Lissette González
En este momento, los profesores de las universidades autónomas se niegan a empezar actividades regulares mientras no se dé respuesta a sus demandas laborales. Después de 7 años con el presupuesto congelado, las universidades no cuentan con recursos para mantener sus laboratorios, bibliotecas o difundir las investigaciones que se realizan. En medio de esta prolongada carencia de recursos suficientes, la producción científica nacional ha disminuido drásticamente en los últimos años, pues cuenta con poco apoyo adicional a la inversión que hacen las propias universidades.
Los estudiantes y la comunidad en general ven con preocupación que un paro pueda prolongarse en el tiempo, pero la discusión imprescindible es: ¿cómo financiar los venezolanos una educación de calidad? Alrededor del mundo hay varios modelos: en Europa la educación superior es pública y su costo es asumido por el estado a través de los impuestos. Las universidades son un bien público porque generan conocimiento, promueven la innovación tecnológica y forman el capital humano necesario para el crecimiento de la economía.
Dentro de este modelo hay gradientes, puesto que el estudiante también recibe beneficios por sus estudios universitarios que se traducirán en mayores ingresos y mejores condiciones de empleo. La respuesta a cuánto debe contribuir el estudiante son muy diversas: desde la gratuidad que existe en Alemania, unos muy bajos costos en las universidades públicas francesas, pago según la renta familiar en Italia o la existencia de matrículas que transfieren al estudiante una parte importante de los costos (con ayudas o créditos para familias de bajo ingreso) en el caso de Inglaterra.
A diferencia de lo anterior, en los Estados Unidos la educación superior funciona como un mercado, donde el estudiante debe pagar el costo de sus estudios universitarios, que pueden ser al menos 60.000 dólares al año. Existen becas y créditos, pero en este país es muy inequitativo el acceso a los estudios superiores por su alto costo y ello comienza a convertirse en un problema por la dificultad para aumentar el nivel educativo promedio de la fuerza de trabajo. La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que se produce en estas instituciones cuenta principalmente con financiamiento privado; no es el estado sino las grandes empresas quien ofrece estos importantes recursos.
La mayoría de los países latinoamericanos basa su educación superior pública en el modelo europeo: financiamiento con fondos públicos y gratuidad para los estudiantes con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, con la excepción de Chile, donde las universidades públicas cobran altas matrículas (lo que ha sido recientemente motivo de protestas juveniles). En estos casos, la educación universitaria se entiende como un derecho, por tanto, el estado tiene la obligación de ofrecer el servicio y cubrir sus costos. Pero al centrar el debate en los derechos de los estudiantes, el debate se aleja de las funciones de la universidad como espacio de investigación, principal motivo estratégico para que se financie con fondos públicos.
Las universidades públicas venezolanas siguen este mismo modelo de gratuidad para el estudiante. Frente a la caída en términos reales de su presupuesto y el estancamiento de los salarios de los docentes, el resultado inicialmente era la disminución de cantidad y calidad de insumos y servicios básicos de apoyo, pero con el incremento de la inflación que golpea de forma drástica los salarios, la pérdida comienza a ser también del capital humano que habían formado las universidades durante lustros. Profesores que se jubilan, cambian de empleo o emigran. Sin ellos, es imposible que la universidad pueda cumplir con sus tareas de investigación y docencia.
En el caso de las universidades privadas, también hay un momento de crisis. Si bien allí se cobra al estudiante una matrícula, los controles del Ministerio de Educación Superior y el bolsillo de las familias golpeado por la inflación, impiden que se pueda cobrar una matrícula suficiente para cubrir los costos reales de la enseñanza universitaria. En definitiva, este panorama genera importantes preguntas: ¿cómo podemos avanzar en el desarrollo del país sin generación de conocimiento?, ¿cómo vamos a financiar las universidades de excelencia que necesitamos?
