El docente, investigador y director de publicaciones de la UCAB reflexiona sobre la estrategia del Gobierno para imponer su hegemonía comunicacional, a partir de su más reciente propósito: restringir los contenidos de las redes sociales

I

Buscando el concepto de delirio nos encontramos con varias significaciones. Estas van desde la psiquiatría y la psicología, pasando por el mundo de la cultura y el arte, hasta llegar a la política y al ejercicio del poder. Una definición estable, como resultado del cruce de muchas, nos dice que “[…] la palabra ha evolucionado hasta significar la creencia de que se sale de la norma establecida por el grupo social”. Se nos refiere también que el delirio “describe una creencia que es falsa, extravagante o derivada de un engaño”. Con el delirio como palabra surgen otros términos que se pueden asociar dependiendo del contexto en el que se describe. Así, por ejemplo, se mencionan: imágenes alucinatorias, conductas disociativas-autistas, trastorno bipolar, apercepción o ilusión, por mencionar tan solo algunas.

¿A qué viene esta discusión?  El proyecto político que gobierna al país desde hace casi veintitrés años tiene una idea fija sobre el mundo de las comunicaciones que raya en el delirio alucinante de suprimir, por todos los medios posibles, la libertad de comunicar a la que tiene derecho todo ciudadano, la de usurpar espacios importantes de privacidad, la de vigilar (nos) al estilo del Gran Hermano descrito por Orwell, la de controlar y manipular las formas de expresión… La excusa es la tan nombrada seguridad de Estado y/o del pueblo al que hay que proteger cual ente minusválido. Se cree desde el Gobierno, y de ahí la idea de la apercepción o ilusión, que es preferible perder grados importantes de libertad para ganar una supuesta seguridad. No estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, sino la seguridad del poder establecido, que no acepta ningún tipo de adversario que haga oposición a sus políticas.

II

Primero fue el Gobierno de Hugo Chávez, y ahora el de Nicolás Maduro, siguiendo las lecciones del difunto, los que le han dado mucha, muchísima importancia, al sector de las comunicaciones en cuanto son un poder, una forma de acción o de actividad poderosa de la que dependen, en estos tiempos de mundialización de las culturas y de las denominadas tecnologías de transmisión, las otras formas de poder: el económico, el político y el coercitivo o militar.

Las comunicaciones son un poder simbólico y cultural, del que proceden acciones simbólicas y, como nos explica el sociólogo francés Pierre  Bourdieu podrían:

«[…]llevar a otros a actuar o responder de determinadas maneras, y dar preferencia a un tipo de acción antes que a otro, para creer o dejar de creer, para afirmar su apoyo a asuntos del Estado o implicarse en una revuelta colectiva».

Nos lo expresaba claramente nuestro querido Antonio Pasquali cuando decía que el Gobierno chavista es el primer gobierno del país que ha comprendido la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades; remataba la idea diciéndonos que era una lástima que hubiese aplicado esa comprensión a la causa equivocada. El escritor Alberto Barrera Tyszka, coincidiendo en esa misma valoración, afirma que “este Gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones”.

Desde esas ideas podemos entender todo el conjunto de leyes, decretos, normas, resoluciones y reglamentos que se han venido dictando a lo largo de esta historia que, de acuerdo con la retórica del tiempo, es nombrada como chavista, socialista y revolucionaria.

El contexto legislativo en el que se mueven los medios, tanto los tradicionales (prensa, radio y televisión) como los nuevos medios ­–que dan origen y sentido al actual ecosistema comunicativo donde lo digital se ha impuesto como determinante en la vida del presente– hace que la libertad de las comunicaciones (libertad de código, de canales y medios, de fuentes, de mensajes y de públicos) sea una tarea de no fácil cumplimiento y concreción. Todo el marco jurídico impuesto para la comunicación e información deprime, en muchos casos anula, la libertad de comunicar que no es más que las posibilidades de expresión y de comunicación de la sociedad, de los ciudadanos.

Con razón se dice, en el campo de los derechos humanos, que el derecho a la comunicación es totalizante, que engloba a los demás derechos y es central para la vida democrática de un país. La Unesco, en 1978, asumía este principio al puntualizar que «la información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el Derecho a la Información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos».

III

 No hay país de la región que cuente con tanta jurisprudencia que regule de manera directa e indirecta al sector de las comunicaciones como el nuestro:

–Ley orgánica de telecomunicaciones (reformada en 2010);

–Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos (se reformula en 2010 para incluir a los medios electrónicos: Internet);

–Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNA) (con dos reformas, una en 2009 y otra en 2015);

–Código penal (reformado en 2005);

–Ley orgánica de contraloría social (esta ley reproduce la llamada Ley del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia que se conoció como la “ley sapo”, retirada al mes de su promulgación);

–Ley constitucional contra el odio o por la convivencia pacífica y la tolerancia (puesta en práctica a partir de los sucesos de 2017. Se le conoce también como la “ley contra el odio”)

Estos instrumentos legales bajo la figura de ley, sin enumerar los decretos y las resoluciones que se van formulando al paso de los acontecimientos, hacen del ejercicio del periodismo, de la libre expresión y del trabajo de los medios, una tarea casi imposible de cumplir. La censura, el hostigamiento tanto verbal como judicial, la intimidación, la intromisión en la generación de contenidos, la expropiación de medios y de equipos, la autocensura, la agresión-amenaza-ataque, las restricciones tanto legales como administrativas, las detenciones e inclusive la muerte mientras se busca o se cubre la información, impiden el ejercicio de la libertad de comunicar en todos los espacios de la sociedad y disminuyen las opciones informativas.

IV

En todo ese marco legal se hace referencia, de manera explícita o entre líneas, al Internet, al conjunto de aplicaciones digitales que surgen desde él, a los servicios web y muy especialmente a las redes sociales. Estas constituyen el caldo de cultivo para censurar y controlar las ventanas de libertad abiertas por el Internet. Ya el presidente Hugo Chávez lo dijo: “Internet no puede ser un territorio libre, donde cada quien haga y diga lo que desee. Tenemos nuestras normas, hay leyes que tienen que cumplirse. Esas páginas no pueden ser libres para decir lo que quieran” (cursivas nuestras). Esas palabras fueron acompañadas inmediatamente por otras declaraciones gubernamentales y, en el mismo tono, de la entonces fiscal general de la República, la señora Luisa Ortega Díaz, quien se refirió a la necesidad de proyectar una ley de regulación de las redes sociales.

En el panorama del presente, en el año 2014, a propósito de las protestas de ese momento, Nicolás Maduro retomó la idea de regular la red. Ahora, en el 2021, vuelve nuevamente: “Las redes sociales las gobierna una oligarquía invisible […] debemos tener autoridad sobre las redes sociales […] ¿qué límites cumplen esas redes?”. Lo ha planteado también la vicepresidenta ejecutivade la República, Delcy Rodríguez: “Vamos a regular las redes sociales […] Esta ley está en gran debate y ayudará a sanar esas expresiones de fascismo”. El propio ministro de Comunicación dice que viene trabajando en un proyecto de ley para regular las redes, que actualizará la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. La diputada y primera vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Iris Varela, ha anunciado que viene una ley del ciberespacio (¿?), una ley para regular las redes sociales y una reforma a la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.

Se trata, como dijimos al principio, de una conducta delirante frente a los medios y ahora, de manera muy especial, frente a la comunicación digital. Ya no se conforman con restringir, en ciertos momentos, el acceso libre a Twitter, Youtube, Facebook, Periscope, Instgram, WhatsApp u otras plataformas de transmisión. Ya no es suficiente provocar caídas o blackouts en las señales de transmisión de información, o producir bloqueos a ciertos y determinados portales. Ahora promueven una ley de las redes sociales.

Podemos decir que es inconstitucional y que atenta contra los artículos 28, 57, 58 y el 337 de la Constitución, pero para el poder se trata de impedir que el ciudadano esté informado sobre lo que sucede en el país o que se exprese a través de las redes. No conocemos la letra del proyecto de ley para regular las redes sociales, pero con las evidencias exhibidas en todo este tiempo no cuesta nada sospechar que se tratará de una ley que terminará de vaciar de contenido nuestro sistema de gobierno democrático.

Sin tener todavía una ley, sabemos por los informes que han venido produciendo organizaciones como Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad-Venezuela (IPYS), Medianálisis y Provea, que la censura y las restricciones a la información digital se han venido acentuando en los últimos años. Por ejemplo, un informe de la ONG Espacio Público, después de ofrecernos datos y testimonios acerca de la situación la libertad de expresión  y los mecanismos utilizados para restringir la circulación de información en Internet por parte del Gobierno, concluye que:

«El avance progresivo de la censura en el país restringe el derecho a estar informado y disminuye las opciones informativas de los ciudadanos. Los controles para limitar el acceso a internet a la población se ha sofisticado con el paso del tiempo. Comenzaron con la promulgación de marcos jurídicos para regular y limitar la actividad en la red de redes, hasta materializarlos a través de bloqueos a portales y sitios de información, los cuales se hicieron de manera esporádica. Sin embargo, se observa un aumento en la frecuencia de los bloqueos, sumado a su sofisticación, que corresponde a la cobertura de situaciones de interés nacional y que involucra las actuaciones de las voces críticas al Gobierno».

Estamos en los albores de un último capítulo al control de la libertad de comunicar. Es imprescindible una regulación legal de esta nueva forma de comunicación, pero en el régimen que nos gobierna la legalidad está cuestionada constitucional, política y socialmente.

El periodista colombiano Darío Restrepo apunta tres principios que son importantes a tener en cuenta frente a lo que este Gobierno quiere y va a aprobar: -Criticar al Estado y sus funcionarios es el significado central de la libertad de expresión; -La libertad de expresión nos define la calidad del sistema democrático: la libertad de expresión es la cancha donde se está jugando la democracia y;-En una sociedad democrática hay pocos derechos tan importantes como el de la libre expresión.

Todos estos principios son despreciados por el Gobierno. Dicho en un lenguaje coloquial, y muy lamentablemente, “se los pasa por el forro de sus narices”.

♦Foto: DW Español