En Venezuela, es poca la información actualizada y validada acerca de la vulnerabilidad de sus habitantes ante el riesgo de una amenaza natural. Sin embargo, profesores de distintas universidades, junto a profesionales destacados en el área de prevención, realizaron estudios que permiten establecer índices de indefensión frente al impacto de un desastre natural.

El estudio más reciente fue realizado por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como parte de la Encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2014 (Encovi) y llevó por nombre Vulnerabilidad ciudadana ante amenazas naturales, coordinado por el profesor del Postgrado de Ingeniería de esta casa de estudios, Ángel Rangel.

Según la Encovi, Venezuela, por sus características climáticas y por su ubicación, se encuentra expuesta al riesgo de inundaciones, tsunamis, incendios, deslizamientos y tormentas. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) establece que el 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, lo cual aumenta a medida que se eleva la cantidad de habitantes y las inversiones en infraestructura en estas localidades.

El último sismo de gran magnitud en el país fue el 29 de julio del año 1967, un terremoto de 6,5 grados en la Escala de Richter, afectó a más de 100 viviendas y dejó 235 muertos y 2 mil heridos.

El profesor Ángel Rangel, quien también fue presidente de Defensa Civil, considera que la cantidad de afectados depende esencialmente de otras variables, por ejemplo: en dónde se encuentre el epicentro del sismo o a qué hora del día. Pero si se pudiese comparar con el sismo del año 67, pues, un fenómeno así en el presente causaría un daño de mayor magnitud y con mayor cantidad de víctimas, ya que actualmente hay mayor cantidad de personas viviendo en peores condiciones, o en condiciones más vulnerables.

 

CIFRAS DE VULNERABILIDAD

En el año 2005, se firmó el Marco de Acción de Hyogo, en Japón, en el cual se acordó que era necesario que los Estados participantes, entre los cuales se encuentra Venezuela, establecieran indicadores y maneras de conocer la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres. Es por esto que se tomó en cuenta y se propuso la realización del estudio de vulnerabilidad. Este estudio tiene la particularidad de que no solo analiza factores sociales, sino que también se toman en cuenta factores económicos y físico-ambientales. La encuesta se hizo en más de 16 estados del país a una población muestra de mil 500 personas.

Entre los datos que arrojó este análisis se encuentra que el 88% de las personas no percibe la amenaza de un riesgo sísmico, el 89% de los casos no dispone de un sistema de alerta ante emergencias y el 93% de las personas desconoce de un plan de evacuación. Además, el 94% de la población no tiene información sobre prevención y actuación ante situaciones de riesgos o desastres naturales. Y, el 63% de las viviendas autoconstruidas no tienen garantía de uso de normas para la construcción y el diseño ante amenazas naturales.

Rangel explica que, aun cuando las personas con índice económico bajo son más vulnerables, no por ello las personas de clase media o clase media alta dejan de serlo. Es decir, una persona cuya vivienda se encuentre ubicada, en el caso de Caracas, en Santa Mónica o Los Palos Grandes, también tiene un índice alto de vulnerabilidad, pues se encuentra en una zona altamente sísmica. Sin embargo, es probable que estas personas posean un seguro de vivienda o un seguro de vida que les permita recuperar parte de los daños. En ese sentido, se necesita más concientización, prevención y esfuerzo para cuidar de la población que cuenta con menos recursos.

 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

La creación de políticas públicas, que contribuyan con la disminución de la vulnerabilidad, la protección y la prevención ante el riesgo de amenazas, forma parte de las obligaciones de los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Sin embargo, en Venezuela no se han hecho los esfuerzos requeridos para concientizar a la población, desde brindar las herramientas técnicas para el diseño de viviendas, construir planes de evacuación, hasta incorporar estos temas en la educación formal.

Según Rangel, la mayoría de las acciones deben tomarse por parte del Estado. A pesar de esto, hay acciones que pueden emprender los propios ciudadanos: evaluar constantemente la infraestructura de las viviendas, buscar asesoría especializada en la comunidad para saber cómo actuar ante un sismo o desastre natural, tomar medidas económicas, como asegurar las viviendas y contar con un seguro de vida. Concientizar a la población sobre el uso de servicios como agua, electricidad, aseo urbano, gas. Además, por supuesto, de contar con una respuesta efectiva por parte del Estado para atender a las personas más afectadas. Es deber de todos los ciudadanos identificar qué lo hace más susceptible.

La prevención es un tema que los ciudadanos y el Estado deben asumir como prioritario. Además con el consenso de las instituciones públicas y privadas.  “Estas políticas se construyen entre todos, con estudios, con evaluaciones, con diagnósticos. Nos ha faltado muchísimo, no solo inversión, sino organización, para hacer que la variable riesgo y las amenazas estén en la consciencia colectiva”, afirma el profesor.

Destaca que se trata de que se convierta en una política de Estado que se mantenga en el tiempo, ya que una de las características que tienen los desastres es que afectan a todos los ciudadanos, no importa el color de piel, la religión, el partido político.

♦ Noor Pérez