El estudio de la violencia y los homicidios por armas de fuego en Venezuela está afectado por la carencia de data reciente y confiable, lo que dificulta la comprensión cabal de la interacción de las variables socioeconómicas presentes. Así lo expresaron los especialistas que participaron en el seminario “El homicidio: riesgo, significación y castigo”, que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCAB, durante los días 21 y 22 de noviembre.
El sociólogo José Luis Fernández-Shaw, miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), señaló que la academia y los especialistas venezolanos tienen una deuda con el país en la producción de conocimientos sobre este fenómeno y propuso que se haga “un gran estudio nacional cualitativo sobre las muertes violentas, con el suficiente rigor científico, plural y sin mezquindades”.
El invitado internacional, Michel Misse, habló sobre las “Variaciones del homicidio intencional e investigación” sobre la base de la experiencia de Brasil. Mencionó que mientras en su país existen indicadores confiables para medir aspectos económicos y educativos en todas las regiones, hay debilidad por parte del Estado al no haber creado un indicador confiable para medir la criminalidad. Misse también abordó el tema de lo que denomina “la construcción social del delito” referido a cómo impacta el prejuicio o cómo se actúa sobre lo que podría suceder, ampliando la sujeción criminal a todos los que coinciden con el estereotipo.
La actividad contó, además del IIJ de la UCAB, con la participación de expertos del Grupo de Investigaciones Criminológicas (GIC) de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Red de Acción contra la Violencia. En total, se debatieron 14 ponencias sobre el homicidio, enfocadas desde cuatro perspectivas: Contexto y tendencias, Situación y moralidad, Estructura y política y Vulnerabilidad y contención.
Todas las conferencias serán publicadas en formato de video en el repositorio institucional Saber UCAB.
El foco en localidades pequeñas
José Luis Fernández-Shaw habló sobre “Lo complejo de la violencia en lo local” y explicó que la correlación entre variables cambia de manera importante cuando cambia el momento y el territorio en el que se las mide. Sugirió constituir “unidades espaciales verdaderamente representativas de la violencia” en Venezuela y detalló los avances que ha hecho en su hipótesis de trabajo que le indican la conveniencia de centrar los estudios en localidades pequeñas, que bien podrían ser los Cuadrantes de Seguridad diseñados por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Insistió en que se debe investigar con mayor profundidad cuál es “la lógica que subyace” en los crímenes violentos en Venezuela, porque “lo que funciona en un contexto no funciona en otro” y mencionó la migración interna como ejemplo. También dijo que la diáspora puede reducir entre 1,4 y 1,6 el índice de homicidios por cada millón de habitantes que deja el territorio.
El miembro de REACIN explicó que la incorporación de los jóvenes al trabajo en algunas regiones es un elemento protector que evita que no se conviertan en víctimas o victimarios –como es el caso de la explotación petrolera de PDVSA en Oriente–, mientras que en otras regiones los expone a la violencia, como la incorporación a la minería extractiva en el estado Bolívar. Presentó un gráfico en el que se ve la coincidencia del aumento de la tasa de homicidios por armas de fuego en el sur del país con el aumento del precio del oro, pero –recalcó– es obvio que la causa de los crímenes no es el precio del mineral sino el establecimiento de economías ilícitas y desinstitucionalizadas.
También habló del fenómeno de bandas criminales muy bien estructuradas en torno a la posesión de armas y la extorsión, que son capaces de desplazarse por el país para imponer sus dictados y causan decesos de más de diez personas en cada incursión. Este es el caso de bandas que operan en los municipios Andrés Bello y La Ceiba del estado Trujillo, con poblaciones pequeñas y donde la economía legal se sostiene en la explotación del plátano, dijo el sociólogo.
Mutación criminal
En su turno, Santiago García y Hugo Hernández expusieron en conjunto el tema “Predictores socioeconómicos del homicidio”, sobre la base de un estudio propio que cruzó la data oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de los años 2011 y 2016, con anuarios del Ministerio Público y “filtraciones” de este despacho, ante la imposibilidad de tener acceso abierto a estadísticas.
García es coordinador de Proyectos de Caracas Mi Convive y Hernández es cofundador de Anova, una consultora en políticas públicas. Según sus análisis hay “predictores” sociales y demográficos, pero aclararon que no es la intención del estudio “intentar probar causalidad”. También comentaron que se está produciendo una “mutación” de la organización criminal.
Uno de los datos más relevantes expuesto en la tercera ponencia del seminario es que la violencia y los homicidios por armas de fuego han bajado en las zonas urbanas y han crecido en los municipios rurales o con menor población y se concentran en 20 localidades de ocho estados. Asocian los investigadores este hecho al desplazamiento de la actividad criminal a la economía ilegal y desinstitucionalizada, como es el caso de las actividades extractivas en Bolívar, el contrabando en la frontera con Colombia y el narcotráfico en los estados Sucre y Anzoátegui.
Otro hallazgo del cruce de datos es que hay mayor cantidad de homicidios en hogares monoparentales, donde las jefas de hogar son mujeres. Sin embargo, en este punto, al momento del debate con el público, José Luis Fernández-Shaw insistió en la necesidad de hacer estudios cualitativos y matizó el dato diciendo que podría “leerse al revés”, de modo que hay más madres que se quedan solas porque en esos municipios más violentos los hombres son más propensos a ser víctimas de homicidios.
García y Hernández acotaron que, efectivamente, las redes de apoyo con las que tradicionalmente contaban las madres solteras en Venezuela se han visto afectadas por la situación económica y la emigración de familiares y amigos.
Otros elementos asociados a la violencia como predictores es vivir en zonas sin servicios públicos, el abandono de la escuela y la juventud de los padres y de las propias víctimas.
