresurado»
Según la autoridad ucabista, la reforma responde a un diagnóstico compartido: el marco legal vigente quedó obsoleto frente al crecimiento del sistema y la aparición de nuevos modelos académicos. Apunta que los vacíos de una norma creada hace más de medio siglo se intentaron llenar con más de un centenar de instructivos, lo que generó “dispersión e incertidumbre jurídica”.
Por ello, considera justificada la actualización de la ley para que, incluso, se ajuste a la esencia de la Constitución vigente desde 1999, «siempre que responda a una revisión estructural y no a un trámite apresurado».
Coincide con otros actores en que un proceso de esta magnitud tiene que recoger las propuestas de docentes, estudiantes, investigadores y empresas, pero cree que el debate no es excluyente ante otros asuntos de la agenda, como las demandas laborales y de recursos operativos planteadas por representantes de la comunidad universitaria nacional.
“Uno puede mascar chicle y caminar”, refiere para argumentar que no existe un momento único para abordar una reforma legal, siempre y cuando la intención genuina sea alcanzar un acuerdo duradero que represente a todo el sector.
“Creo que podemos hacer varias cosas simultáneamente si nos damos el tiempo necesario para que este marco salga por consenso entre los distintos actores del mundo universitario. Eso puede llevar un lapso que, ahorita, es difícil precisar, pero las instituciones asociadas a Averu —Asociación Venezolana de Rectores Universitarios— coincidimos en que se requiere tiempo y reflexión”, sostiene.
El rector de la UCAB admite que, inicialmente, desde el Ministerio se planteó un plazo de mes y medio para discutir el borrador, pero aclara que el propio Ejecutivo ha mostrado apertura para flexibilizar el cronograma.
“Se presentó un documento de trabajo, pero no hay una exigencia rígida de discutirlo en mes y medio, y en eso hay que ser muy claro”, enfatiza.
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Autonomía, Estado docente y universidades privadas
El padre Arturo Peraza afirma que el debate de la nueva Ley de Universidades debe ocuparse del alcance de la autonomía universitaria. Explica que ha existido una tensión entre la visión del modelo educativo anclado al principio del “Estado docente” —contemplada en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación de 2009 y no en la Constitución actual— y el concepto de autonomía universitaria establecido en la Ley de Universidades vigente y blindado en la Carta Magna de 1999.
Para el abogado y politólogo, garantizar que la norma reconozca la facultad de las instituciones de gestionar sus procesos sin injerencias es un elemento medular que debe aplicar no solo a las universidades públicas.
“Creo que distintos actores pensamos que, efectivamente, hay que desplegar esa condición de autonomía universitaria para instituciones autónomas, experimentales y privadas y, luego, establecer rangos o grados distintos; pero el carácter autónomo en los marcos centrales de la enseñanza y el manejo y gestión de los procesos medulares de la universidad es un rasgo muy propio de la educación superior, sin importar el rango, y la Constitución lo reconoce y, por eso, vamos a tratar de que, efectivamente, la nueva legislación lo refleje”, indica.
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Universidades con más libertad operativa
Bajo el paraguas de la autonomía, el rector de la UCAB señala que el instrumento jurídico debe otorgar mayores márgenes de gestión operativa a las instituciones privadas.
“En la ley actual, lo descrito sobre las universidades privadas es apenas un esbozo de lo que realmente han significado las universidades privadas en el desarrollo del marco educativo venezolano. Darles mayores libertades a las instituciones privadas en materia de certificación y reconocimiento de títulos agilizaría procesos de gran interés para el país, como la homologación de estudios en el exterior o la firma de convenios para dobles titulaciones internacionales”.
El también docente de la Facultad de Derecho insiste en que la reforma elimine las «trabas administrativas» que retrasan la aprobación de nuevas carreras, ante los cambios acelerados de la tecnología y el mercado laboral.
“Se requiere mayor flexibilidad para la creación de carreras. El país necesita desarrollarse rápida y eficientemente, y los mecanismos vigentes resultan demasiado lentos para responder al ritmo en que hoy crece el conocimiento en el mundo”.
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Las universidades no pueden depender de un financiamiento único
En materia de sostenibilidad económica, Peraza enfatiza la necesidad de que las instituciones de educación superior diversifiquen sus mecanismos de financiamiento en general. En el caso de las de gestión privada, indica que la meta es que logren «superar” la dependencia del pago de la matrícula de pregrado.
El jesuita sostiene que este objetivo supone “un cierto nivel de creatividad sobre los modelos de financiamiento universitario”, que contempla potenciar los programas de postgrado, resguardar el patrimonio institucional y desarrollar investigaciones aplicadas que resuelvan problemas objetivos para empresas.
Por eso, el rector de la UCAB cree que una nueva normativa debe facilitar la diversificación de ingresos como pilar de la independencia institucional.
“La ley tiene que dar la posibilidad, tanto a las públicas como a las privadas, de poder jugar con estos mecanismos de financiamiento para ser eficientes y autónomas, porque la autonomía financiera es clave”.
En cuanto al financiamiento público, Peraza descarta la posibilidad de transferencias directas del Estado a las universidades privadas. En su lugar, aboga por esquemas de estímulo indirecto, tales como deducciones en el impuesto sobre la renta para quienes financian sus estudios, y la restitución del enfoque descentralizado de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que permitan a las empresas destinar libremente sus tributos a proyectos de investigación.
Texto: Armando Altuve/Fotos y video: Valezka Pérez
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