A propósito de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial, la cual se realizará este 10 de enero ante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), El Ucabista entrevistó a Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB (CEPYG), para pulsar su opinión sobre los escenarios que avizora en los próximos días y pedir su visión acerca del papel que deben jugar la Asamblea Nacional y la sociedad civil ante esta coyuntura.
Alarcón explicó que, a la luz de los patrones democráticos y el desconocimiento que numerosos sectores nacionales e internacionales han hecho de los comicios de 2018 en los que fue electo Maduro, su toma de posesión podría ser considerada como inválida, lo que conllevaría una usurpación del cargo.
“El escenario al que nos enfrentamos, a partir del 10 de enero, es que tienes a Maduro juramentándose frente al Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no es lo correcto (lo correcto es que lo haga en la Asamblea Nacional), para un nuevo periodo derivado de una elección que se realizó el 20 de mayo que digamos el sector democrático del país no reconoce como válida y la comunidad internacional democrática tampoco. Al no reconocerse, Maduro no tiene la legitimidad de origen para poder juramentarse como presidente. Entonces allí vienen las posiciones que nosotros hemos escuchado por ahí, hasta de la boca del mismo presidente de la Asamblea Nacional, de que estamos ante una usurpación del cargo del jefe del Ejecutivo. Al producirse esto, la Constitución, es importante tenerlo claro, no resuelve qué se hace con esa usurpación”.
El especialista afirma que, en estos casos, la ley venezolana debe hacer una interpretación de lo que establece la Constitución. Sin embargo, aclara que en la situación política actual del país es difícil aplicar esto, porque las relaciones de poder están desbalanceadas a favor del gobierno y no existe el estado de Derecho.
“Si tú haces una interpretación a la lógica de cuál sería la solución en ese caso, se dice que quien debe ocupar el cargo es el presidente de la Asamblea como presidente del único órgano que es electo válidamente. El tema es que ocupe quien ocupe el cargo, ante la falta del presidente electo, se tienen que convocar a elecciones los próximos 30 días y básicamente no están las condiciones dadas para poder convocar”.
Alarcón plantea que, tras la juramentación del jefe del Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Justicia, pueden presentarse dos grandes escenarios.
“Con esta juramentación se va a tener un gobierno de facto, que no está legitimado en una elección democrática sino un gobierno que ha buscado las maneras para mantenerse por la fuerza. Cuando estás en presencia de esto se presentan dos grandes escenarios:
1.- Un primer gran escenario es de continuidad e implica que los que están gobernando lo sigan haciendo por el uso de la fuerza. Ese escenario lo puedes dividir en dos. ¿De qué depende uno u otro? De quienes gobiernan, porque puede ser una continuidad con los mismos o con otros.
Con los mismos implica que Maduro logra controlar el malestar que se genera después del 10 de enero, todo el rechazo de la comunidad internacional y nacional, las posibles protestas que se susciten, todo lo que de alguna manera pretenda desconocer su presidencia y eso lo coloca en una posición de mantenerse en el poder como lo ha hecho hasta ahora con el uso de la represión.
El escenario de continuidad con otros es que, en caso de que la situación se vuelva inestable por el rechazo y el desconocimiento de Maduro, quienes sostienen en el poder a Maduro decidan que es más fácil quedarse sin él. Si ese escenario se diera, lo que puede ocurrir es un desplazamiento del actual presidente de distintas maneras: renuncia, se enferma o lo sacan por la fuerza. Ese nuevo gobierno que se instala, también de facto sin ser electo, trata de alguna manera de mantenerse en el poder por la misma fuerza o se va a elecciones para legitimarse ellos mismos.
2.- El segundo gran escenario es de transición, que implica que los que están en el gobierno dejan de estarlo y que cambian no solo los actores sino las reglas institucionales con un gobierno democrático. En ese caso, se presentan dos sub-escenarios: uno es una transición tradicional o plena que implica que el grupo que accede al gobierno tiene control sobre toda la situación del país para hacer los cambios que sean necesarios. El segundo es que se produzca una transición controlada, como el caso de España o Chile. Eso implica que habiendo colapsado el gobierno, se llama a elecciones, se instala un nuevo poder ejecutivo y quienes permiten que eso ocurra son quienes controlan las armas y condicionan la entrada del nuevo gobierno, para evitar enjuiciamientos y persecución política de quienes salen.
Los escenarios son dinámicos, no se mantienen estáticos. Si me lo preguntan hoy, el más probable es que haya continuidad con los mismos actores. Que eso cambie va a depender de las dinámicas internas más que de las externas. Si la conflictividad se eleva va a haber más probabilidad de continuidad con otros o una transición”.
El experto en política afirma que, en esta coyuntura, el papel de la nueva directiva de la Asamblea Nacional puede ser fundamental para generar cambios de opinión en la sociedad con respecto al trabajo que ha venido desarrollando este órgano desde el 2015.
“En primer lugar, yo creo que la directiva de la Asamblea Nacional debe estar consciente de que está frente a una situación de hecho y no de derecho, o sea, aquí las normas pasan a segundo plano. Lo que en principio debe hacer es tomar ventaja de su legitimidad de origen, primero para seguir teniendo el apoyo de la comunidad internacional, para poder coordinar presión y, por el otro lado, coordinar lo que es el proceso de oposición en Venezuela. El problema que tienen los diputados es cómo reconstruir su credibilidad, porque han prometido cosas que no han podido hacer. En un primer momento dijeron que el gobierno saldría en pocos meses y no lo pudieron hacer; luego, llamaron a una consulta popular y no pudieron cumplir lo que allí se planteó. Entonces una primera tarea para la AN es gerenciar su crisis de credibilidad y, en ese sentido, yo creo que sus representantes deben moderarse y no comprometerse con algo que no puedan materializar. El parlamento debe centrar sus esfuerzos en eso que realmente puede hacer. Los dipuestados tienen un gran aliado en la comunidad internacional y pueden tener uno en la comunidad nacional democrática, si logran manejarse con un discurso que sea creíble sobre lo que están dispuestos a hacer. Yo creo que no deben generar falsas expectativas. Eso debe ser la primera regla”.
Por otro lado, Alarcón explica que las distintas organizaciones de la sociedad civil deben organizarse para fomentar acciones unitarias y masivas, si desean generar cambios que procuren la democratización del país.
“En el caso de la sociedad civil, en el día 10 y posteriores vamos a ver protestas, declaraciones, expresiones de rechazo hacia el nuevo periodo de Maduro. Pero, por otro lado, creo que todas esas acciones, mientras se mantengan desarticuladas, sueltas aquí y allá, no logran grandes resultados. La gran tarea que tienen los ciudadanos es articularse en un solo movimiento”.
