El Centro de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello ha reactivado sus conocidos servicios de asesoría legal gratuita, ahora mediante la aplicación telefónica WhatsApp así como a través de su dirección de correo electrónico, mientras se prolongue el período de distanciamiento social por el COVID-19 y esté en vigencia el decreto de estado de alarma que restringe las actividades presenciales de la Extensión Social.
La profesora Aura Janesky Lehmann, directora del centro que tiene su sede en el Parque Social “Manuel Aguirre”, frente al campus de la UCAB en Montalbán, informó que están a la disposición la Defensoría de niños, niñas y adolescentes y las asesorías en áreas como divorcios, separación de cuerpos, violencia de género, rectificación de actas, cartas de soltería, autorizaciones de viaje, declaración jurada de no poseer vivienda, títulos supletorios, poderes, curatela, sucesiones y contratos, entre otras.
Los interesados solo tienen que escribir un mensaje planteando el caso y solicitando la asesoría, a través de los números 0424-1797290 y 0424-1808245, o a la dirección: centroclinicajuridicaucab@gmail.com.
Las líneas telefónicas están siendo atendidas por los estudiantes del quinto año de Derecho, de lunes a jueves, entre las 8 y 10 de la mañana, y entre la 1 y 3 de la tarde. Los jóvenes, que hacen sus prácticas jurídicas académicas, reciben de los profesores de guardia las orientaciones que hagan falta, como ha sido el procedimiento habitual.
La reactivación de los servicios se produjo el 27 de abril y, según la directora, esperan aumentar la demanda de solicitudes y alcanzar el promedio de 50 casos diarios que atiende la Clínica Jurídica en su sede.
“Estamos haciendo casi todo lo que hacemos con el servicio habitual, solo tenemos problemas en el caso de la redacción de documentos porque no tenemos cómo hacérselos llegar a los usuarios. Si ponemos a funcionar firmas electrónicas y se los mandamos por correo para que ellos los impriman, resulta que las notarías, los registros y los tribunales están cerrados, no hay manera de canalizar esos casos. Pero, todo lo que requiere redacción de documentos se está haciendo. Hicimos un convenio con la Alcaldía de Baruta, con el Registro que queda en Bello Monte, y nos dijeron que ellos pudieran hacer el enlace en la entrega de los documentos. Estamos adelantando las gestiones con las alcaldías de Libertador y Sucre, de modo que cuando abran los registros las personas ya tengan los documentos que necesitan”.
La profesora Lehmann refirió que las últimas dos semanas se han presentado solicitudes vinculadas a los efectos del COVID-19.
“Además de unos cuantos divorcios, en estos últimos días hemos hecho asesorías en materia de arrendamientos y asuntos laborales, como resultado del decreto que declaró el estado dealarma por el COVID-19, que suspendió los pagos por los inmuebles; y también porque están despidiendo a las personas de sus empleos. Además, hemos tenido unos cuantos casos de problemas de convivencia vecinal y familiar, que se dificulta por esto de que todo el mundo tiene que estar en casa, todo el día. Tenemos más casos de problemas de convivencia de lo normal”.
Consultada sobre el probable aumento de los casos de violencia infantil por la irritabilidad de los parientes producto del confinamiento, lo que ha sido advertido por organizaciones especializadas como CECODAP; Aura Janesky Lehmann dijo tener informaciones extraoficiales de que, efectivamente, se han incrementado los casos de violencia contra los niños, pero a la Clínica Jurídica no se han presentado denuncias graves.
“Hemos tenido casos que se pueden catalogar como violencia contra niños, pero es violencia verbal, cuando se presentan problemas entre familias o vecinos, y los niños se ven afectados. Algunos casos los hemos remitido a las autoridades en Libertador y Miranda, pero no los han atendido, dicen que si el problema no es urgente deben esperar que se levante la cuarentena. Nosotros remitimos unos casos a Fiscalía y les dijeron que no estaban trabajando y que si el problema era muy grave que llamaran al 911. Esto nos hace suponer que la violencia se puede poner peor, porque si en la Fiscalía dicen que el caso no es grave, la víctima puede pensar que mejor es quedarse callada”.
Proyectos con el Voluntariado
El Centro de Clínica Jurídica trabaja en coordinación con la Dirección de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la UCAB en el manejo del Voluntariado ucabista. Con estos equipos de estudiantes, que asumen tareas de cooperación con las comunidades de Antímano, Caricuao y La Vega, se está desarrollando un nuevo proyecto que involucra, además, a los exvoluntarios que ya egresaron de la universidad y que están actuando como captadores de nuevos activistas.
“Hemos reactivado el Voluntariado con un nuevo proyecto en un colegio de La Vega. A raíz del problema que se produjo con el reto del ‘rompe cráneo challenge’, reclutamos a 25 voluntarios que se van a turnar y van a trabajar con esa escuela a través de intercambios y reuniones en Facebook, que es la plataforma que usa esa comunidad. En esos grupos se incluirán a los estudiantes, profesores, padres, representantes y docentes de la Clínica Jurídica para abordar este tipo de casos, que no es acoso escolar sino juegos que implican violencia. Para esto hemos diseñado una campaña en redes sociales. También vamos a abordar los casos de bullying o acoso escolar, que vamos a trabajar con infografías y flyers, para que se identifique con claridad quién es la víctima, quién el victimario, cómo se reconocen, cuáles son las diligencias a seguir cuando se sepa que hay alguien está en esa situación”.
Una de las líneas de trabajo permanente del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB es la violencia de género, que ha sido ampliada más allá de la violencia contra la mujer, como se abordó en las IV Jornadas realizadas a finales de 2019.
“También hemos diseñado una campaña sobre violencia de género y violencia contra la mujer. Nuestra invitación es a que la gente no se quede callada, ponemos teléfonos y correos; pero es insólito, tenemos por vías extraoficiales conocimiento del aumento de la violencia contra la mujer, que con esto del encierro por el COVID-19 parece que es a nivel mundial, pero en los 30 y pico de casos que hemos recibido desde el 27 de abril, ninguno ha sido de violencia contra la mujer”.
Sobre la posibilidad de ofrecer asesoría legal a través de video conferencias, la profesora Lehmann dijo que los asesores están dispuestos, pero la mayoría de quienes solicitan los servicios de Clínica Jurídica carecen de Internet o no tienen conocimiento de estas nuevas plataformas.
Proyecto contra la apatridia
Lehmann recordó que, como parte del convenio suscrito entre la UCAB y ACNUR en enero de este año, el Centro de Clínica Jurídica puso en marcha una campaña presencial en las comunidades, que ha sido suspendida mientras dure la cuarentena, para explicar a los padres que se van del país que no pueden dejar a los niños sin cubrir los extremos legales.
“Como parte de este convenio con ACNUR para combatir la apatridia, les explicamos a los padres que con un simple poder no pueden dejar a los niños con terceros, porque hay que hacer un trámite que toma varios meses para poder dejar a ese niño cubierto legalmente. De lo contrario, se le violan sus derechos a la educación, a la salud y una serie de cosas que requieren la autorización de un representante legal. Estamos haciendo infografías y materiales que se distribuyen en las comunidades a través de la dirección de Proyección y Relaciones Comunitarias y las escuelas. Estamos canalizando todo de forma virtual”.
Sobre la apatridia, el Centro de Clínica Jurídica hizo una especie de manual para orientar a la gente y que sepa identificar cuándo se encuentra en esa situación. Eso se refiere a los casos en los que los niños no son inscritos en el registro.
“En 2018, solo en Área Metropolitana de Caracas hubo 38 mil niños sin partida de nacimiento. Esas cifras son extraoficiales, de 2019 no tenemos datos. En los hospitales, apenas nacen, los niños deberían ser registrados, pero se les acabó el papel de seguridad y por eso el problema persiste y por eso no se les puede expedir la partida de nacimiento. Esos casos los remiten al Registro Civil, allí les dan citas a 90 días, cuando van, siguen sin tener el papel y se vence el lapso que da la ley. Nosotros les redactamos un Documento Motivado para que vayan al Registro y los registren. Todo eso debería facilitarlo el Gobierno, a través del Registro Civil, pero no lo hacen. Los niños sin partida de nacimiento no pueden sacar su pasaporte, y algunos padres se llevan a los niños sin pasaporte y ese niño queda sin nacionalidad y sin protección de ningún estado”.
“Estamos haciendo casi todo lo que hacemos con el servicio habitual, solo tenemos problemas en el caso de la redacción de documentos porque no tenemos cómo hacérselos llegar a los usuarios. Si ponemos a funcionar firmas electrónicas y se los mandamos por correo para que ellos los impriman, resulta que las notarías, los registros y los tribunales están cerrados, no hay manera de canalizar esos casos. Pero, todo lo que requiere redacción de documentos se está haciendo. Hicimos un convenio con la Alcaldía de Baruta, con el Registro que queda en Bello Monte, y nos dijeron que ellos pudieran hacer el enlace en la entrega de los documentos. Estamos adelantando las gestiones con las alcaldías de Libertador y Sucre, de modo que cuando abran los registros las personas ya tengan los documentos que necesitan”.
